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Pasta de Conchos: la impunidad y simulación que persiste en la carbonífera

febrero 16, 2023

#ComunidadDeMedios | Camelia Muñoz | Heridas Abiertas Nadie fue procesado por esto, ya que los delitos que se imputan tienen que ver con cuestiones de la actividad productiva y no con la muerte de los trabajadores. A la memoria de los mineros fallecidos en siniestros en Coahuila y de sus familiares que murieron sin conocer […]

Pasta de Conchos: la impunidad y simulación que persiste en la carbonífera red es poder

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Pasta de Conchos: la impunidad y simulación que persiste en la carbonífera

febrero 16, 2023

#ComunidadDeMedios | Camelia Muñoz | Heridas Abiertas Nadie fue procesado por esto, ya que los delitos que se imputan tienen que ver con cuestiones de la actividad productiva y no con la muerte de los trabajadores. A la memoria de los mineros fallecidos en siniestros en Coahuila y de sus familiares que murieron sin conocer […]

Pasta de Conchos: la impunidad y simulación que persiste en la carbonífera red es poder

#ComunidadDeMedios | Camelia Muñoz | Heridas Abiertas

Nadie fue procesado por esto, ya que los delitos que se imputan tienen que ver con cuestiones de la actividad productiva y no con la muerte de los trabajadores.

A la memoria de los mineros fallecidos en siniestros en Coahuila y de sus familiares que murieron sin conocer la justicia.

A 17 años de la tragedia que dejó a 65 muertos, 63 de ellos aún sepultados en el lugar, en la región carbonífera de Coahuila, la muerte de mineros continúa y hay casos de familias donde más de uno de sus integrantes perdieron la vida o quedaron con alguna discapacidad en el mismo o diferente siniestro.

Nadie fue procesado por esto, ya que los delitos que se imputan tienen que ver con cuestiones de la actividad productiva y no con la muerte de los trabajadores.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que la “garantía de no repetición” obliga a la autoridades a eliminar los factores que permitan o favorezcan la violación a las garantías individuales, pero en el caso de lo ocurrido en la mina Pasta de Conchos esto aún no se alcanza.

En entrevistas por separado, Elvira Espinoza Martínez y Guillermo Iglesias, viuda e hijo de trabajadores mineros que quedaron sepultados en la mina propiedad de Grupo México, explican por qué no se logra acceder a la justicia, y comentan que los trabajadores piensan que cada día es posible no salir con vida de las minas.

Para Espinoza Martínez, viuda de Jorge Bladimir Muñoz Delgado, no sancionar penalmente los siniestros, haya o no fallecidos, es lo que permite que ocurran casos como los de Pasta de Conchos, pues los concesionarios o dueños del carbón extraído siguen en libertad y operando la extracción del mineral al pagar una multa.

Ella fue una las viudas que tardó en aceptar las actas de defunción irregulares con las que obtendría una pensión a través del Seguro Social, y señala que si hubiera voluntad para evitar que ocurrieran más inundaciones en las minas, derrumbes o explosiones, como mínimo, las autoridades debieran hacer más inspecciones.

Como ejemplo mencionó lo ocurrido en junio del 2021, cuando en la comunidad de Rancherías, en Coahuila, se inundó y desplomó la mina de arrastre propiedad de la empresa Micarán, en la que murieron 7 trabajadores. La Secretaría del Trabajo clausuró la mina en ese momento, pero ya opera de nuevo.

“Entonces tampoco sirve que les pongas un sello y te vayas, porque ellos como quiera siguen trabajando. Los poceros nunca van a detenerse si no se ponen medidas más estrictas. Nosotras siempre hemos pedido que se penalicen estos actos y que las responsabilidades caigan en lo penal y no en una multa económica. Si hubiera algo judicial, con una condena que les impida estar en libertad y seguir trabajando, ellos lo pensarían un poco más”, señaló Espinoza Martínez.

Para que estas sanciones se lleven a cabo, comentó Espinoza Martínez, es necesario que las autoridades revisen un marco legal para que, en caso de que haya lesionados o muertos en los siniestros, se sancione con cárcel y se considere un homicidio doloso, no imprudencial.

