El abuso policial y los atropellos a los derechos humanos por los conocidos guardianes del orden público son una práctica sistemática que, en los tiempos de la pandemia por el covid-19, parecen encontrar uno de sus niveles más altos.
Durante la semana que terminó el tema cobró fuerza por la difusión de los casos de Giovanni López en Jalisco y George Floyd en Estados Unidos, pero la respuesta del estado fue precisamente más violencia en contra de las voces que claman justicia y que se sienten hartas de los hechos que marcan la vida diaria.
En Guadalajara las protestas que de jueves a sábado tuvieron lugar por el asesinato y tortura de un albañil por no usar cubreboca sirvieron de excusa para la clase política de aquel Jalisco para catapultar sus intereses de atención mediática y crítica hacia el gobierno federal, aunque no contaron con el estallido social que ocurrió y que dio la vuelta al mundo.
La desaparición y detención de alrededor de 30 personas obligó al gobierno de Enrique Alfaro Ramírez a ordenar la liberación de los detenidos y disculparse por lo ocurrido, al argumentar que nunca fue decisión de su administración retener a la gente, los agentes actuaron por su cuenta y que incluso el crimen organizado pudo infiltrarse en las manifestaciones.
¿Qué podemos pensar de declaraciones como esa? Primero nos lleva a cuestionarnos quién gobierna el estado y controla la policía de esa región de país.
Los atropellos y maltrato policial no terminaron ahí, pues anoche un grupo de manifestantes en la Plaza Mayor en Torreón fue reprimido por elementos de la Policía Municipal. Los videos y pruebas de lo ocurrido inundan hasta hoy las redes sociales, además de que colectivos en favor de los derechos humanos ya se pronunciaron en torno a la detención de siete personas, entre ellas dos menores de edad.
El argumento de la autoridad siempre es el mismo: disturbios y daños a la propiedad pública requieren la intervención de las policías para evitar más hechos que dañen a la comunidad.
Cabría preguntar: ¿es tan ofensiva y dañina una protesta con pintura lavable en la explanada de una plaza cuando literalmente la gente está harta de que abusen de ellos?, ¿para qué detener de forma violencia a los participantes?, ¿por qué incomunicar a las personas de sus familias y a las organizaciones tras su aprehensión?, ¿dónde están los protocolos de respeto a las garantías individuales que año con año nos presumen?
Son preguntas que el alcalde Jorge Zermeño Infante deberá responder. Se agregan otras tantas por hechos de violencia a la población civil por parte de policías y que también tendrían que aclarar exalcaldes como Eduardo Olmos y el hoy gobernador Miguel Riquelme Solís.
Recordemos que en Torreón han ocurrido varios atropellos por el abuso de autoridad y cómo olvidar casos tan emblemáticos como el de Mónica Esparza, que fue detenida, torturada e incriminada por delitos del crimen organizado con su hermano y esposo hace siete años por oficiales municipales.
Los tiempos de la pandemia evidencian la peor cara de muchas cosas y las corporaciones de seguridad no son la excepción, más si hablamos de decretos y políticas públicas opresivas que dan rienda suelta a abusos de autoridad.
Hoy nos queda reflexionar en torno a cada caso que se va presentando y pasar a la acción para exigir a nuestras autoridades cuentas para depurar de forma genuina esas policías que tanto daño ocasionan en diversos escenarios.
