Lo que sucedió con Armando Castilla, director de Vanguardia, al ser detenido por un pleito civil, es la definición de acoso judicial en Coahuila. Más allá de si es o no culpable de los cargos presentados, la libertad de expresión en el estado es limitada, se coopta a través de convenios publicitarios, pero también por medio de sanciones administrativas, investigaciones ociosas, cierres de negocios, entre otras estrategias.

Acoso judicial en Coahuila: caso Vanguardia

El viernes 9 de enero el director de Grupo Vanguardia, Armando Castilla, fue detenido en el aeropuerto internacional de Monterrey, Nuevo León, presuntamente por no haberse presentado a una audiencia judicial por una investigación en la que estaría vinculado en un fraude patrimonial. Desde que se informó sobre la aprehensión, el diario saltillense acusó que esta medida era un golpe más para agudizar la expresión del acoso judicial en Coahuila y de cómo se utilizan a las instituciones para presionar políticamente a personajes o grupos que contravienen a los intereses del poder.

El caso Vanguardia no es nuevo. Desde 2008 el medio coahuilense se defiende de una batalla legal que inició el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, en el que exige bienes inmuebles en los que opera el diario.

Con el paso de los años, el proceso judicial ha avanzado y ha sido condenado por organizaciones como Artículo 19 y la Sociedad Interamericana de Prensa, al considerar que se trata de un patrón de presión derivado de la cobertura periodística realizada en el pasado sobre Humberto Moreira.

El acoso judicial en Coahuila también se ha aplicado contra periodistas, activistas y actores políticos opositores al régimen priista que impera en la entidad. Por ello el gobierno del estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, más que en coordinación trabaja con instituciones totalmente subordinadas a éste como la Fiscalía General de Coahuila, encabezada por Federico Fernández, amigo personal y colaborador cercano de Manolo Jiménez o la fiscalía anticorrupción, administrada por Karla Samperio, persona vinculada, en su currículum, a grupos políticos afines al PRI y al PAN.

El mismo equipo de Red es Poder fue objeto de amenazas e intimidaciones en 2017, justo por el grupo político que en ese entonces tenía el dominio y control del municipio de Torreón. Además, las mismas estadísticas de la secretaría de gobernación muestran que en Coahuila, actualmente, 19 periodistas y 33 activistas están amenazados y están inscritos en el mecanismo de protección de la Segob.

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Las amenazas, además, también se dan desde el orden municipal. En este espacio también se puede recordar cómo Gerardo Calvillo, ex coordinador del Partido del Trabajo en Torreón, fue víctima de amenazas y hostigamiento por parte del municipio, encabezado por Román Alberto Cepeda. Escaló tanto el asedio que el negocio de sus padres, ajeno a trabajos políticos, fue clausurado con medidas inventadas y fabricadas por la dirección de Inspección y Verificación.

Así, se pueden seguir enlistando situaciones que dibujan muy claro el panorama: el acoso judicial en Coahuila y las medidas de presión y hostigamiento son un arma que se utiliza con frecuencia para callar la crítica y debilitar a opositores.

Finalmente, horas después de la detención de Armando Castilla, un juez federal ordenó su inmediata liberación al no existir pruebas ni un caso sólido para mantener al empresario en prisión preventiva oficiosa. El poder judicial de Coahuila, encabezado por Miguel Mery Ayup, quien actúa y sigue las órdenes de Manolo Jiménez Salinas y de otros personajes con influencia política como los mismos hermanos Moreira, quiso tratar, un tema civil, como un asunto penal para encerrar a Castilla y esa medida, a todas luces, es la definición de acoso judicial.

En Coahuila no hay libertades. En Coahuila la libertad de prensa se da desde el periodismo independiente y desde algunos espacios que, con valentía y arrojo, deciden ir contra la marea lerda y abrumadora de la agenda pública oficial, impuesta por sendos convenios publicitarios que, al año, nos cuestan 600 millones de pesos.