¿Pa´delante a pasos de gigante, o pa´trás a pasos de cangrejo?

Por Gustavo García Torres

La disyuntiva para curar el cáncer que mata la seguridad social del magisterio.

La muerte sigue rondando las clínicas del magisterio, ha dicho la Coalición de Trabajadores de la Educación para dimensionar la gravedad del problema que prevalece en el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación de Coahuila, pero ahora, ante los últimos y conmovedores sucesos, un amigo maestro precisa: "No, la muerte ya no ronda esas clínicas, la muerte ya está adentro." 

Es cierto, desde hace años la muerte está ahí, acechando en los pasillos y habitaciones, a la espera de un descuido, una negligencia, una tardanza en la realización de una cirugía o un procedimiento de hemodiálisis, radiación o quimioterapia; la muerte ya hizo de esas clínicas su aposento, y ahí deambula, día y noche, lista para aprovechar la falta de medicamentos, de equipo o de instrumental, atenta a que la indiferencia, la indolencia o el absurdo e infame burocratismo complique y entorpezca la atención porque falta un papel, un convenio, una carta de autorización para una intervención urgente.

Todo eso y más espera la muerte para llevarse a otra persona, así sea un adulto, como el maestro Pascual Francisco Ibarra, fallecido en noviembre pasado, o infantes, como Adan y Danae, los gemelos que perdieron la vida hace unas semanas. Lamentablemente no son los únicos casos, los medios de comunicación han referido otros hechos funestos ocurridos en años anteriores y hay muchos otros que por diversas razones los afectados y familiares no los hacen públicos. Y es que desde hace 13 años las cosas van de mal en peor. La falta de atención es el pan de cada día de muchos pacientes. Como si de un calvario se tratara, un viacrucis terrible es el que padecen los derechohabientes que van de Herodes a Pilatos en busca de que su enfermedad sea curada, pero la atención que por ley merecen no llega. La respuesta de las autoridades en la mayoría de los casos: no se puede, no hay condiciones, no hay dinero, hay que esperar, esperar, esperar, y en esa espera les va la vida a los pacientes.

Es cierto que todo este deterioro, esta serie de carencias y deficiencias viene de varios sexenios atrás, pero por mandato popular, desde el pasado 1° de diciembre esa obligación constitucional compete ahora al actual Gobierno del Estado.

Con esa premisa, y a partir de la demanda de la Coalición de Tabajadores de la Educación, el Gobierno ha abierto ya el diálogo con los derechohabientes y se han tomado las primeras medidas emergentes. Por disposición del Gobernador Manolo Jiménez, bajo la coordinación del Secretario de Gobierno, Oscar Pimentel, se acordó con la Coalición la puesta en marcha de un mecanismo mediante el que se está dando atención a casos urgentes.

A la par se instalarán cuatro mesas de trabajo en las que se plantearán las decisiones y acciones que apunten hacia la solución integral del problema en los diferentes aspectos de la seguridad social: salud, pensiones, vivienda y seguro de vida, pero por la gravedad del problema se iniciará con la mesa de salud, en la que esperamos haya verdadera VOLUNTAD POLÍTICA para poder revertir la serie de situaciones que a lo largo del tiempo se han articulado de tal forma y a tal grado, que constituyen un esquema perverso de violencia estructural contra los derechos humanos.

Por ello, es necesario que se tomen decisiones y se implementen acciones que de manera concreta y tangible aterricen el sentido que, hasta ahora en el discurso, supone el esolgan político de Manolo Jiménez: "Pa' delante, a pasos de gigante".

Si de verdad se quiere resolver el problema de fondo y acabar con sus causas, pasos de gigante se darán cuando el gobierno asuma, sin titubeos y como lo ordena la Constitución de Coahuila, el mando total de las instituciones de seguridad social del magisterio, empezando por el Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación.

Pasos de gigante se darán cuando el Gobierno, en acatamiento de lo dispuesto en la Ley de la Administración Pública y la Ley de Entidades Paraestatales, supervise el funcionamiento de esas instituciones, en tanto organismos públicos descentralizados a su cargo, tome el timón, ponga orden y corrija anomalías en esas dependencias gubernamentales.

