La Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación en contra de la maestra Patricia "N", al existir evidencia que ejercía acoso escolar en contra del alumno que la agredió el pasado 4 de octubre en Ramos Arizpe.
El equipo de abogados de Asaid "N", menor de 14 años que agredió a su maestra en la escuela secundaria Rubén Humberto Moreira Flores en Ramos Arizpe, Coahuila, presentó evidencia ante el juez calificador que presuntamente acredita que la maestra, Patricia "N", ejercía acoso escolar en contra de su defendido.
Fue, por tal motivo, que el juez reclasificó la denuncia por tentativa de feminicidio a lesiones leves e indicó que se abrirá una carpeta de investigación para determinar si la docente ejercía violencia psicológica en contra de su alumno.
Por las evidencias presentadas, el juez ordenó al Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía General del Estado, a que abra una carpeta de investigación en contra de Patricia "N", misma que será elaborada en conjunto con la Secretaría de Educación Pública estatal.
Hasta el momento, la secretaría de educación, cuya cabeza es Francisco Saracho, no ha confirmado si la maestra está siendo investigada ni su estatus laboral actual.
En noviembre de 2015 se publicó en el Diario Oficial del Estado la Ley para la Prevención, Atención y Control del Acoso Escolar para el Estado de Coahuila de Zaragoza. En ésta se incluyen acciones de prevención, sanción, conceptos y actores que pudieran formar parte de un circulo de violencia en contra de un alumno o alumna.
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El artículo 36 indica que para el personal escolar que incumpla con las disposiciones establecidas en la Ley se hará acreedor a las siguientes sanciones:
I. Reporte en su expediente personal.
II. Suspensión en el ejercicio de sus labores docentes o administrativas, hasta por un año, sin goce de sueldo, y sin ser computado para efectos de antigüedad; (REFORMADA, P.O. 31 DE ENERO DE 2020).
III. Inhabilitación para desempeñarse en cualquier cargo del personal escolar por un año o más, o en forma definitiva. La Secretaría podrá apercibir de manera privada a la institución educativa que incumpla con las 15 obligaciones de esta Ley, amonestarla públicamente cuando se reincida en el incumplimiento o proceder a su clausura cuando las dos sanciones anteriores hayan sido insuficientes para subsanar el incumplimiento.
IV. Las demás sanciones previstas en las disposiciones jurídicas aplicables en materia administrativa, civil o penal.
