La Ley de Herodes es una película ubicada en la época posrevolucionaria en la que muestran cómo un alcalde de un municipio recóndito, escondido, inaccesible e inadvertido, se hace millonario gracias a la corrupción, a los negocios y al conflicto de interés. El director y guionista de la película, Luis Estrada, logró representar, de una manera satírica, el reflejo de lo que sucede en las administraciones públicas mexicanas sin distingo. Partido que llega al gobierno, partido que encuentra la manera de generar recursos y repartir a amistades, empresarios, familiares y aliados políticos.

El conflicto de interés en Torreón

En Torreón siempre ha existido la llamada "Ley de Herodes". Ejemplos sobran de alcaldes que, al iniciar su gobierno, vivían en sectores modestos y, al terminar su gestión, tenían ya construidas y habitadas sendas residencias en sectores privilegiados de acceso controlado.

Un ejemplo de conflicto de interés lo presume Miguel Riquelme, ex presidente municipal de Torreón, exgobernador de Coahuila y actual Senador de la República por el PRI.

Ya como gobernador de Coahuila y con Román Cepeda, aliado político, como alcalde de Torreón, en la nómina municipal aparecieron nombres como el de Enrique Alcorta Nuñez, esposo de Marcela Riquelme, hija del ex mandatario estatal. Alcorta Núñez fue contratado dentro de la dirección de obras públicas, comandada por Juan Adolfo Von Bertrab, ex presidente del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Coahuila durante una parte de la administración estatal de Riquelme Solís.

Otro caso que llama la atención es el de Luis Alberto Hoyos Ramírez, primo hermano de Alejandra Hoyos Flores, esposa de Felipe González, ex regidor del Ayuntamiento de Torreón y actual diputado local del PRI en Coahuila.

Luis Alberto Hoyos, a través de la empresa Eco Pisari HM S.A de C.V es proveedor del SIMAS Torreón a través de un contrato de arrendamiento por un camión de desazolve a cambio de 37 millones 400 mil pesos.

Felipe González forma parte del grupo político cercano al presidente municipal, Román Alberto Cepeda, aceptó que Luis Alberto es primo de su esposa, pero aclaró que no sabía sobre la existencia de la empresa ni de la relación comercial con el SIMAS.

También está el caso de José Elías Ganem Guerrero, secretario del ayuntamiento de Torreón y esposo de la directora del Centro de Justicia Municipal, Martha Rodríguez Romero.

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Al interior del PRI y en el círculo cercano de la pareja ha trascendido la posibilidad de que Rodríguez sea lanzada como candidata para una diputación local.

Actualmente Martha Rodríguez está haciendo uso de la cuenta institucional del Tribunal de Justicia Municipal para promocionar su imagen personal.

De esta manera, las administraciones municipales en Torreón han demostrado cómo se utiliza a la institución para repartir contratos, construir carreras políticas y hasta para empoderar a matrimonios ligados al PRI para consolidar sus carreras.

Por otro lado, también está el caso recientemente documentado de Felipe González, quien aunque negó tener algún vínculo con la empresa del primo hermano de su esposa, abrió el debate acerca de familiares directos y políticos que logran acuerdos millonarios por servicios que, para el erario municipal, podrían ser más económicos.

El conflicto de interés en Torreón y en Coahuila no ha sido motivo suficiente para establecer filtros de control, rendición de cuentas, fiscalización y castigo contra quienes incurran en un acto de corrupción. En Torreón y en Coahuila los servidores públicos crecen sus patrimonios y los de sus aliados y seres queridos.