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Pasos de gigante se darán cuando el Gobierno pague los varios miles de millones de pesos que adeuda al fondo de pensiones y conmine a las Universidades, al FOVI y al SEGURO DEL MAESTRO, a que paguen también los cientos de millones que le deben al servicio médico, y también a pensiones.

Pasos de gigante se darán cuando se ponga fin a la serie de irregularidades administrativas que prevalecen tanto en el SERVICIO MÉDICO, DIPETRE, FOVI Y SEGURO DEL MAESTRO, que año con año señala la Auditoría Superior del Estado y que han derivado en denuncias penales que siguen durmiendo el sueño de los justos.

En fin, muchos son los rubros donde el Gobernador Manolo Jiménez tiene la gran oportunidad de demostrar al magisterio -y por ende a los coahuilenses- que va en serio contra la corrupción, la impunidad, el desorden administrativo y el retraso en las aportaciones patronales, los cuatro males que tienen al borde del colapso total el sistema de salud, las pensiones, la vivienda y el seguro de vida de los trabajadores de la educación.

Veremos y diremos si en efecto se dieron pa' delante los pasos de gigante y no saltos de cangrejo, que nos lleven pa' tras y que la Muerte siga reinando en su danza macabra.

Septiembre, mes de la represión, o El Conde en Coahuila

Gustavo García Torres

¿Qué tienen en común las represiones contra las manifestaciones magisteriales en Coahuila con un hecho ocurrido hace 50 años en Chile, donde Augusto Pinochet traicionó a Salvador Allende y orquestó el golpe militar para derrocarlo? Además de otras similitudes, propias del carácter dictatorial, destaca una curiosa coincidencia: la vileza contra Allende y el pueblo chileno fue perpetrada por Pinochet en el mes de septiembre (el día 11) de 1973. Los recurrentes actos represivos contra el magisterio estatal han sido ejecutados en septiembre. Recordemos:

16 de septiembre de 2015

Siendo Alcalde de Torreón, Riquelme ordenó a sus huestes policiacas agredir a un contingente del Movimiento Magisterial de Coahuila (MMC) que en el marco del festejo del inicio de la lucha por la independencia de México, en ejercicio de su derecho a la manifestación pacífica, marchó  junto a diferentes sectores sociales, exponiendo sus críticas e inconformidades por la Reforma punitiva (mal llamada Educativa) de Peña Nieto contra el magisterio nacional. "...policías municipales los interceptaron para impedir el paso...empezaron a forcejear con los maestros, uno de los cuales cayó al suelo...Las y los maestros se llevaron patadas y golpes en diversas partes del cuerpo..." (El Siglo de Torreón, 17 de septiembre, 2015).

Lejos de desaparecerlo o disgregarlo con esas agresiones, el Movimiento Magisterial de Coahuila sigue activo en diferentes ámbitos del tema educativo; hoy sus integrantes son los que están dando una digna batalla en defensa de la entrega de los libros de texto gratuitos, secuestrados por Riquelme.

26 de septiembre de 2018

Ese día se llevó a cabo el aberrante desalojo de maestros en el Congreso de Coahuila, agresión ordenada también por Miguel Riquelme. Pedíamos los integrantes de la Coalición de trabajadores de la Educación que se modificara la Ley del Servicio Médico y se eliminaran todos los artículos que contenían disposiciones violatorias del derecho humano a la salud.  Exponíamos razones y principios constitucionales, Riquelme en cambio traicionó a la Coalición, no cumplió su palabra de buscar acuerdos mediante el diálogo, recurrió al garrote y, fiel a su lema "Menos política, más carácter", envió a sus esbirros para sacarnos a golpes del Congreso. No contento con eso, orquestó una persecución judicial contra cuatro de los coordinadores de la Coalición: nos acusó del delito de motín.

Luego de un año y medio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dio la razón: emitió, por unanimidad una RESOLUCIÓN HISTÓRICA: declaró inconstitucionales todos los artículos de la Ley que con la fuerza impuso Riquelme y que establecían costos extraordinarios con cargo a los derechohabientes para poder recibir servicios médicos.  Ese acto de justicia en favor de nuestro movimiento enfureció a Riquelme.  En venganza contra el magisterio, endureció aún más su renuencia a resolver los problemas e intensificó sus acciones represoras.

