Hace años Humberto Moreira demandó a Sergio Aguayo por haber escrito la frase "hedor a corrupción" en una columna. El articulista hizo referencia al manejo desaseado de las finanzas estatales. Hizo puntual crítica a la megadeuda estatal que superó los 36 mil millones de pesos y que hoy sigue vulnerando la salud financiera de la entidad. En Torreón, aunque aún no se ha fraguado una deuda pública impagable, el aroma inconfundible a corrupción sugiere que el manejo del erario no es claro y que éste, de manera discrecional, se está depositando en cuentas y proyectos ajenos a las demandas sociales que exige la población.

El hedor a corrupción en Torreón

Recientemente la Auditoría Superior del Estado de Coahuila publicó el informe de fiscalización de la cuenta pública correspondiente al 2024; éste, por segundo año consecutivo, colocó a Torreón como el municipio que peor justifica el gasto de las 38 demarcaciones de toda la entidad. En total, el ayuntamiento, encabezado por Román Alberto Cepeda, no justificó el gasto de 151 millones de pesos, es decir, no explicó ni presentó documentos que avalaran el destino de esa cantidad. Aunado a ello, también al Simas se le observaron más de 80 millones de pesos, 48.5 millones al Sistema Integral de Mantenimiento Vial y 131.6 millones a la Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores del Municipio de Torreón.

En suma, en Torreón lo que reina es la opacidad y el manejo discrecional de los recursos públicos y la mezcla de estos dos ingredientes, lo único que arroja, es un hedor pestilente y penetrante a corrupción.

Desde el punto de vista periodístico, es nuestra responsabilidad, como investigadores e investigadoras, demostrar que el dinero no ha sido utilizado para los fines originalmente programados, sin embargo, lo que hizo la Auditoría fue ahorrar pasos importantes. La institución, dependiente del Poder Legislativo, revisó peso por peso y encontró, en total, más de 411 millones de pesos gastados sin comprobación, sin saber en dónde terminaron.

¿Dónde gravita el problema? En que la Auditoría pública el señalamiento, pero no muestra los dientes, no presenta denuncias y no busca fincar responsabilidades en contra de las personas responsables del presunto desfalco al erario municipal.

¿De qué sirve que sean publicados sendos informes quijotescos, de casi mil páginas, si las irregularidades encontradas no provocan sanciones administrativas o penales contra las y los responsables? ¿De qué sirve que el gobierno del estado solvente el gasto de instituciones como la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas y el Sistema Estatal Anticorrupción si no sancionan, de manera contundente, a funcionarios y funcionarias que hacen mal uso de los recursos públicos?

Para nadie es un secreto que lo que sucede en Torreón es un patrón que no ha dejado de repetirse desde 2022. Román Alberto Cepeda es un alcalde ostentoso que no ha sabido administrar el recurso público y que no ha permitido que se sancione a quienes manejan el erario. La prueba estuvo en los enroques del 2025. En aquel año, el entonces tesorero, Óscar Luján, en lugar de ser removido e investigado, fue enviado a la contraloría municipal y, en su lugar, colocaron a una persona de todas las confianzas de Eduardo Olmos Castro, un sujeto que fue tesorero del Congreso y titular del registro público de la propiedad, Javier Lechuga.

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¿En dónde terminaron esos 411 millones de pesos? ¿Qué hará la Auditoría Superior del Estado? En pleno año electoral, ¿Manolo Jiménez tendrá los pantalones para llamar a rendir cuentas a Cepeda González? ¿Las y los diputados locales harán su trabajo como debe ser y exigirán rendición de cuentas al alcalde de Torreón? Lamentablemente, y desde este momento lo advertiremos en este espacio, no pasará, no pasará absolutamente nada porque en Coahuila, lo que ha reinado en los últimos 19 años es, precisamente, la impunidad.