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Familias Unidas, el colectivo que documentó delitos de lesa humanidad

agosto 30, 2023

#ComunidadDeMedios | Camelia Muñoz | Heridas Abiertas El camino legal que siguió la agrupación les llevó a documentar cientos de casos de delitos de lesa humanidad y que denunciaron en el 2017 ante la Corte Penal Internacional. Fotos: Redes sociales Familias Unidas y archivo Camelia Muñoz Coahuila.- Cuando el colectivo de Familias Unidas en la […]

Familias Unidas, el colectivo que documentó delitos de lesa humanidad red es poder

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Familias Unidas, el colectivo que documentó delitos de lesa humanidad

agosto 30, 2023

#ComunidadDeMedios | Camelia Muñoz | Heridas Abiertas El camino legal que siguió la agrupación les llevó a documentar cientos de casos de delitos de lesa humanidad y que denunciaron en el 2017 ante la Corte Penal Internacional. Fotos: Redes sociales Familias Unidas y archivo Camelia Muñoz Coahuila.- Cuando el colectivo de Familias Unidas en la […]

Familias Unidas, el colectivo que documentó delitos de lesa humanidad red es poder

#ComunidadDeMedios | Camelia Muñoz | Heridas Abiertas

El camino legal que siguió la agrupación les llevó a documentar cientos de casos de delitos de lesa humanidad y que denunciaron en el 2017 ante la Corte Penal Internacional.

Fotos: Redes sociales Familias Unidas y archivo Camelia Muñoz

Coahuila.- Cuando el colectivo de Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas inició en agosto del 2013  con la documentación de 39 casos en el norte del estado, sus integrantes no imaginaron que llegarían a descubrir delitos de lesa humanidad al impulsar algo que ahora se conoce como “amparo buscador”.

Ese recurso implica la generación de un mecanismo de búsqueda inmediata, principalmente en los que se refiere a las desapariciones forzadas.

En el primer caso que se aplicó este protocolo fue en la desaparición de Víctor Manuel Guajardo Rivas, cuando su madre Hortensia Rivas, fallecida en el 2021 a causa de Covid-19, se apoyó en la abogada Ariana Denise García Bosque, quien con su estrategia legal, ha evitado por lo menos 150 desapariciones al emprender la movilización de búsqueda y obligado a las autoridades para presentar a las personas que en muchos casos fueron detenidas de forma arbitraria.

“Por primera vez presentamos un amparo desconociendo este título que ahora le colocan de ‘amparo buscador’. Particularmente lo que conocía yo como abogada es que este numeral 15 de la Ley de Amparo generaba obligación a los entes del Estado para la búsqueda de la persona desde el ámbito de sus competencias, pero también un mecanismo de protección”, explica la  representante de la asociación civil.

Y es que la participación de elementos de las corporaciones policiacas estatales y de la región norte del estado, principalmente de Piedras Negras, quedó evidenciada en el trabajo de unas pocas mujeres en ese entonces.

El mecanismo desarrollado a partir del 2013 era presentar una queja vía telefónica en la Comisión de Derechos Humanos del estado de Coahuila y, a la par, otras integrantes del incipiente colectivo acompañaban a las familias a interponer el amparo y otras más a presentar la denuncia por la desaparición ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (hoy Fiscalía General de Coahuila).

“Todavía no existía la Comisión de Búsqueda y entonces se activaban tres mecanismos legales que generaron un círculo; un cerco de protección para la persona desaparecida y generaba una exigencia”, recuerda García Bosque.

En ese tiempo se empezaba a conocer los casos de desaparición masiva en el municipio de Allende y cómo operaba el auto gobierno en el Centro de Readaptación Social varonil de Piedras Negras para incinerar al interior a quienes fueron privados de la libertad, entre ellos algunos menores de edad y mujeres.

El colectivo fue el empezó a denunciar la participación de los cuerpos de seguridad del estado y los metropolitanos como los responsables, no sólo de las desapariciones sino también de otros delitos.

“Empezamos a identificar cómo las policías a través de la detención ilegal generaban también el ocultamiento (privación de la libertad e incomunicación) y durante este ocultamiento de esta detención ilegal también se suscitaba otro delito que es la tortura y, más desafortunado aún que cuando se les pasaba la mano, como vulgarmente se dice, llegaban a privar de la vida”, refiere Ariana García.

El camino legal que siguió el colectivo les llevó a documentar cientos de casos de delitos de lesa humanidad y que denunciaron en el 2017 ante la Corte Penal Internacional. Comprobaron la participación de funcionarios públicos en las desapariciones, principalmente los elementos de seguridad del estado de Coahuila por sí solos o en complicidad con grupo delictivos responsables de las masacres de Allende y el reclusorio de Piedras Negras.

En esta tarea fueron apoyados por la Federación Internacional por los Derechos Humanos, quien remitió la comunicación hacia la CPI y que se tituló: “México: asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad”.

El trabajo también contó con el respaldo de la Diócesis de Saltillo a través del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, que en esos momentos estaba a cargo de Raúl Vera López, así como de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México.

