"Fuerte Coahuila no fue cuando hay personas desaparecidas", es el título de un informe publicado por las organizaciones Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, Familias Unidas, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, en el que enumeraron las promesas incumplidas del gobernador, Miguel Riquelme, en materia de localización de víctimas, prevención del delito y castigo contra las personas responsables de haber cometido desapariciones forzadas.
Las organizaciones firmantes del informe "Fuerte Coahuila no fue", publicaron que el 1 de diciembre de 2017 el gobernador entrante, Miguel Riquelme, hizo 7 promesas puntuales para atender y resolver los problemas de las víctimas directas e indirectas de desaparición forzada.
Las promesas hechas por Miguel Riquelme fueron las siguientes:
● Promover una estrategia de colaboración con los estados vecinos.
● Establecer compromisos puntuales para compartir información y trabajar en forma coordinada en la búsqueda efectiva de las personas desaparecidas.
● Sancionar a los responsables por desapariciones históricas.
● Destinar mayores recursos, tanto materiales como humanos, a favor de las áreas que participan en la investigación y búsqueda de las personas desaparecidas.
● Capacitación de personal.
● Mayor infraestructura y mejor equipamiento para fortalecer la búsqueda.
● Atención integral a las familias de las víctimas.
En principio de cuentas, las instituciones firmantes recordaron que, en 2017, en Coahuila habían 2 mil 749 personas desaparecidas, mientras que para el fin del sexenio de Riquelme la cifra se disparó a 3 mil 320.
"El saldo de su balance de gobierno ES NEGATIVO. No se puede hablar de logros de gobierno cuando nuestra sociedad está herida por las personas que se encuentran desaparecidas y la impunidad va en aumento", cita el informe.
Por otro lado, pese a que se creó todo un marco normativo, fiscalías y centros de identificación y comisiones especializadas en localización de personas desaparecidas, éstas aún carecen de solidez institucional y de recursos suficientes para dar resultados.
"El presupuesto para la Comisión Estatal de Búsqueda ha sido limitado y condicionado, poniendo como pretexto que la Federación así lo impone, igual para la Fiscalía.
Justificaciones políticamente necesarias, obligando a los colectivos a tener que ir también a los estados financieros para pelear recursos para la búsqueda e investigación. La estrategia de yo no fui, fue el otro, es la historia de siempre, administrar el drama y crisis de Derechos Humanos, intentando tratar como personas sin capacidad de decidir sobre nuestras vidas. Pero no lo lograron."
En el mismo documento los colectivos de búsqueda manifestaron su preocupación de que en Coahuila se esté consolidando un presunto esquema de simulación como el que se construyó a nivel nacional, bajo el mando y directriz del presidente Andrés Manuel López Obrador.
"Nos preocupa que nos quieran hacer otra simulación como el Lic. Andrés Manuel López Obrador, presidente la República, con la Comisión Nacional de Búsqueda para reemplazar subcomisionada y como es costumbre de los partidos, tengan “planchadas” decisiones de perfiles de la Academia y del CRIH, para que el PRI siga capitalizando nuestro dolor.
Mientras los partidos, que son parte de los pactos de impunidad, sigan queriendo usarnos, nos van a matar. De lo cual serán también responsables.", refiere el documento.
Hasta el 9 de noviembre, día de publicación de informe "Fuerte Coahuila no fue", los colectivos de búsqueda señalaron que no hay respuesta a su demanda ni resultados claros en materia de localización de víctimas en vida.
"Hasta este 9 de noviembre del 2023, no hay respuesta a nuestra demanda: regreso a casa de todas las personas desaparecidas, verdad y justicia. NO MAS IMPUNIDAD."
