La violencia en las escuelas de Coahuila no se ha podido controlar. Desde el trágico suceso del Colegio Cervantes, las amenazas y expresiones de violencia en las aulas estatales no se han detenido. Las infancias están en riesgo, el personal decente ni se diga.
El pasado miércoles 4 de octubre, un alumno de 14 años agredió a puñaladas a su maestra dentro de un aula en la escuela secundaria Rubén Humberto Moreira Flores, en Ramos Arizpe, Coahuila.
La agresión fue grabada por una cámara de vigilancia instalada dentro del aula. Las medidas preventivas que se han aplicado desde la tragedia del Colegio Cervantes no están funcionando. Finalmente, la maestra sufrió heridas superficiales y está en recuperación. Por otro lado, el menor, autor de la agresión, fue canalizado a la PRONNIF.
Pese a que la agresión fue exhibida en redes sociales, el hecho no tuvo el impacto mediático suficiente para tomar medidas que garanticen la no repetición. Muchos de los medios tradicionales de información retomaron la historia un día después. Asumieron el caso, desde el punto de vista editorial, como aislado.
Desde el 10 de enero de 2020 hasta la fecha, se han registrado más de 10 amenazas dentro de escuelas de Coahuila y de la Comarca Lagunera. Advertencias de tiroteos en redes sociales, mensajes en los baños y comentarios incendiarios forman parte de la narrativa que está siendo impulsada por algunos de los alumnos de escuela primaria, secundaria, preparatoria y universidad.
El gobierno de Coahuila no ha fincado una estrategia que ayude a atender las causas de violencia en las escuelas. Los motivos son multifactoriales y estructurales. Las y los menores de edad son víctimas de una narrativa violenta e individualista que los lleva a tomar decisiones llenas de pragmatismo.
El abandono que tienen las familias coahuilenses por parte del Estado y del sistema educativo privado y público, así como la dinámica acelerada de la vida, la pauperización de las juventudes y la falta de esperanza por desarrollarse y aspirar a la movilidad social, llevan a los jóvenes a tomar decisiones que pueden arruinar sus vidas.
En Coahuila y en México un joven perteneciente a las clases sociales más bajas tiene muy pocas posibilidades de salir adelante. Si se nace pobre, se muere pobre. Otro factor es la violencia que secuestra la tranquilidad de las familias. Coahuila es una de las entidades que acumula más llamadas al 911 a nivel nacional por temas de violencia familiar. Las y los menores de edad, día y noche, son víctimas directas e indirectas de ambientes hostiles que terminan penetrando en su manera de pensar.
Desde la etapa formativa, es importante que el Estado asuma la responsabilidad y ponga a las instituciones pertinentes a trabajar en un proyecto que, a mediano y largo plazo, ayude a erradicar las expresiones de violencia en las escuelas.
Hoy vemos con más frecuencia batallas campales entre jóvenes que se salen a divertir por las noches. Las denuncias por bullying en las escuelas también son un problema frecuente. La falta de capacitación en los maestros para ayudar a detectar posibles conductas violentas provoca que, de la nada, un alumno con antecedentes de mal carácter haya tomado la decisión de agredir a su maestra.
Te puede interesar | Menor agrede a maestra en Ramos Arizpe
No se trata de “videojuegos”, como alguna vez lo comentó el gobernador Riquelme, tampoco se trata de armar hasta los dientes a las corporaciones policíacas para combatir la violencia. En la narrativa de las autoridades no está contemplada la prevención, todo es reactivo, improvisado, sin planificación ni ideas que proyecten sus metas más allá de un sexenio.
Los menores agresores también son víctimas de un sistema que las y los tiene en total abandono. Criminalizar no es la solución. El problema es estructural, es social. El sexenio de Miguel Riquelme ya está por terminar y no pudo hacer nada por prevenir la violencia en las escuelas.
Si la sociedad y el gobierno quieren evitar que se repitan sucesos como los del Colegio Cervantes o la agresión del menor contra su maestra en Ramos Arizpe, resulta prioritario reunirse, consultar a personas especializadas y diseñar un proyecto que, desde etapas formativas, erradique el individualismo, atienda la salud mental de los menores y tome medidas de prevención para bajar los altos niveles de violencia familiar que se sufren en los hogares de Coahuila.
