
La lucha en defensa del agua lagunera y por la recuperación y preservación del acuífero no es por un esfuerzo gubernamental, sino por la organización de ciudadanos y ciudadanas que, por la vía jurídica, han logrado que se ordene a Conagua y a Semarnat la planeación y ejecución de un plan para frenar la sobreexplotación hídrica que azota a la región.
Gerardo Jiménez, integrante de Encuentro Ciudadano Lagunero y Prodefensa del Nazas, explicó en qué consiste el movimiento "Todos Somos 543" y por qué es importante que la ciudadanía sepa el momento que está viviendo el agua lagunera.
"Varios ciudadanos nos pusimos de acuerdo, conformamos asociaciones civiles para visibilizar el problema que nos afecta a todos. Hace 20 años solo teníamos evidencia de afectados por contaminación de agua por arsénico, pero en el último tiempo ya se ha visto un serio problema de desabasto para la población".
Según el entrevistado, tan solo en 2024 hubo más de 400 manifestaciones de la ciudadanía por problemas de desabasto de agua en sus casas.
"La gente busca la solución por su cuenta, pero la mayor parte de la gente desconoce que la causa principal es la sobreexplotación del acuífero".
Por ello, las organizaciones Prodefensa del Nazas, Encuentro Ciudadano Lagunero y Desarrollo Cardenista para el Campo Lagunero presentaron un amparo que, a posteriori, fue tomado y resuelto por la Corte que, en primera instancia, dejó en claro que la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría del Medio Ambiente fueron omisas en evitar la sobreexplotación del acuífero y, a su vez, les ordenaron que elaboren y ejecuten un proyecto que frene la extracción y recupere la salud hídrica de la región lagunera.
"La Corte resolvió a favor de los ciudadanos, estábamos seguros que lo íbamos a ganar. La información en la que nos basamos era irrefutable, hay demasiadas evidencias científicas, técnicas, en los informes gubernamentales y académicos".
El éxito logrado en la Corte no es suficiente. Los quejosos han encontrado resistencia en las dependencias federales para hacer caso a la orden de un juez federal.
Después de un par de multas, precisamente por hacer caso omiso al mandato de la Corte, finalmente fue anunciado un acuerdo entre Conagua, los quejosos y el Instituto de Geociencias de la UNAM para colaborar en el inicio de la ruta por la recuperación del acuífero.
"El proceso de implementación de la sentencia debe ser ejemplar. Estamos en un proceso de diálogo con el gobierno para resolver el problema, no estamos buscando quién es el culpable, estamos buscando resolverlo. Sabemos que las acciones que se pretenden pueden afectar a algunos usuarios, sobre todo los que han incurrido en algunos ilícitos, aquellos que han generado riqueza a través de la extracción ilícita de agua", comentó Jiménez.
Todos Somos 543 es una referencia al número de sentencia que otorgó la Corte en el que se pondera el derecho humano al agua.
"Esto tiene que resolverse, vemos que hay voluntad política para resolverlo. Hasta ahorita lo que hicimos es firmar un acuerdo que establece compromisos para este año, nada más".
El principio del acuerdo implica la instalación de medidores telemétricos en 200 pozos de extracción de agua de uso agrícola que estén en el área que abarca el acuífero principal de La Laguna. De esta manera las y los expertos tendrían datos para estudiar la salud del depósito de agua subterránea de la región.
"Ellos van a integrar este año la información, van a decir qué es lo que falta, que es lo que falta por hacer. El último estudio hidrogeológico del subsuelo tiene más de 20 años. Los estudios de disponibilidad (de CONAGUA) la verdad es que no son creíbles", aclaró el activista.
La intención de las organizaciones promoventes del amparo es que se construya un nuevo modelo de gestión del agua lagunera con perspectiva de derecho, no mercantil, es decir, que se pondere el consumo humano y la recuperación del acuífero sobre la actividad agroindustrial desmedida.
"Actualmente la gestión del agua es insostenible, el que diga que es sostenible miente. Las actividades humanas que impactan es la agricultura. La sentencia 543 nos va a beneficiar a todos y va a afectar a algunos intereses particulares. En la medida que extraes más agua de la que fue concesionada, evidentemente estás cayendo en un ilícito", dijo Gerardo Jiménez.
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Por otro lado, el volumen de agua no está cuantificado del todo. El huachicoleo, los pozos clandestinos, entre otros fenómenos, no dejan medir, con más certeza, la situación hídrica de la región.
"Queremos que se busque cómo resolver el problema principal que es la sobreexplotación y la contaminación del subsuelo. Si le estamos apostando a recuperar el acuífero es porque queremos agua segura por mucho tiempo", finalizó.

Colaboración a cargo del fotógrafo Saúl Sifuentes.


Colaboración a cargo del fotógrafo Saúl Sifuentes.
