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Los estudios para medir la situación actual del acuífero principal de La Laguna no son certeros ni ofrecen resultados confiables.
La sentencia favorable al juicio de amparo 543/2022, fallada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obliga a Conagua, Semarnat y al gobierno federal, a reconocer que fueron omisos en el proceso de sobreexplotación que sufrió el acuífero principal de La Laguna y a trazar una ruta para recomponer el daño, frenar la extracción y recuperar los niveles de agua subterránea que garanticen el abasto del líquido para el futuro.
En el marco de foros y actividades que se están llevando a cabo para socializar la sentencia 543/2022, las organizaciones Prodefensa del Nazas, Encuentro Ciudadano Lagunero y Desarrollo Cardenista por el Campo Lagunero, quienes fueron las promoventes del amparo, organizaron una conferencia magistral del doctor Marcos Adrián Ortega, profesor e investigador del Instituto de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, para dar a conocer las repercusiones positivas que tendrá la sentencia en la recuperación del acuífero principal de La Laguna y para explicar cómo funcionan los sistemas de flujos de agua subterránea de la región, es decir, cómo se desplaza y funciona el agua en el subsuelo.
Las estimaciones de CONAGUA indican que el acuífero principal de La Laguna está sobreexplotado, pero para el doctor Marcos Adrián Ortega, la información no es veraz ni sólida porque consideran que en la región el acuífero libre, es decir, que en el subsuelo solo hay agua y arcillas, sin embargo, la información y estudios realizados con anterioridad, plasman una realidad distinta.
"El problema principal es que el acuífero se define, en este documento de 2020, como un acuífero libre, que está confinado en algunas partes, acuífero libre quiere decir que está conformado por gravas y arenas", comentó el especialista.
Ortega comentó que, desde el 2002, Conagua calculó que en La Laguna se extraían, anualmente, más de mil millones de metros cúbicos de agua del subsuelo, pero el volumen concesionado apenas rebasaba los 600 millones, es decir, casi el doble del líquido se explotaba de manera ilegal. Además, opinó sobre la fórmula y la norma que utiliza la dependencia federal para calcular la disponibilidad de agua en la Comarca Lagunera.
"Se estima que el déficit es de 149 millones de metros cúbicos anuales, pero en realidad se extrajeron 1,088 millones, cerca del doble, pero no consideraron la edad del agua, está en un balance para 15 años de evolución, pero es agua de miles de años, que no está considerada en el balance", comentó el investigador.
Por no considerar factores científicos como la edad del agua, los relieves, las condiciones del subsuelo, entre otros factores, las mediciones para calcular la disponibilidad del recursos hídrico que hace la Comisión Nacional del Agua no son certeras.
"En la ecuación consideran que el balance es para los últimos 15 años, pero son miles de años y obviamente esta fórmula está fallando", consideró el doctor.
Los efectos de la sentencia 543/2022 para preservar y recuperar al acuífero principal de La Laguna comenzarán en la medida en que terminen los estudios que hará el Instituto de Geociencias de la UNAM gracias a un convenio firmado con la misma Comisión Nacional del Agua.
Gabriel Riestra, director de cuencas centrales del norte, opinó sobre la conferencia del especialista y sobre lo que está haciendo la dependencia en torno a la sentencia ejecutada por la Suprema Corte.
"El estudio no es de un año, el estudio es de mínimo cinco años y esa interacción es la que nos puede dar una respuesta más precisa de cómo trabaja el acuífero. Es la teoría la que está presentando ahora el doctor", comentó el funcionario.
Lo que quiere lograr la Comisión Nacional del Agua es diseñar, a partir del estudio, una estrategia para cambiar el manejo del agua en La Laguna.
"La respuesta no es un estudio, es cómo vamos a manejar el acuífero y ese es el objetivo principal de todo lo que vamos a hacer, cómo adecuar la gestión del agua, la administración, el manejo", comentó.
Acerca de que juicios de amparo futuros puedan ser afectados con la reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, el abogado Luis Pedroza, representante legal de las organizaciones quejosas, consideró que hay caminos para evadir esa restricción.
"Parece ser que va a ser más restrictiva (la reforma) y sí lo es. Sí va a afectar, pero para mí lo importante es que sigamos participando como sociedad civil. El interés legítimo, como se encuentra en la ley actualmente, no define quién puede acceder a los amparos, esto se ha ido construyendo a través de criterios jurisprudenciales", comentó Pedroza.
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En otras palabras, los criterios jurídicos para defender al acuífero como si fuera una persona se han ido construyendo. Lo que propone la reforma a la ley de amparo es que, para que proceda el trámite, tiene que haber un "interés legítimo", es decir, que el promovente tenga una afectación directa por un proyecto, obra o decisión de un tercero, en este caso un gobierno.
"Lo que tenemos que hacer de las voluntades de los legisladores es participar, que la ciudadanía participe y vayamos construyendo nuevos criterios, como construimos este amparo, que inicialmente los jueces nos decían que no se podía", consideró el abogado.
Colaboración a cargo del fotógrafo Saúl Sifuentes.
Colaboración a cargo del fotógrafo Saúl Sifuentes.
