El 2 de octubre no se olvida. Miles de estudiantes fueron reprimidos y otros cientos más asesinados, por el Estado Mexicano. La libre expresión de las ideas estaba limitada. No se permitía pensar, mucho menos criticar al gobierno. Ya se cumplieron 55 años de la tragedia y la historia se sigue repitiendo.
El 2 de octubre de 1968 fue un parteaguas para la historia contemporánea de México. Las heridas no han cicatrizado. Las víctimas sobrevivientes recuerdan con tristeza y desagrado la violencia a la que fueron sometidas. No hubo misericordia. El brazo armado del Estado trató de silenciar a todas las voces críticas que se interpusieron en su camino. El miedo a la resistencia civil no tiene comparación. Hoy, 55 años después, la fobia contra las movilizaciones sociales sigue intacta.
El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, se distingue, entre otras cosas, por ser un funcionario intolerante hacia la crítica. Sus reacciones represoras tomaron fuerza desde que fue alcalde de Torreón, entre 2014 y 2017.
En audios que ya fueron eliminados de redes sociales, Miguel Riquelme fue sorprendido, durante su gestión como alcalde, dando órdenes para investigar a mujeres activistas que estaban en contra de las decisiones que estaba tomando como titular del Ayuntamiento de Torreón.
En su momento, Riquelme no respondió a los señalamientos y trató de borrar el tema con una estrategia que le sigue funcionando ahora como gobernador: el silencio mediático.
También, ya como mandatario estatal, hace dos años el mandatario ordenó retirar un plantón pacífico que estaba instalado en la Plaza de Armas de Saltillo, frente al Palacio de Gobierno. La manifestación era encabezada por personas adultas mayores, integrantes de la Coalición de Trabajadores de la Educación Pública de Coahuila.
Este grupo de maestros y maestras llevan años luchando para que se mejore la atención de las instituciones de seguridad social del magisterio, señalan presuntos desvíos de recursos del fondo de pensiones y exigen se respete el mandato de la Suprema Corte de Justicia que obliga a la autoridad reparar el daño y garantizar sus derechos, particularmente en materia de cobros de jubilaciones y acceso a atención médica en los hospitales del Magisterio.
En La Laguna las conductas represoras no son nuevas. Las manifestaciones, sistemáticamente, son disueltas con sendos operativos policiacos. La libre expresión de las ideas está limitada gracias a un diseño mediático y gubernamental que funciona con la exactitud de un reloj suizo.
En marzo de 2018, habitantes de los ejidos Pueblo Nuevo, el 7, entre otros, fueron brutalmente reprimidos por elementos de la policía municipal de Gómez Palacio. Presuntamente bajo las órdenes de la entonces alcaldesa, Leticia Herrera, los pobladores tenían instalado un plantón permanente en las puertas de Chemours, una empresa dedicada a la producción de cianuro de sodio que pretendía operar justo en medio de las comunidades.
Pese a la represión, el acoso judicial y la presión ejercida a través de cortes de agua y vigilancia masiva, el plantón no se retiró y, finalmente, con el pasó del tiempo, Chemours tuvo que retirar su inversión, vendiendo lo ya instalado a la empresa checa Draslovka.
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Otro ejemplo que no honra la memoria de las víctimas del 2 de octubre es una pequeña manifestación que fue disuelta por la policía municipal de Torreón, justo durante el primer año de la administración de Román Alberto Cepeda.
Habitantes del Ejido San Luis bloquearon la lateral del Periférico para exigir se les permitiera utilizar agua tratada para sus cultivos. Más allá de que el motivo fuera viable, la secretaría del ayuntamiento ordenó la detención de algunos de los integrantes de la protesta y presentó una denuncia para vincularlos a proceso por el delito de obstrucción de la vía pública. Fue la primera vez en la historia que se vinculó a proceso a una persona por manifestarse en la historia reciente de Coahuila.
Para recordar el 2 de octubre de 1968 no solo se amerita una actividad cívica o una mención en medios de comunicación. Las autoridades deben entender que vivimos en un país y en una región plural. La libre manifestación está garantizada por la Constitución, sin embargo, en Coahuila, Durango y sus alrededores la seguridad de la ciudadanía no está garantizada si un grupo se atreve a organizar una protesta sin pedir permiso.
Hoy la Secretaría del Ayuntamiento de Torreón insiste en que, para manifestarse, hay que pedir permiso en Presidencia para no tener problemas legales. Así, la libertad de expresión en la ciudad, así como en Coahuila y en diversas partes del país, está limitada y no honra la memoria de las víctimas caídas hace 55 años.
Miguel Riquelme será recordado como un gobernador represor, que supo fincar todo un aparato mediático, a base de convenios publicitarios, para recibir la menor crítica posible. Será recordado por mandar reprimir a los maestros y por diseñar estrategias de choque para disolver manifestaciones.
En Coahuila, Durango y La Laguna no se rinde tributo a la sangre derramada por los estudiantes el 2 de octubre de 1968. La democracia no existe y la libertad de expresión sólo es una metáfora discursiva sin fundamentos, hueca y que simplemente no está garantizada.
