En Coahuila agredieron a 27 periodistas en 2021, de acuerdo con el informe "Negación", presentado por la organización Artículo 19.
El documento publicado por la ONG defensora de los derechos de los periodistas y activistas defensores de derechos humanos fue lanzado en medio de un clima de estigmatización y violencia que están viviendo las y los reporteros en México.
Los datos indican que, durante todo el año pasado, en Coahuila fueron agredidos 27 periodistas. Esto pone a la entidad como la onceava más peligrosa para ejercer el periodismo en México, por detrás de estados como la Ciudad de México, Guerrero, Puebla, Michoacán, Yucatán, entre otros.
El documento incluyó en la data el asesinato de Saúl Tijerina, reportero del portal Noticias en la Web, como el único asesinato cometido contra un periodista en Coahuila el año pasado. El homicidio fue registrado el 22 de junio de 2021.
En todo 2021, en México se registraron 15 asesinatos contra periodistas y una desaparición. En lo que va de 2022, apenas con tres meses concluidos, la cifra ya fue rebasada.
Por otra parte, de 2018 a 2020 en Coahuila se han abierto 39 averiguaciones o carpetas de investigación contra periodistas o contra la libertad de expresión. De todas ellas, sólo en 10 casos se utilizó el protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión.
En Coahuila aún hay leyes que atentan contra la libertad de expresión. Pese a los discursos gubernamentales que promueven el libre ejercicio de las ideas, existen tipos penales que ponen en riesgo a quienes se dedican a informar y editorializar todos los días.
Artículo 19 señala que en Coahuila está vigente el delito de "ultrajes", definido como cualquier acción
cometida contra un servidor público en ejercicio de sus funciones.
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En Veracruz, por ejemplo, el gobernador Cuitláhuac García intentó promover este tipo penal, sin embargo la presión mediática y la propia Suprema Corte invalidaron la propuesta.
Además, en Coahuila también se sanciona el delito de "halconeo", definido como actos o conductas que buscan obtener información de las instituciones de seguridad pública, de persecución y sanción de delitos.