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El Gobierno del Estado de Coahuila financia todo un aparato de fiscalización y combate a la corrupción para simular que aquí se ejercen los recursos públicos con transparencia y honestidad, sin embargo, la historia dicta que la estrategia no es más que un instrumento de simulación para pretender que la entidad está libre de fraudes y de malos manejos al interior de la administración pública.
El combate a la corrupción institucionalizado en Coahuila inició en 2017, cuando se creó el Sistema Anticorrupción y todo el aparato que a éste lo ampara. Así, se instruyó la creación de una Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, compuesta por dependencias como la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía General de Coahuila, el Congreso de Coahuila, el Consejo de Participación Ciudadana, el Poder Judicial de Coahuila, entre otras. De esta manera, en la entidad comenzó el proceso simulado para combatir y erradicar la corrupción, así como para generar data que pudiera trazar y determinar el daño patrimonial que este fenómeno provoca en contra de las arcas públicas estatales.
Para "garantizar" la independencia del sistema anticorrupción, se creó la figura del Comité de Participación Ciudadana (CPC), organismo conformado por personas ligadas a sociedad civil y a la iniciativa privada, pero que sólo ha fungido como trampolín para que personajes como Juan Adolfo Von Bertrab, Karla Samperio, entre otras y otros, se integren a administraciones públicas estatales y municipales.
Para este 2025, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Coahuila le fueron asignados 28 millones 374 mil 500 pesos para su operación, mismos que son destinados, prácticamente, para el pago de servicios personales, es decir, sueldos, salarios y honorarios.
Además, las y los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, perciben más de 80 mil pesos mensuales de honorarios, pero no han visibilizado un sólo caso de corrupción ni puesto sobre la agenda pública áreas de oportunidad del gobierno del estado para garantizar la honesta y correcta aplicación de los recursos públicos estatales.
Actualmente, de las y los cinco integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, que en teoría debería garantizar autonomía y cero nexos con la administración pública estatal, al menos cuatro provienen del mismo sistema gubernamental.
Diana Marisol Flores fue directora del centro de medios alternos y solución de conflictos del Gobierno de Coahuila, Carlos Antonio Franco Flores, proviene del extinto Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, Yolanda Montes trabajó en el área de Fomento Económico del gobierno del estado durante la gestión de Rubén Moreira, Juan Carlos Guzmán, actual presidente del Consejo, desempeñó diversos cargos en la Universidad Autónoma de Coahuila, en el municipio de Ciudad Acuña, en el Instituto Electoral y en el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila y Karla Natividad González es la única que proviene del sector académico privado, es decir, el Tecnológico de Monterrey.
En suma, lo que se observa en el Sistema Anticorrupción de Coahuila es a un aparato que trabaja para validar lo que ya se hace dentro de la administración pública estatal. El combate a la corrupción es totalmente invisible y el único rastro que deja es el gasto anual que genera su manutención.
Colaboración a cargo del fotógrafo Saúl Sifuentes.
Colaboración a cargo del fotógrafo Saúl Sifuentes.