14 de septiembre de 2021

Luego de 135 días de permanencia en el segundo Plantón Magisterial en la Plaza de Armas de Saltillo,  exigiendo solución a nuestra problemática, Riquelme volvió a hacer de las suyas.  No obstante que luego de muchas presiones nos recibió en su despacho el 28 de julio de aquel año y empeñó su palabra para implementar soluciones de fondo a los distintos problemas, nos traicionó nuevamente: la madrugada del 14 de septiembre envió a cientos de policías y civiles que de manera violenta desalojaron el campamento, cercaron la Plaza con vallas y prohibieron el acceso de la ciudadanía y de "sediciosos" perturbadores de la paz del Gobernador. En consonancia con su estrategia de persecución judicial, el que esto escribe fue encarcelado injustificadamente bajo la acusación del delito de sedición y amenazas de volar con petardos el Palacio de Gobierno.

2023. Otra vez septiembre

Como respuesta a mi reclamo ante omisiones, retrasos y dilación deliberada de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) en mi queja por aquel encarcelamiento y por la violación de mis derechos, el Gobernador de Coahuila ha ordenado una nueva persecución judicial.  El pasado 28 de agosto, acompañado de ciudadanos y trabajadores de la educación acudí a esa dependencia para exigir seguimiento a mi queja.    "Casualmente" ese mismo día la FISCALÍA DE COAHUILA entregó un oficio a aquella Comisión "autónoma", informando que reabría la carpeta de investigación sobre los delitos que me inventaron hace dos años para dar curso penal a mi caso. Con ese pretexto, el 5 de septiembre la CDHEC se declaró no competente y le dio carpetazo a mi queja. Así que la Fiscalía, esa otra dependencia "autónoma", está lista para instrumentar la persecución judicial en mi contra.

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"Pero esos hechos no tienen ni la dimensión, ni el horror o las funestas consecuencias de los crímenes de Pinochet," pensará alguien.  Toda proporción guardada con aquel dictador, no deberíamos minimizar la potencial capacidad del nuestro para seguir una línea de ascenso.

En El Conde, la más reciente película del director chileno Pablo Larraín, este propone en su satírica ficción, no exenta de referencias históricas, que Pinochet es un vampiro que desde hace siglos deambula por el tiempo y reaparece como dictador en diferentes países.  ¿Tenemos en nuestra comarca suficientes ajos para alejar su sombra siniestra?

¿Y los compromisos en la 38?

Por Gustavo García

Pasados 7 meses de que la nueva dirigencia sindical asumió las riendas de la Sección 38 del SNTE, una pregunta es pertinente: ¿Se han cumplido los 10 Compromisos que firmó Isela Licerio Luévano, en representación de la entonces Planilla "Aliados por el Rescate de la Sección 38", convertida ahora en Comité Ejecutivo Seccional?

A menos que hubiera evidencias, resultados concretos, públicos o de notorio e incuestionable conocimiento entre la comunidad magisterial que indicaran que sí, la respuesta, sin ambages, es: NO, no se han cumplido.

En el lenguaje de moda, con sentido proactivo, digamos que esos 10  Compromisos siguen siendo diez áreas de oportunidad, diez retos para toda la directiva sindical, no sólo para la Secretaria General, porque si bien ella es la representante que coordina y encabeza un esfuerzo colectivo, la responsabilidad es de todas y todos los que integran el órgano colegiado denominado Comité Ejecutivo Seccional.

No voy a referir cada uno de ellos porque son conocidos, pero para quien desee recordarlos, aquí se incluye una imagen que los contiene, sin embargo citaré literalmente algunos y en general me referiré a los demás por bloques temáticos.

Antecedentes. No obstante que la construcción de un perfil demócrata y transformador requiere de una larga y sólida trayectoria que dé cuenta de su confiabilidad y consistencia, quienes integran ahora la Directiva Seccional, durante un corto tiempo previo a la elección sindical enarbolaron banderas de cambio. Habiendo sido, la mayoría, cercanos colaboradores de Carlos Moreira durante varios períodos, dijeron estar distanciados de él y aseguraron tener las características para ser los impulsores del cambio. Al menos su discurso y sus propuestas fueron en ese sentido. Para inspirar confianza, la Planilla "Aliados por el Rescate de la Sección 38" dio un paso más, su representante, Isela Licerio, firmó los aludidos 10 COMPROMISOS, entre ellos el de “Ejercer con dignidad la representación sindical y salvaguardar la independencia y autonomía de la Sección 38, evitando toda subordinación al Gobierno o a partidos políticos como el PRI, el PAN, MORENA o cualquier otro, así como a ex dirigentes y facciones sindicales que pretendan seguir lucrando política y económicamente con el SNTE.“  Ni una ni otra cosa se han cumplido.

