En La Laguna la estigmatización es una práctica que se utiliza para restar legitimidad a movimientos y protestas genuinas. En días recientes sucedió con Araceli Capetillo, quien criticó, en un acto público, la deforestación del camellón del bulevar Independencia para, después, recibir agresiones mediáticas, señalamientos y juicios del sector político, periodístico y social de la Comarca Lagunera.

Casos como el de Araceli, refrendan la idea de que en La Laguna existen instrumentos y mecanismos que buscan callar voces a través del prejuicio, del troleo, de la crítica sincronizada en redes sociales y medios de comunicación.

La estigmatización alrededor de las protestas sociales

La práctica hace al maestro. En La Laguna y en particular en Torreón, las autoridades siempre han buscado desbarrancar los movimientos sociales con palabras y frases comunes como "vandalismo", "temas políticos", "intereses ocultos". Lo que sucedió con Araceli Capetillo no fue un hecho aislado. Ejemplos cercanos trazan una narrativa nociva contra las causas ciudadanas.

En 2022, habitantes del ejido San Luis bloquearon una lateral del periférico para pedir diálogo con SIMAS en torno al uso de aguas residuales. La respuesta, por parte de las autoridades, fue el retiro, con uso de la fuerza, de la protesta y la presentación de una denuncia por obstrucción de la vía pública; es decir, los quejosos se convirtieron en "alteradores del orden público".

Otro ejemplo fue la represión de la manifestación pacífica del 8 de marzo de 2024. En el que mujeres fueron sometidas con violencia por parte de policías municipales. La respuesta de la autoridad es que en Torreón hay libertad de expresión, siempre y cuando sea con orden. Pese a las recomendaciones de derechos humanos, el municipio de Torreón no se ha disculpado ni reparado el daño.

También está el caso de las y los habitantes del ejido Nuevo Mieleras, quienes fueron perseguidos, asfixiados y reprimidos por fuerzas del orden municipal. ¿El saldo? La muerte de Rolando Medina a manos de un agente del Grupo de Reacción Torreón.

La intolerancia ha sido emblema y distingo de la actual administración municipal, encabezada por Román Alberto Cepeda, pero también está incrustada en la narrativa y la práctica diaria del gobierno del Estado de Coahuila.

De acuerdo con datos del Mecanismo de Protección para periodistas y personas activistas defensoras de los derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, en Coahuila 19 comunicadores y comunicadoras, así como 33 activistas, están amenazados y amenazadas. En total son 52 personas inscritas al mecanismo, cifra que sitúa a Coahuila con el décimo segundo registro más alto del país.

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En suma, lo sucedido con Araceli Capetillo durante el arranque de obras del Sistema Vial Abastos-Independencia, en donde intentaron silenciar su protesta a través de lideresas y hasta con la intervención del empresario Guillermo Murra, ofreciendo boletos gratis para un partido de Algodoneros, aunado al odio y a los reclamos que vertieron contra la activista en redes sociales, no es más que reflejo de un aparato de gobierno intolerante y represor que busca, a toda costa, esconder las carencias y las malas prácticas del ojo ciudadano.