“A mí me molesta que en el caso de El Pinabete, el proceso se lleve por extracción ilícita de carbón. Está bien porque no tiene los permisos para operar, pero ¿y la muerte de los trabajadores?, ¿por ese delito quién paga?, pues nadie. Realmente la vida de los trabajadores no importa porque no hay nadie que se haga responsable”, señala Espinoza Martínez al recordar que no se castigó a funcionarios o empresarios de Grupo México por la muerte de su esposo y de los más de 60 mineros, cuyos cuerpos siguen atrapados en Pasta de Conchos.

En los 17 años transcurridos desde la explosión que cimbró la mina en San Juan de Sabinas, ni los legisladores o alguna autoridad consideran que endurecer las sanciones, más allá de la cuestión administrativa y multas, puede ser una posibilidad para evitar que ocurran este tipo de siniestros.

Las personas que representan a la Organización Familia Pasta de Conchos pidieron las garantías de no repetición en el 2018, cuando la Corte Interamericana  (CIDH) dio entrada a la petición que se hizo en el 2010. Luego se reiteró el compromiso que se firmó en el 2020, entre los deudos y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para el rescate de los cuerpos.

Nada se hizo para impedir accidentes. En el 2021 se suscitó el siniestro de Rancherías, cuando una inundación provocó el desplome de la mina de Micarán, donde murieron 7 trabajadores, cuyos cuerpos sí fueron rescatados; en agosto del 2022 los cuerpos de 10 mineros siguen sin ser localizados, luego de quedar atrapados, en el predio El Pinabete.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en el 2018 la CIDH admitió la denuncia de las familias por el argumento de que “a 12 años de los hechos no se habían determinado las causas de la explosión, la presunta responsabilidad de servidores públicos, ni se han recuperado los cuerpos de los trabajadores mineros”. Tal como aún se encuentra el caso en el 2023.

URGEN REFORMAS QUE  PROTEJAN A LOS TRABAJADORES 

Para Guillermo Iglesias, perito en geología, investigador y docente en la rama de la minería, urgen reformas para que se responsabilice a los concesionarios en caso de que en un siniestro los mineros sufran alguna discapacidad, pierdan la vida o sus cuerpos no puedan rescatarse.

Su padre es uno de los 63 mineros que quedaron atrapados en Pasta de Conchos.

“El que haya mucha gente involucrada provoca que al final no se responsabilice a nadie, pero ante la Secretaría de Economía los responsables de las explotaciones de carbón son los concesionarios, no el prestanombres o el que le está trabajando al concesionario, o al supervisor o a la empresa subcontratada. Si no hay ese castigo, el concesionario no se va a aplicar nunca, aunque sea el responsable”, sostuvo.

Iglesias también señaló que las mismas autoridades propician que no se respete la reglamentación en la materia, ya que no se exige que los concesionarios reporten, mes tras mes, al Servicio Geológico Mexicano cualquier obra minera que modifique los límites topográficos. Además, considera necesario cambiar al personal de esa área, pues existen vicios y los responsables permiten situaciones que llevan al peligro a los mineros.

Menciona que con el escaso personal del que se dispone, es difícil que se logre que los dueños de los predios y/o concesionarios de los llamados “pocitos” cumplan a cabalidad con sus obligaciones, esa es la causa de que surjan figuras diversas que diluyen la responsabilidad en caso de un siniestro. Como ejemplo, en la mina El Pinabete el único detenido es quien aparece como patrón ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero no es el concesionario.

Iglesias considera que en la Ley Minera es donde debe quedar establecido que la responsabilidad caerá en quien tenga la concesión del predio donde se lleva a cabo la explotación.

“Ocurre que el concesionario renta a otra persona más, pero sigue ganando. Esto pasa ahora con la presidenta municipal de Múzquiz (Tania Flores), que quiere comprar Minosa y Micare, pero la concesión sigue a nombre de los Ancira porque ellos la tienen por 20 años; o el caso de las propiedades de los Montemayor o de Armando Guadiana, quienes rentan las concesiones”.

