El pasado 22 de septiembre Alondra Elizabeth Gallegos García, de 22 años de edad, fue reportada como no localizada por la Unidad Especializada de Búsqueda Inmediata de la Fiscalía General del Estado de Coahuila.
La reacción de las autoridades fue tardía. La ley dice que, para reportar a una persona como desaparecida, hay que esperar 72 horas. Ese tiempo, en este caso, pudo haber sido útil para evitar el desenlace fatal, la muerte y el feminicidio de una joven con toda la vida por delante.
Las manifestaciones de indignación llegaron con puntualidad. El Centro Diocesano para los Derechos Humanos "Fray Juan de Larios" condenó el feminicidio de Alondra y la actuación de las autoridades. Grupos de feministas y colectivas se manifestaron en Palacio de Gobierno de Saltillo para exigir las renuncias de Gerardo Márquez Guevara, Fiscal General del estado y de Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila, por su lerda e ineficiente actuación en la prevención y combate hacia la violencia contra las mujeres.
Las pintas no se hicieron esperar, los mensajes de desprecio y desazón en contra del alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, también aparecieron. El atroz feminicidio de Alondra levantó el ánimo y la indignación del pueblo coahuilense. Vivimos en un Estado feminicida.
Tan sólo el año pasado Coahuila registró 25 feminicidios y más de 50 mil llamadas al 911 por violencia de género. En 2020, la entidad continúa como una de las líderes en temas de violencia familiar, brecha salarial entre hombres y mujeres y por supuesto violencia de género.
La sociedad coahuilense, pero sobre todo las mujeres coahuilenses exigen justicia para Alondra. La noche del domingo Miguel Riquelme dio a conocer a través de su cuenta de twitter que el presunto feminicida ya había sido aprehendido por las autoridades. ¿Sí el Estado tuvo la capacidad de capturar al culpable tan pronto, se puso haber salvado a Alondra si se hubiera actuado inmediatamente? Definitivamente las posibilidades de encontrarla con vida habrían sido mayores.
Mientras Miguel Riquelme y sus más cercanos colaboradores presumen que Coahuila es un estado seguro, las calles de sus principales ciudades son escenarios de riesgo y peligro para las mujeres.
La entidad las ha desprotegido, son ya un sector vulnerable, que no goza de los mismos privilegios que los hombres, que son asesinadas por motivos de género, que ganan menos dinero a pesar de estar calificadas para desarrollar mejor trabajo que los varones, que son violentadas en sus casas por sus esposos, hijos, sobrinos y hasta primos.
La desgracia y el trágico final que sufrió Alondra vino a despertar a la sociedad coahuilense. En las manos de Miguel Riquelme y sus colaboradores está una bomba de tiempo, mientras ellos continúan presumiendo la estabilidad social de Coahuila, las mujeres siguen desapareciendo y están siendo rasguñadas por un Estado de derecho fallido.
Seguramente las marchas y protestas continuarán esta semana. El gobernador y el propio fiscal deberían dar la cara a los familiares de las víctimas. ¿Continuarán escondiéndose a través de sus cuentas de redes sociales y ruedas de prensa a modo? ¿Tendrán el valor de asumir la responsabilidad por el feminicidio de Alondra y de todas las mujeres que perdieron la vida en Coahuila por motivos de género? Sólo el tiempo dará la respuesta, mientras tanto, las mujeres coahuilenses seguirán en la lucha.