Aportaciones para documentar desapariciones 

Como muestra de la efectividad del mecanismo diseñado, Familias Unidas habría localizado con vida 32 por ciento de los 405 casos de desaparición asentados en sus registros hasta el 2021, cuando presentaron el informe “Contexto y dimensiones de la desaparición de personas en el norte del estado de Coahuila”.

El colectivo también diseñó una base de datos que presentó ese mismo año y en la cual estableció contar con la mayor información posible y se determinaron 250 variables que permiten perfilar las características de las desapariciones en la región y su relación con otros delitos como tortura.

Esta base contiene información más completa que el propio Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, según han referido especialistas de Data Cívica y el Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense, con quienes colaboraron.

Sin embargo, al presentarse una serie de delitos y violaciones graves a los derechos humanos, la abogada llama “tortura institucional” a lo que prevalece desde entonces en Coahuila y que también se caracteriza por “sembrar” falsas evidencias para lograr su consignación ante el Ministerio Público y porque los médicos legistas  no señalan las lesiones generadas por el uso irracional de la fuerza. Con ello se impide la aplicación del Protocolo de Estambul y prolifera la impunidad.

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Familias Unidas ha logrado, a través de este mecanismo de búsqueda inmediata, localizar con vida a muchas de esas personas que fueron privadas ilegalmente de su libertad.

“Posiblemente hemos promovido arriba de 150 amparos desde el 2013 a la fecha, y con los cuales se impidió que quedaran como desaparición”, señaló la fundadora de la organización civil y advierte que el patrón de desaparición forzada permanece en la entidad porque no se sanciona a los elementos de los cuerpos de seguridad señalados como responsables.

Se enfrentan al poder 

A los pocos meses de empezar con las denuncias de la participación de grupos policiacos en delitos diversos en la región, Ariana García Bosque descubrió que las corporaciones operaban de forma ilegal ya que no aparecían como parte de los cuerpos de seguridad en la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública.

Los señalamientos contra el gobierno del estado por la creación de dichas agrupaciones denominadas Grupos de Armas y tácticas Especiales, los GATE, y sus versiones como GROMS y GATEM, generaron acciones de inseguridad para las integrantes de la organización.

Por el 2014 crecía la desacreditación y hasta acusaciones de parte del exgobernador Rubén Moreira Valdez, quien dijo que había quienes recibían pagos para manchar la imagen de los policías, entre ellos los y las periodistas que le daban cobertura a las desapariciones.

Aún así el colectivo no se frenó y logró denunciar que el gobierno estatal, en el afán por cerrar el caso de Allende, emitió actas ilegales de defunción pese a no tener evidencia concreta de la muerte de más de una treintena de personas que presuntamente fueron privadas de su libertad, asesinadas, incineradas y sus cenizas arrojadas al Río San Rodrigo.

Era diciembre del 2014 cuando esto ocurría y las denuncias públicas por parte de la abogada y Hortensia Rivas generaron  más reacciones adversas contra el colectivo, incluso amenazas de parte del entonces subprocurador que investigaba las desapariciones, el hoy magistrado Juan José Yáñez, al confirmar que el gobierno del estado, junto con  las actas de defunción, les entregó tierra y no restos o cenizas de sus seres queridos.

Esto provocó que el colectivo no fuera atendido por las autoridades estatales con la frecuencia como se hacía con otras organizaciones de familias de desaparecidos.

Ayudaba a denunciar 

Yolanda Vargas González empezó a apoyar a varias madres que buscaban a sus hijos en el norte del estado, entre ellas a Hortensia Rivas, que luego fundó y dirigió el colectivo, porque a ella no la apoyaron cuando ocurrió la desaparición de su hija Brenda Melina Zúñiga en junio del 2010. La joven tenía seis meses de haber egresado de la Academia de Policía y trabajaba en la corporación nigropetense.

Recuerda que el día de la desaparición de Víctor Manuel también se reportaron varios casos similares y decidieron unirse las familias para llevar a cabo la presión ante las autoridades.

Hortensia desconocía que Yolanda tenía a su hija desaparecida pero al enterarse emprendieron la lucha que ha permitido arropar a otras familias que por años mantuvieron en silencio la ausencia de sus seres queridos.

“Seguimos teniendo problemas, pero ahora las personas son localizadas, incluso, el mismo día de su desaparición por la presión ejercida hacia las autoridades”, explica quien ha visto crecer a la organización y a sus integrantes prepararse para emprender tareas en cinco áreas: búsquedas en campo, fortalecer la cuestión legal, impulsar la educación y la salud, además de promover la verdad y memoria.

“No le deseamos a nadie que esté en nuestros zapatos. Ahora representamos a más de 400 familias. Se siguen sumando familias y se siguen presentando denuncias por casos de larga data que por temor no querían hacerse visibles y ahora se sienten más protegidos con la asociación que estar solos contra el mundo”, concluyó.

Foto de la Semana

Colaboración a cargo del fotógrafo Saúl Sifuentes.

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