El día de hoy, 24 de noviembre, diversas asociaciones civiles orientadas a la causa migrante, a su traslado digno y seguro dentro del territorio nacional, lanzaron un comunicado en el que señalan que, en lugar de investigar la masacre de las “Fosas Clandestinas de San Fernando”, del 2011, la PGR persiguió a quienes buscaron esclarecer estos hechos.
El comunicado da a conocer que la PGR mantuvo vigiladas durante un año a la periodista Marcela Turati, a la antropóloga Mercedes Doretti y a la abogada Ana Lorena Delgadillo. Se les consideró como perpetradoras de la masacre, por lo que se inició una investigación en contra de las activistas.
Las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas, fueron resultado de múltiples homicidios perpetuados por el cártel de los Zetas. Como resultado de la primera masacre se encontraron a 72 personas en situación migrante fallecidas (58 hombre y 14 mujeres) en 2010. Siendo un total de 196 personas asesinadas encontradas hasta 2011.
Entre 2015 y 2016, la Procuraduría General de la República PGR (ahora Fiscalía General de la República FGR) echó a andar la maquinaria de la que dispone, no para dar con los perpetradores de los asesinatos de 196 personas en San Fernando, Tamaulipas (en el 2011), ni para investigar las grandes violaciones cometidas en ese caso, sino para perseguir a las víctimas, a quien las representaba, a una perita independiente y a una periodista.
A través de la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de la Delincuencia Organizada (SEIDO, hoy FEMDO), la PGR desvió la información para beneficiar la impunidad y desproteger a las víctimas. También dejó de lado su deber de esclarecer los hechos e investigar a los perpetradores de los mismos y utilizó las herramientas destinadas a combatir la delincuencia organizada para violar la privacidad, la intimidad, la seguridad, las comunicaciones y criminalizar a quienes desde distintos hábitos, buscaban la justicia, la verdad y el derecho a la información:
Familiares de migrantes víctimas de la masacre de San Fernando, quienes, además, desde hace años han denunciado irregularidades en las investigaciones de la PGR; Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para La Justicia y defensora de las familias de las víctimas; Marcela Turati, periodista que se ha dedicado a investigar sobre personas migrantes desaparecidas y ejecutadas en México, cofundadora de Quinto Elemento Lab y coordinadora del proyecto #Másde72; y Mercedes Doretti, cofundadora y directora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para Centro y Norteamérica.
Este tipo de maniobras se conoce como el “derecho penal del enemigo”, el cual consiste en una seri de herramientas invasivas y violentas empleadas por el Estado, bajo una norma de excepción: la Ley de Delincuencia Organizada, que se debe usar sólo para investigación de los delitos más graves, de la más atroz violencia en el país. Con ello se distorsionó y se engañó al sistema alejándolo del fin para el cual fue creado: el combate a la impunidad.
Así, argumentando que se estaba frente a una investigación de “secuestro y delincuencia organizada” y sin contar con autorización judicial, como lo exige la ley, la entonces PGR solicitó de forma “extraurgente”, información a las compañías telefónicas de todas las llamadas (entre febrero del 2015 y abril del 2016), para acceder a todos los registros telefónicos, los mensajes que se originaron y recibieron en sus teléfonos, así como su geolocalización. Con base en eso, solicitó a la Policía Federal cruces de información y análisis de sus movimientos y contactos; requirió y recabó información personal (de Ana Lorena Delgadillo y Marcela Turati) a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Este tipo de acciones muestran la forma en que México vigila no sólo a criminales, sino también a activistas de derechos humanos y periodistas.
