El 15 de diciembre de 2022, el Senado de la República aprobó el plan b de la reforma electoral, iniciativa presidencial que sustituyó a las modificaciones constitucionales que no pasaron del pleno porque el que apoyaba la propuesta no igualó o superó a las dos terceras partes del Congreso.
Así, el plan b de la reforma electoral, comenzó dividir opiniones entre las personas afines al actual gobierno y las opositoras a la 4T.
Con las modificaciones a las leyes secundarias que sí fueron aprobadas, ¿habrá influencia en el proceso electoral de Coahuila?
El plan b de la reforma electoral propone limitar el sueldo de los consejeros del INE y de todos los funcionarios electorales por debajo del ingreso mensual del presidente. Implementa medidas de austeridad por concepto de publicidad y propaganda gubernamental, permite que los funcionarios en activo puedan pronunciarse durante las campañas políticas, promueve la transferencia de votos para fortalecer las coaliciones partidistas, entre otros cambios.
No obstante, las modificaciones han provocado que organismos como el propio INE presenten controversias constitucionales, ya que consideran daña la autonomía y el margen de acción de la institución. Además, organizaciones de la sociedad civil y cámaras empresariales también han manifestado su preocupación al considerar que se estaría concentrando el poder y beneficiando a los funcionarios públicos en activo y limitando a las fuerzas opositoras.
Otro de los argumentos que se están utilizando en contra del plan b de la reforma electoral es que se limitaría la gestión presupuestal del INE, ya que todos los recursos con los que cuenten deberán estar debidamente etiquetados dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, es decir, se podría restar autonomía en el manejo y la gestión de los recursos.
Más allá de las controversias constitucionales presentadas ante la Suprema Corte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró inaplicable la reforma a los procesos electorales en curso, es decir, los de Coahuila y el Estado de México.
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El plan original, establecía modificar la Ley General de Comunicación Social en materia de propaganda gubernamental, de tal manera que los gobiernos pasaran de un límite de 3% del total de presupuesto asignado, a sólo el 0.1%.
Para las y los magistrados del Tribunal, la reforma incumple la regla de 90 días antes del inicio de un proceso electoral para su aplicación, por lo que ésta no tendrá efecto en las elecciones que renovarán las gubernaturas del Estado de México y Coahuila, así como el congreso local de la entidad norteña.
