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Sin que las autoridades lo confirmen, lo que se ha vivido durante el primer trimestre de 2025 es una crisis vial sin precedentes en la Comarca Lagunera. El aumento del parque vehicular, la mala condición de las calles y la falta de pericia al volante son los tres factores que han propiciado accidentes de dimensiones trágicas.
El domingo 30 de marzo un autobús de pasajeros de la línea Ejidales cayó del puente El Cuije, desde una altura de 20 metros, provocando, al menos, dos fallecimientos y dejando heridas a 22 personas. El percance presuntamente fue provocado por el conductor de una camioneta que perdió el control del volante y chocó contra la unidad, sin embargo, algunos reportes refieren que el chofer del camión iba a exceso de velocidad.
Mientras se deslindan responsabilidades, el debate radica en lo peligroso que se ha vuelto manejar en La Laguna. No por nada en 2022 el periférico, desde Torreón, pasando Gómez Palacio y hasta Lerdo, fue calificado como la séptima vialidad más letal de todo el país y la más peligrosa de Coahuila y Durango.
Las políticas punitivas y profundamente recaudatorias de las direcciones de vialidad de los tres principales municipios de la Zona Metropolitana de La Laguna no han frenado la ola de accidentes ni los fallecimientos.
La dirección de transporte y movilidad urbana de Torreón confirmó que, en lo que va del año, 11 personas han perdido la vida en accidentes viales, cifra superior a las 10 registradas en el mismo periodo del 2024. En Gómez Palacio, al 16 de febrero de este año, dos personas también perdieron la vida en accidentes viales. En ambos municipios, la visión de gobierno es castigar a los conductores, multarlos y criminalizarlos cuando sufren accidentes mediante el cobro de multas, daños a la nación, grúas y corralones.
La crisis vial no solamente se refleja en accidentes y muertes, sino en políticas discriminatorias que priorizan el uso del vehículo, que ponderan la motorización por sobre los derechos de las y los peatones, ciclistas y usuarios del transporte público.
La crisis vial se ha convertido en una especie de industria lucrativa para los municipios laguneros. El cobro indiscriminado de multas viales, así como de moches, genera millonarios ingresos a las arcas municipales.
Durante la administración de Leticia Herrera se han recaudado casi 20 millones de pesos en lo que va de su gobierno en multas viales. En Torreón, entre 2022, 2023 y 2024 se recaudaron más de 100 millones de pesos en multas viales, pero los percances, lesionados y fallecimientos no han bajado.
Es tan lucrativa la industria de la crisis vial que en Torreón la dirección de tránsito ya tiene instalaciones propias, todo un edificio para despachar. En Gómez Palacio, de igual manera, la dirección de tránsito tiene más presupuesto que las direcciones de cultura y salud. La visión es clara, castigar y recaudar, no prevenir accidentes viales.
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A las autoridades municipales no les importan las vidas de las y los conductores, ni los peatones, ni los ciclistas. La idea es recaudar para usar, a discreción, el dinero que entra limpio a las arcas de las tesorerías.
La tragedia no solamente se enfoca en las vidas que se han perdido y en los patrimonios que han terminado como chatarras. La tragedia está en la materialización de una industria que, a costa de la seguridad vial, genera millones de pesos para los gobiernos.
Colaboración a cargo del fotógrafo Saúl Sifuentes.
Colaboración a cargo del fotógrafo Saúl Sifuentes.
