En la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango la represión es una medida que se aplica de manera sistemática para inhibir la libertad de expresión y manifestación. Fundamentados en el Código Penal y siguiendo a pie juntillas los instrumentos jurídicos necesarios para proteger a los grupos de poder, en Coahuila y Durango se han detenido y procesado a personas por realizar bloqueos y estrategias de presión para exigir derechos.

Ejido San Luis y Dinamita, ejemplos de represión en La Laguna

La represión es una medida que han adoptado las autoridades de Coahuila y Durango para callar voces incómodas y frenar movimientos que pudieran llegar a molestar a las y los empresarios. Lo que sucedió con la detención de 28 integrantes del Frente Unido en Dinamita no fue un hecho aislado. Este tipo de medidas también se han adoptado en Torreón y forman parte de un esquema de coordinación muy articulada entre sociedad y gobierno para acallar cualquier intento de revuelta social.

En 2022, justo durante el primer año de gobierno de Román Alberto Cepeda al frente de Torreón, un grupo de personas habitantes del Ejido San Luis fueron detenidas tras realizar un bloqueo pacífico en la lateral del periférico Raúl López Sánchez. Con la ex secretaria del ayuntamiento, Natalia Fernández, como brazo ejecutor, los manifestantes fueron vinculados a proceso por manifestarse y bloquear, por unos minutos, una vía pública.

Este hecho, que afectó en los antecedentes jurídicos de siete personas, se convirtió en el primer procesamiento formal de alguien en Coahuila por manifestarse y generó precedentes que se han repetido en la actualidad.

El 18 de marzo de 2026, al menos 28 integrantes del Frente Unido de Pueblos de La Laguna fueron detenidos y trasladados a la ciudad de Durango capital por haber realizado bloqueos en la comunidad para exigir el pago completo de cuatro indemnizaciones de unos empleados que habían sido despedidos de la empresa Sotomex, dedicada al transporte de explosivos. El gobernador del estado, Esteban Villegas, calificó a estas personas como extorsionadoras, dijo que no eran justificadas sus manifestaciones e informó que las juzgarán con todo el peso de la ley.

Paralelamente, la fiscalía general del estado de Durango confirmó que las y los 28 detenidos serán procesados por los delitos de robo de vehículo, ataque a la vía pública y asociación delictuosa. Lo curioso en esta historia es que la postura inquebrantable y a todas luces abusiva del gobierno del estado fue avalada y aplaudida por la sociedad civil lagunera y las mismas cámaras empresariales, quienes festejaron el debilitamiento del movimiento que, según ellos, estaba afectando a posibles inversiones que estarían por llegar a la zona de Dinamita.

En este mismo espacio, la semana pasada, hablamos sobre la justicia selectiva. Recordamos que en Coahuila y Durango la ley es eficaz siempre y cuando quien denuncie tenga poder político y económico. Lamentamos la detención de la gente del Frente Unido porque el mega operativo sucedió gracias a las denuncias de la comunidad empresarial. La presunta justicia ha sido rápida y expedita porque la queja viene de los dueños del capital, no de la fuerza del trabajo, es decir, los hombres y mujeres que, con su mano de obra y su creatividad y su energía, hacen ganar millones a los generadores de empleo a cambio de salarios de hambre.

Estos mismos empresarios que lloraban por los bloqueos, son aquellos que, junto con la autoridad, tienen a Durango como la vigésima entidad a nivel nacional en materia de competitividad, según el IMCO. El índice 2025 califica a la entidad en nivel medio-bajo, con un ingreso promedio mensual de los trabajadores de 9 mil 808 pesos, es decir, apenas 1.04 salarios mínimos diarios.

Te puede interesar | Esteban Villegas arremete contra el Frente Unido y justifica detenciones

Lo preocupante de toda esta historia, es que la justicia, nuevamente, benefició a quien paga, a quien tiene relación directa con la autoridad y es que la autoridad escucha y se reúne con el que invierte en sus campañas, no con quienes terminan decidiendo una elección.

Mientras en Coahuila y Durango no se separe el poder político del poder económico la justicia seguirá siendo selectiva. Quien sabe, quizás, mañana cualquier movimiento correrá el riesgo de ser destruido a través de procesos judiciales. La represión, articulada con sociedad civil y cámaras empresariales, es el arma letal y afinada que las autoridades han adaptado para callar las voces incómodas.