En una rueda de prensa, diferentes asociaciones civiles representantes de personas que habitan en distintos pueblos de La Laguna celebraron la decisión del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la cual se declara "nulidad" para la autorización en materia de impacto ambiental del Proyecto Chemours Laguna.

(Antes de seguir esta nota, si usted no sabe sobre la lucha de los pueblos de la Laguna contra The Chemours Company, le ofrecemos toda la información que pudimos recabar en Red es Poder para este reportaje: La Comarca Lagunera y las Empresas de Muerte).

De acuerdo al comunicado que fue distribuido en la rueda de prensa de este martes 8 de diciembre 2020, el pleno jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) dictó sentencia en la que declaró por unanimidad de votos la nulidad de la autorización en materia de impacto ambiental del proyecto Chemours Laguna.

En la rueda de prensa estuvieron presentes Gustavo Lozano, representante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería y Acción Colectiva Socioambiental; Julio Martínez Carrera, habitante de Abisinia, Dinamita, afectado por la instalación de la planta de Chemours; y Remigio Soto Díaz, integrante y fundador del Frente Unido de los Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio.

Una vez que Gustavo leyó el comunicado, Julio Martínez dijo: "Uno de los motivos principales por los que no queremos esta empresa aquí en La Laguna es el consumo de agua que nos va a ocasionar, y la que no van a usar nos la van a contaminar con el cianuro de sodio.

"Mucha gente de las ciudades está completamente ignorante de este peligro que se nos avecina. Así que por ningún motivo vamos a aceptar esta empresa aquí en la Laguna", terminó Julio.

Por su parte, Remigio Soto Díaz, en su participación, comenzó a hacer un recorrido sobre cómo empezó el conflicto con la empresa Chemours Company en 2017, recordando la autorización que permitió la alcalde de Gómez en ese entonces, Leticia Herrera Ale, y el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, quienes colocarían la primera piedra del proyecto sin considerar la salud de los habitantes y el medio ambiente del lugar.

Soto Díaz insistió en los riesgos que existirían tanto para trabajadores de la planta como para todas las personas y seres vivos en los los rededores de la fábrica.

Además, recordó la represión que vivieron manifestantes pacíficos en marzo de 2018, cuando fueron atacados por instancias de seguridad municipal y estatal mientras marchaban en contra de la planta de cianuro de sodio; evento en el cual hubo personas severamente lastimadas y mujeres violentadas y abusadas sexualmente.

El representante del Frente dijo que la planta Chemours estaba consumiendo 11 mil 800 metros cúbicos de agua, tan sólo en sus actividades reducidas, puesto que no estaban trabajando normalmente debido a los procesos legales que detenían su funcionamiento total.

Desde agosto del 2017, dos meses después de que las autoridades y directivos de la planta titulada Chemours Laguna celebraran la inauguración de la fábrica de cianuro, ciudadanas y ciudadanos acudieron al TFJA a solicitar la nulidad que hoy, tres años después, finalmente reciben.

En ese entonces demandaban que el permiso dado a Chemours por parte de la SEMARNAT incumplía con lo que establece la Ley General del Equilibrio Ecologico y Protección al Medio Ambiente y otras políticas ambientales, por lo cual esa autorización violó el derecho humano a un medio ambiente sano, consagrado en la constitución mexicana.

Se explicó en la rueda de prensa que, para alcanzar el fallo a favor de la gente de la Comarca Lagunera, el pleno jurisdiccional del TFJA tuvo con uno de los diez conceptos de impugnación considerados en al demanda.

Esta impugnación tuvo que ver con la "ausencia de información sobre la denominada 'Terminal' en la que sería recibido, descargado y almacenado el amoníaco" que se utiliza en los procesos de producción del cianuro.

Así, pues, el Tribunal declara anulado el permiso que había dado la SEMARNAT.

Este acierto permite no sólo que la empresa deba volver a empezar los procesos burocráticos para instalarse en esa zona, sino que además debe ser muy clara respecto a las medidas de impacto ambiental que podrían ocasionar desgracias en el medio ambiente.

En ese sentido, tendría que existir una nueva resolución que analice, evalúe y determine si concede otra vez la autorización o no al proyecto llamado Chemours Laguna.

Todo bajo los ojos vigilantes de todas las personas pertenecientes a estos pueblos de la Laguna.

"En esencia...", se lee al finalizar el comunicado: "... esta resolución nos devuelve a marzo del 2017 y coloca al Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio en una mejor posición para combatir, desde el inicio, al proyecto Chemours Laguna".