En Coahuila hay registro de más de 12 mil víctimas derechos de asistencia, ayuda y reparación integral no son cubiertos porque la Comisión de Atención a Víctimas (CEAV) no cuenta con personal ni recursos suficientes.

Por Francisco Rodríguez/ Heridas Abiertas

En Coahuila la atención a víctimas está rebasada. El poco presupuesto y personal especializado son una constante en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que tiene a su cargo dar acompañamiento a las víctimas de algún delito o de una violación grave a sus derechos.

En 2016 cuando esta dependencia fue creada se registraron de manera formal para su atención 130 personas y con corte a 2024 sumaron 12 mil 691 personas inscritas al Registro Estatal de Víctimas, es decir, un incremento de 9,662%.

Dicha cantidad contrasta mucho con el personal asignado para su atención inmediata: 19 abogados, 6 psicólogos y tres trabajadores sociales. El tema de la reparación del daño también es otro pendiente. 

Esta investigación realizada por Semanario y Heridas Abiertas con base en múltiples solicitudes de transparencia, encontró que en 7 años de existencia, el Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral ha tenido aportaciones que suman un total de 4 millones 104 mil 999.23 pesos, una cantidad pequeña si se toma en cuenta el costo individual de algunas reparaciones dependiendo del delito. De hecho, con recursos del Fondo únicamente se han cubierto cinco compensaciones subsidiarias, una figura que contempla la Ley General de Víctimas.

“Una reparación del daño en materia de un homicidio doloso, te va a llevar 500 a 700 mil pesos para un caso, te va a hacer que todo el fondo se vaya. Ya no imaginemos si es una desaparición forzada, tortura, delitos que no se pueden cubrir por parte de la persona”, señala Enrique Martínez Requenes, abogado especialista en materia de derechos humanos.

El fondo no se opera solo, necesita de personal, dice Martínez Requenes. Sin embargo, hay asesores que llevan 200 carpetas y es complejo que se judicialicen y se busque la reparación del daño de las 200.

“Se necesita una cantidad más importante de asesores, personal de las comisiones que den seguimiento a la propia recomendación, que no se quede solo como un papel que le dieron a las familias. Es complejo pensarlo fuera de lo económico”, comenta.

El señalamiento del abogado es certero. La propia CEAV apenas tiene una persona asignada en materia legal para darle seguimiento al fondo, que depende del presupuesto que le asigna el gobierno estatal.

Semanario y Heridas Abiertas buscaron a Ricardo Martínez Loyola, titular de la CEAV en el Estado, para responder a la situación de la comisión frente a los múltiples retos en materia de atención, reparación y capacidad para atender a las víctimas. Pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. 

No hay recurso que alcance

Enrique Martínez Requenes, encargado de litigio y estrategia internacional del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, dice que existe un problema en la CEAV estatal y nacional por el rezago tan grande para brindar la reparación subsidiaria a las víctimas debido a que no tienen fondos suficientes para reparar a todas las personas que tienen alguna sentencia por un delito.

En Coahuila, por ejemplo, de acuerdo con datos del Poder Judicial del Estado, se han dictado 3 mil 808 sentencias desde que entró en vigor la Ley General de Víctimas en 2017, de las cuales en 3 mil 25 se dictó una reparación monetaria que en conjunto suma más de 324.8 millones de pesos.

Sin embargo, la cantidad de reparaciones cubiertas a las víctimas por parte de los perpetradores de los delitos es incierta.

Por ello la Ley General de Víctimas contempla la reparación subsidiaria, es decir, “en lugar de”, explica Lucía Razo, abogada litigante e integrante de la Red de Mujeres de La Laguna. Esta figura significa que si la persona que cometió un delito y a quien se le dictó en la sentencia una reparación del daño, no tiene la capacidad de solventar la reparación, es el Estado quien subsidiariamente tiene que cubrir la reparación. Por ejemplo, en un caso de feminicidio.

“La no capacidad económica de la persona sentenciada, no obstaculiza el derecho a la reparación de la víctima o de las víctimas”, comenta la abogada Lucía Razo.

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La Ley General de Víctimas establece que la compensación subsidiaria a favor de las víctimas de delitos se cubrirá por la Comisión Ejecutiva con cargo a los recursos autorizados para tal fin o con cargo a los Fondos Estatales, los cuales en Coahuila no son suficientes, a pesar de que la Ley de Víctimas del Estado establece en su artículo 116 que el monto del fondo será de por lo menos el 0.014% del gasto programable del Presupuesto de Egresos, es decir que en este 2025, el monto del fondo debería ser de al menos 10 millones de pesos, monto que ni siquiera se ha alcanzado en la suma de siete años.

La investigación completa la pueden leer en este enlace.