Cierto es que no ha habido comunicados formales donde ex profeso se llame a los agremiados a emitir su voto por tal o cual candidat@, pero sí ha habido actividades donde, subrepticia o abierta y públicamente, ha quedado de manifiesto la evidente proclividad de la Secretaria General y los integrantes de la dirigencia seccional a apoyar a candidat@s de partidos políticos. Si bien es cierto que individualmente y en lo particular es su derecho a hacerlo, las circunstancias y eventos en los que lo han hecho, y su deliberada difusión pública, propician que la percepción social vincule a la dirigencia, y a la organización sindical por consecuencia, con determinadas entidades políticas y sus candidat@s.

Qué decir de la última parte del Compromiso citado, pues es absolutamente evidente que sigue vigente la relación con personas y funcionarios del anterior grupo político, prueba de ello es la ratificación como Director del Fondo de la Vivienda (FOVI) de Rubén Delgadillo, ex Secretario General de la Sección, impuesto entonces por Carlos Moreira y protegido por él en los años de su cacicazgo. Es tan recurrente su presencia y exposición pública en diversos eventos sindicales, que da lugar a que voces magisteriales señalen una injerencia mayor en diversos asuntos sindicales distintos a su competencia.

Respecto a la no subordinación al Gobierno, más allá de una relación diplomática, válida entre la autoridad y la representación sindical, hay signos que serían indicios, por lo menos, de un acuerdo para no incomodar al Gobernador con reclamos o exigencias para que atienda las demandas del magisterio, en especial las que requieren al Gobierno del Estado el pago de su multimillonaria deuda con los fondos de Pensiones y Servicio Médico, o las que le requieren resultados de las investigaciones "realizadas" en torno a las denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior del Estado, relativas a los delitos que ocasionaron un daño de más de mil trecientos millones de pesos a las instituciones magisteriales de seguridad social. No, ni siquiera con el pétalo de una declaración se ha querido incomodar al Ejecutivo Estatal, por el contrario, con el Gobernador que tanto ha dañado al magisterio se convive con "un gusto enorme", se le envía "un agradecimiento infinito" o se le justifica en entrevistas, diciendo que este Gobierno "no tiene adeudos al Servicio Médico", o que en la Dirección de Pensiones "hay un buen manejo", y que el adeudo a esa institución "no quiere decir que sea de este gobierno". Pero los números registrados en los estados financieros no mienten: la deuda global acumulada del Gobierno del Estado a DIPETRE y Servicio Médico es de más de 4,000 millones de pesos, y en lo que va de la administración de Miguel Riquelme, se ha dejado de aportar a Pensiones más de mil millones de pesos.

Otro de los compromisos se refiere a “desarticular relaciones comerciales y el tráfico de influencias de funcionarios o dirigentes sindicales que privilegien intereses de corporaciones médicas particulares y otras empresas…“.  Que se sepa, nada se ha hecho al respecto. Es de conocimiento público que beneficiarios de esas relaciones comerciales, por vía de contratos de subrogación de servicios médicos, son familiares del dirigente nacional del SNTE, Alfonso Cepeda. Al respecto, hay que insistir en algo que ya he dicho en otro momento: no es probable que esos contratos estén fuera de la legalidad. Lo cuestionable es la moralidad, el marco ético del asunto y, sobre todo, su incidencia en la presunta intención de provocar el deliberado deterioro de la infraestructura y equipamiento de las clínicas magisteriales, cuyo mejoramiento tendría que pasar por lo que hoy se ha dejado de hacer: invertir en la restauración de sus instalaciones y equipos para brindar ahí la mayor parte de los servicios, y no tener que erogar grandes cantidades por su subrogación.  El punto aquí es si la dirigencia seccional prefiere optar por cuidar su relación con el dirigente nacional y proteger los intereses de aquel o velar por los derechos de los agremiados y el patrimonio de la institución.

