En Torreón los operativos anti alcohol vulneran los derechos humanos y no respetan los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud.
De acuerdo con el Protocolo para la Implementación de Puntos de Control de Alcoholimetría, en Torreón, prácticamente durante toda la administración de Jorge Zermeño Infante, no se han acatado cada uno de los puntos y especificaciones para instalar filtros y operar operativos para detectar a personas que pudieran estar manejando en estado de ebriedad.
El documento, elaborado por el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, amparado por la Secretaría de Salud Federal, especifica cómo se deben instalar los filtros anti alcohol, por quiénes debe ser operado y en qué lugares pueden operar.
Desde que inició la pandemia, las autoridades municipales optaron por retirar los filtros anti alcohol para evitar contagios y diseñaron una estrategia de sobrevigilancia. Ésta, básicamente, consiste en dejar que los tránsitos municipales estén recorriendo las calles de lugares concurridos, sobre todo donde hayan bares y restaurantes, siguen a los automovilistas, los detienen y les aplican la prueba sin cumplir con ningún estándar que garantice el pleno respeto a los derechos humanos.
De enero a julio de 2020, época en la que se redujo la movilidad por el confinamiento, en Torreón se recaudaron poco más de 32 millones de pesos en multas viales. El año, en general, cerró casi en los 70 millones de pesos recaudados. El operativo, en materia recaudatoria, fue un éxito, en contraste, el número de víctimas en accidentes viales, pasó de 19, en 2020 a 30, en lo que va de 2021.
A pesar de que el índice de contagios ha bajado y que gran parte de la población ya está vacunada, los filtros fijos anti alcohol no regresarán este año, así lo confirmó el director de Tránsito y Vialidad, Alejandro Gutiérrez. La estrategia seguirá siendo la vigilancia en lugares donde vendan bebidas embriagantes y continuará la detención de automovilistas sin que tengan la certeza de que estén cometiendo una falta.
En principio de cuentas, este tipo de operativos siempre se deben montar con filtros fijos en puntos estratégicos de las ciudades y estos son algunos de los requisitos:
• Se debe operar en una zona de 115 metros lineales.
• Policía encargado de guardar el orden.
• Responsable o encargado del operativo correcto.
• Policías de tránsito para controlar el paso de los conductores.
• Médico responsable de aplicar la prueba.
• Capturista de datos.
• Observadores de derechos humanos.
• Agente de tránsito que alerte a los conductores sobre la instalación del filtro anti alcohol.
• Agente de tránsito, de preferencia mujer, que realice la entrevista inicial o prueba cualitativa.
• Personal de grúas encargados de remitir los vehículos al corralón.
• Policías encargados de remitir al Ministerio Público.
• Paramédicos de Protección Civil.
• Equipamiento para la zona de prueba.
Con los puntos anteriormente expuestos, más allá de que la ciudadanía no debe, bajo ningún motivo, manejar en estado de ebriedad, se evidencia que, el protocolo elaborado por autoridades federales, no es atendido, supervisado ni ejecutado por el gobierno municipal.
Desde 2020 y hasta la fecha, las pruebas para detectar si un conductor o conductora en estado de ebriedad no son aplicados por médicos legistas, no se instalan puntos fijos de revisión, no hay presencia de elementos policiacos ni representantes de derechos humanos.
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Por otra parte, la propia Conapra señala que, los filtros, no se deben instalar en zonas con tránsito intenso, calles o caminos oscuros, matorrales espesos, curvas cerradas, pendientes pronunciadas, rutas con varias entradas y salidas de carros, pasos a desnivel o glorietas, salidas de vehículos de emergencia, rutas de acceso o evacuación, terminales eléctricas, tomas de agua, donde no haya recepción de señal y donde hayan establecimientos de consumo y expendio de bebidas alcohólicas.