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Para frenar la sobreexplotación de las fuentes de agua dulce de la región lagunera, la contraloría autónoma del agua en La Laguna reveló una serie de propuestas para que el uso del agua en la región sea con perspectiva de derechos, no mercantiles.
En los próximos días, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentará el “Acuerdo por la Seguridad y Sustentabilidad Hídrica”, un proyecto que busca regular y ordenar el manejo del agua en el país, incluyendo el control sobre las concesiones y la transmisión de derechos.
En respuesta a esta iniciativa, representantes de 28 estados y 84 Grupos Promotores, Contralorías Autónomas Comunitarias, Regionales y Estatales, se reunieron los días 11, 12 y 13 de octubre en San Luis Potosí para conformar la Contraloría Nacional Autónoma del Agua y desarrollar propuestas en torno a este crucial acuerdo. La Región Lagunera destacó en esta discusión al presentar propuestas orientadas a resolver sus particulares problemáticas hídricas.
Dada la escasez de agua en la Región Lagunera, los representantes de la Contraloría Autónoma del agua en La Laguna solicitaron que se establezca una regulación específica que priorice el derecho humano al agua, especialmente en épocas de sequía. La propuesta busca que se garantice el abastecimiento suficiente de agua para consumo humano en primer lugar, y que cualquier otra actividad, como la agrícola o industrial, se realice respetando esta prioridad.
La vigilancia en las redes de distribución de agua es otra de las propuestas destacadas. Para evitar prácticas ilegales como el tráfico de derechos de agua, el huachicoleo (robo de agua) y el uso inadecuado de sistemas de riego, los representantes de la contraloría sugirieron la creación de mecanismos de monitoreo ciudadano. Esto incluiría la supervisión de los módulos de riego y la red de distribución, desde la presa Lázaro Cárdenas hasta los sistemas de riego parcelario. Este enfoque busca evitar el mal uso del agua que, según señalaron, resulta en la sobreexplotación de hasta un 30% de la superficie agrícola, así como en pérdidas de hasta el 50% del agua destinada al consumo urbano.
Para fortalecer la gestión sustentable, la contraloría propuso realizar un diagnóstico socio hídrico que identifique quiénes tienen concesiones de agua subterránea, la calidad de los recursos y las condiciones de infraestructura en los distritos de riego. Este diagnóstico permitirá verificar si las concesiones de agua están respaldadas en recargas adecuadas de los acuíferos y garantizará que el proyecto de Agua Saludable para La Laguna, en el que se planea tecnificar el riego, beneficie prioritariamente al sector social y no derive en prácticas de acaparamiento de derechos.
La tecnificación agrícola en La Laguna ha sido tema de debate, ya que, aunque se promueve como una medida para mejorar la eficiencia del uso del agua, sus efectos no siempre garantizan una reducción en el consumo. Los representantes propusieron que el proceso de tecnificación esté sujeto a cuatro condiciones: prohibir la venta de excedentes de agua de los distritos de riego; reorganizar los distritos bajo modelos democráticos y transparentes; eliminar la corrupción y el acaparamiento de derechos de agua; y, finalmente, revertir políticas de transferencia de distritos de riego para que el Estado recupere un rol rector conforme a la Ley de Aguas Nacionales.
La recuperación de los derechos de agua de los núcleos agrarios, asignados por resolución presidencial desde 1936, fue otro punto esencial en la reunión. Los asistentes pidieron que estos derechos se inscriban en una plataforma nacional coordinada por el Registro Agrario Nacional y Conagua para una gestión transparente. Asimismo, solicitaron acciones para la recuperación de los acuíferos, especialmente en la Región Lagunera, donde en 2022 se ganó un juicio de amparo que protege estos cuerpos de agua subterránea.
La posible privatización del agua, especialmente en Torreón, Coahuila, es un tema que preocupa a los representantes de la contraloría en la región. Señalaron que el agua debe ser considerada un bien público y no un recurso sujeto a fines de lucro, solicitando que cualquier medida encaminada a la privatización sea rechazada para proteger el acceso justo y sostenible al agua.
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La Región Lagunera, con estas propuestas, espera que el próximo Acuerdo por la Seguridad y la Sustentabilidad Hídrica que presentará la presidenta Claudia Sheinbaum refleje las demandas de sus habitantes, promoviendo un manejo del agua que asegure su disponibilidad para el consumo humano y agrícola, proteja sus acuíferos y garantice que su uso se realice de manera justa y transparente.
Colaboración a cargo del fotógrafo Saúl Sifuentes.
Colaboración a cargo del fotógrafo Saúl Sifuentes.
