Desde el Congreso de Coahuila, la diputada local, Lucila Valdés, presentó un punto de acuerdo en el que le exhortó al fiscal de Coahuila, Gerardo Márquez, que explique por qué no procedió legalmente contra Jorge Torres, ex gobernador interino de la entidad.
El punto de acuerdo dirigido al fiscal de Coahuila tiene como fin que el funcionario estatal aclare los motivos por los que no tienen argumentos para investigar y procesar a Jorge Torres López, sentenciado a 36 meses de prisión en Estados Unidos por lavado de dinero proveniente de sobornos para asignar contratos de obra pública en Coahuila.
La justicia norteamericana se metió en el caso porque el recurso fue ingresado y lavado en el sistema financiero norteamericano y en el transcurso de las investigaciones revelaron que este dinero provenía del erario estatal.
"Proposición con Punto de Acuerdo que presenta la Diputada Mayra Lucila Valdés González, del Grupo Parlamentario “Carlos Alberto Páez Falcón” del Partido Acción Nacional, “Mediante el cual propone que esta H. Diputación Permanente solicite al Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez, que rinda un informe detallado a esta soberanía acerca de sus declaraciones en el sentido de que, hasta la fecha presente, no existen elementos para proceder contra el exgobernador Jorge Torres”.", indica el punto de acuerdo.
La Fiscalía General del estado de Coahuila informó que siguen esperando los elementos de prueba complementarios enviados desde Estados Unidos para analizar el caso de Jorge Torres, sin embargo, las evidencias que se han dado a conocer en medios de comunicación y la propia confesión del ex colaborador de Humberto Moreira no han sido elementos suficientes para iniciar una indagatoria.
Jorge Torres López actualmente ya se encuentra en libertad y ha trascendido en medios locales que vive en la ciudad de Saltillo. La pena de 36 meses de prisión impuesta por la justicia norteamericana se cumplió porque las autoridades tomaron en cuenta el tiempo que pasó en prisión preventiva, de tal manera que el castigo fue retroactivo.
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Jorge Torres, Javier Villarreal y Luis Castillo aceptaron que participaron en una red de desvío de recursos a través de la compra y renta de aviones y horas vuelo. La empresa beneficiada fue Rajet Aeroservicios, cuyo propietario Luis Alfredo Rayet, también ha sido vinculado en declaraciones juradas.
Hasta el momento, las confesiones y toda la relatoría presentada ante las autoridades norteamericanas, no han motivado al fiscal de Coahuila o al Sistema local Anticorrupción a darle seguimiento y tratar de castigar a los responsables de robar dinero del erario coahuilense.