Era 2022. Claudia Sheinbaum Pardo ya destacaba como una de las políticas más influyentes del país. Era Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y se perfilaba para ser la candidata presidencial en 2024. Como parte de su estrategia política, Sheinbaum hizo recorridos en el país y, en uno de ellos, visitó la Comarca Lagunera. En aquel año tuvimos la oportunidad de conversar con ella y nos dijo, tal cual: "En Coahuila son beneficios privados y deudas públicas". Habló del agua, de la privatización de los derechos hídricos, habló del uso desmedido del agua por parte de los empresarios y sobre garantizar que todas y todos, con un manejo eficiente, deberían tener acceso al recurso, es decir, cambiar la perspectiva del uso mercantil al derecho humano.

Cuatro años después, la presidenta Sheinbaum giró un oficio, a través de su Consejería Jurídica, dirigido a las y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para buscar la posibilidad de reinterpretar la sentencia 543/2022, misma que protege al acuífero lagunero a través de la suspensión de prórrogas de concesiones de agua hasta que Semarnat y la Comisión Nacional del Agua no hagan lo correspondiente para garantizar la recuperación del acuífero principal de la Laguna. Claudia prometió garantizar el derecho humano al agua y hoy, su intención, es quitar la protección por presiones impulsadas por los grandes empresarios agroindustriales de la Comarca Lagunera.

Protección del agua lagunera se tambalea

Presa de sus propias palabras, Claudia Sheinbaum estaría traicionando a la ciudadanía lagunera en caso de que se concrete la posibilidad de que sean modificados los efectos de la sentencia. El proyecto actualmente está en el escritorio de la ministra Lenia Batres, quien fue consejera jurídica del ejecutivo federal de octubre de 2021 a diciembre de 2023, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, secretaria de desarrollo urbano y vivienda de la Ciudad de México cuando Sheinbaum fungía como jefa de gobierno y Directora General de Gestión, Vinculación y Asuntos Jurídico Normativos de la capital mexicana. ¿Esto que significa? Que Batres ha trabajado y crecido de la mano de la presidenta Sheinbaum, que forma parte de su grupo político de influencia y que no por nada el proyecto, impulsado por presiones de los concesionarios del agua lagunera, cayó en sus manos.

Por influencias y la íntima relación entre el poder político y privado, como lo marca el tan denostado neoliberalismo, la protección del agua lagunera, que costó horas de audiencias, de preparación, de activismo y de resistencia, podría languidecer. En la Comarca Lagunera activistas y organizaciones levantaron una campaña digital para recolectar firmas y solicitar a la presidenta que no permita que los concesionarios vuelvan a ganar, que los ricos sometan a los pobres, que el recurso siga concediéndose sin ningún tipo de regulación, sin freno.

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El acuífero lagunero está sobreexplotado. Anualmente el almacén de agua subterránea pierde volumen. Los hundimientos en el suelo ya son evidentes. El agua potable escasea. Tal parece que, para el gobierno federal, es más importante el sector agroindustrial, ganadero y lechero, que la salud, la vida y la dignidad de un millón 200 mil personas que habitamos esta tierra.

Será en los próximos días cuando la Suprema Corte sesione y vote el proyecto de la ministra Batres, sugerido por la consejería jurídica de la presidencia de la República. Aún no hay fecha establecida. Toca a la ciudadanía, nuevamente, resistir y buscar la manera de evitar que, de golpe y porrazo, se desnude y se deje indefensa a la vida y al territorio y al agua de las y los laguneros.