El perito en materia minera señala que “las lagunas en la normativa permiten que la actividad de extracción del carbón, de por sí peligrosa, ponga en riesgo constante a los trabajadores, ya que en muchos casos se contrata a personal no apto para medir los peligros del subsuelo y ocurre lo del Pinabete, donde no se percataron que el bordo de contención del agua ya no estaba”.

“En el caso de Pasta de Conchos el asunto fue geopolítico. El gobierno los mató junto con la empresa porque se los echaron; ellos querían que tronara y así fue. Contrata ingenieros malos, contrata expertos malos y que hagan lo que quieran para sacar dinero y vemos que sucede lo que ocurrió; pues que explotó”, asegura y agrega que bajo ese contexto resulta imposible que dejen de ocurrir siniestros mineros o que disminuyan las probabilidades de que se generen más incidentes.

La Organización Familia Pasta de Conchos tenía el registro de 310 eventos mortales desde 1883 y 2017, además 3 mil 103 fallecimientos registrados derivado de estos siniestros, según el informe El Carbón Rojo de Coahuila: Aquí acaba el silencio.

INVERSIÓN MILLONARIA NO ES PARA RESCATE

Iglesias ha estado cerca de las labores que empezaron hace meses para llevar a cabo el rescate de los 63 mineros en Pasta de Conchos. Asegura que las tareas no tienen esa finalidad y, con un memorial, las autoridades federales pretenden simular que no se permitirá que haya nuevos derrumbes, explosiones o inundaciones en las minas y pozos de carbón, pero en realidad quieren tapar la zona y las mismas prácticas continuarán: “el minero seguirá bajando con el temor de que puede ser la última ocasión que lo haga”.

Señaló que las autoridades le apuestan al desgaste de las familias, al olvido y a que poco a poco vayan muriendo los peticionarios ante la CIDH, mientras que la autoridad federal maneja el discurso de que siguen las pláticas amistosas, tal como se han comprometido ante el organismo internacional.

Sin embargo los errores en la planeación delatan a las autoridades y el ejemplo no sólo es Pasta de Conchos, también El Pinabete. Ante ello, Iglesias le suma los anuncios de las millonarias inversiones con pocos resultados.

“Esto es un pinche show, esto es cuestión de chingo de dinero: haz algo grandote para que haya una inversión grandota, pero el objetivo, que es el rescate y la recuperación de los cuerpos, no se va a hacer porque no está planeado para eso. Están haciendo inclinados de 200 metros, pero en este tipo de obras debe hacerse tres o cuatro tiros verticales que van directo al núcleo. Tampoco es necesario el uso de explosivos. Así como van se llevará mucho tiempo y no se va a terminar para cuando acabe el gobierno de López Obrador”, puntualizó.

Como prueba de lo anterior, indicó que se contrataron empresas que no tienen experiencia en el ramo y que abandonaron los trabajos, para después subcontratar los servicios de compañías locales. El costo por todo el plan de trabajo en la mina fue establecido en 75 millones de dólares, según registros hemerográficos que citan fuentes de la Presidencia de la República.

REGIÓN ABANDONADA Y ENFERMA

Tanto Guillermo Iglesias como Elvira Espinoza Martínez consideran que en este contexto, la población en la región carbonífera se mantiene en la pobreza y la inseguridad laboral en la minería.

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Elvira recuerda que para que su esposo fuera atendido en Medicina del Trabajo por problemas de salud, principalmente los respiratorios, resultaba muy complicado, y para quienes no estaban sindicalizados era aún más difícil.

Por ello la precaria calidad de la salud de los mineros y de sus familias se vuelve tema relevante, pero sólo es cuando ocurre un nuevo siniestro que las autoridades y la sociedad mantienen la vista en la región, pero al poco tiempo se olvida.

Ambos coinciden en que no hay alternativas de trabajo para la zona, ya que las maquiladoras tienen salarios muy bajos y ni el estado ni la federación consideran que en la región carbonífera se merecen mejores condiciones de vida.

“Siguen los mismos dueños; empresarios y políticos con las concesiones pero, cuando pasa algo, a ellos no se les toca”, dijo Iglesias.

Foto de la Semana

Colaboración a cargo del fotógrafo Saúl Sifuentes.

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