La Fiscalía de Coahuila informó a la Comisión de Derechos Humanos del estado que reabrirá una carpeta de investigación en contra de Gustavo García Torres, maestro pensionado e integrante de la Coalición de Trabajadores de la Educación, por presuntamente haber cometido los delitos de sedición, insultos a policías y amenazas de volar el Palacio de Gobierno.
A través de un comunicado, García Torres, quien, junto con maestros y maestras pensionadas, han manifestado su malestar por el desfalco que sufrieron las instituciones de seguridad social del magisterio coahuilense, lamentó el accionar de la Fiscalía General de Coahuila y explicó que el hostigamiento del que está siendo víctima forma parte de una estrategia de intimidación orquestada por el gobernador Miguel Riquelme y su sucesor Manolo Jiménez Salinas.
"La FISCALÍA DE COAHUILA entregó un oficio a la CDHEC "autónoma" informando que prácticamente reabre la carpeta de investigación sobre los delitos que me inventaron hace dos años (sedición, insultos a policías y amenazas de volar el Palacio de Gobierno) y que dará curso penal a mi caso.", informó Gustavo García.
El pasado 28 de agosto, Gustavo García acudió a la sede de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Coahuila para exigir se le diera seguimiento a su caso, referente a la detención arbitraria que sufrió hace dos años, cuando él y sus compañeros, se manifestaron por el deficiente servicio médico que reciben, así como por los desfalcos que sufrieron las instituciones que garantizan la seguridad social de los maestros en la entidad.
Justo ese día, García explicó en su comunicado que la Comisión, en voz de su nuevo presidente, José Ángel Rodríguez, se declaró incompetente, por lo que dio carpetazo final a su queja. Además, personal de la Fiscalía informó buscarán fincar un proceso penal en contra del activista.
Para Gustavo García, el hostigamiento judicial del que está siendo víctima está orquestado por Miguel Riquelme y Manolo Jiménez.
El próximo 14 de septiembre se cumplen dos años del plantón magisterial que fue retirado por Riquelme con uso excesivo de la fuerza. Desde ese momento, la Plaza de Armas de Saltillo está amurallada. Las manifestaciones siguen prohibidas.
"Luego del desalojo violento del Plantón de maestros el 14 de septiembre de 2021, el Gobernador Riquelme colocó las vallas que aún permanecen en la Plaza de Armas de Saltillo para protegerse de manifestaciones sociales y "sediciosos" perturbadores de la paz.", describió García.
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Ante la negativa de la Comisión de Derechos Humanos de emitir una recomendación para proteger al maestro pensionado y por el hostigamiento judicial del que está siendo víctima por parte de la Fiscalía de Coahuila, el también vocero de la Coalición de Trabajadores de la Educación de Coahuila responsabiliza a Miguel Riquelme y a Manolo Jiménez, de cualquier agresión, mal trato o intimidación que pudiera sufrir en un futuro.
"Por ello responsabilizo a ambos políticos de cualquier agresión o daño que sufra en mi integridad física, o del daño que, en el presente y el futuro, bajo cualquier forma se cause a mis familiares o compañeras y compañeros trabajadores de la educación, por elementos policiacos, civiles o grupos paramilitares al mando de ambos funcionarios y de sus subordinados o cómplices.", finalizó.