Ninguna noticia se tiene sobre "realizar auditorías durante los primeros 6 meses de gestión, con despachos externos y de reconocido prestigio profesional a los salones, casas, centros recreativos, Fondo de Ahorro, y a la Secretaría de Finanzas de la misma Sección 38.El mensaje para anteriores dirigentes y administradores parece ser: pueden dormir tranquilos.

Nada se sabe sobre acción alguna para gestionar con firmeza que el Gobierno cumpla con su obligación de prestar atención médica inmediata, integral, completa y de calidad en todas y cada una de las  Clínicas del Magisterio. Los derechohabientes tenemos que seguir gestionando y presionando judicial o mediáticamente el servicio, y cuando alguien recurre a un método más drástico, como una huelga de hambre, desde la dirigencia sindical se intenta desactivarla, en lugar de solidarizarse con la reclamación.  Las justificaciones: es que el cambio será lento, poco a poco; es que los "malos" siguen adentro; es que no se ha tomado posesión del Instituto de Servicio Médico, es que no se ha accedido a los altos puestos de mando. Pues hay noticias, que no se entienden o no se quieren aceptar: en tanto entidad pública paraestatal y organismo público descentralizado que siempre ha sido, la administración de la institución corresponde al Gobierno (otra cosa es que por conveniencia política, durante decadas se haya permitido a las dirigencias sindicales su manejo  discrecional, como parcela o coto de poder concedido a cambio de subordinación al grupo en el poder). Pero si bien la OBLIGACIÓN es del Gobierno, la RESPONSABILIDAD de exigirle que cumpla con ella es de la dirigencia sindical, y para cumplir con esa RESPONSABILIDAD el margen de gestión y de acción es muy amplio, pero se requiere decisión, firmeza, valor y voluntad para defender los derechos de los representados, como lo marca el Artículo 10 del Estatuto del SNTE, en su fracción primera:

"El Sindicato tiene como objeto social y fines:

  1. Defender los derechos laborales, sociales, económicos y profesionales de sus miembros.

En ese sentido es el planteamiento del Compromiso alusivo a la atención médica, y en ese tenor se espera que se cumpla. Parafraseando el slogan de una campaña publicitaria, la base magisterial pregunta a la dirigencia sindical: ¿Tienen el valor de cumplir, o les vale?

Vinculado con el tema referido en el citado Artículo del Estatuto, nada se ha hecho en un rubro tan sencillo y elemental, contenido en otro de los Compromisos: promover, en los primeros 6 meses, la democracia participativa mediante la organización de foros regionales y estatales para recoger las propuestas y demandas de las y los sindicalizados en temas laborales, salariales y de prestaciones sociales, profesionales, culturales, etc.

Por otra parte, no se ha cubierto el pago oportuno, completo  y actualizado de las Pólizas del Seguro y Retiro. El monto de las pocas que se han cubierto sigue siendo incompleto y sin actualizar, tal como lo hacía la anterior administración del Seguro del Maestro, con la complacencia de la dirigencia sindical.

No hay evidencia alguna de que se esté atendiendo el Compromiso para dar solución a la grave problemática que prevalece en el tema de Cuentas Individuales, cuyos recursos -dice la propia  DIPETRE- "no son de su propiedad ni son patrimonio de la institución, sino de los trabajadores", pero de esas Cuentas se siguen tomando millones de pesos "para financiar el pago de las pensiones en curso", para proteger al Gobierno del Estado que no paga sus adeudos.

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En fin, la gran expectativa que se despertó a raíz del cambio de directiva sindical sigue presente entre la base. Los temas contenidos en los compromisos siguen vigentes, como necesidades y demandas insoslayables.

Por esa razón, el pasado 22 de marzo, varios agremiados a la Sección 38, junto con integrantes del movimiento pro defensa de seguridad social, nos entrevistamos con la Secretaria General y dos miembros del Comité Seccional que la acompañaron. Durante la reunión, en dos ocasiones reiteramos el ofrecimiento de colaborar con el Comité Seccional, le propusimos trabajar coordinadamente, formar equipos para delinear un plan de seguimiento a los temas y diseñar acciones y estrategias en pro de las soluciones. Seguimos a la espera de una respuesta...

Durante años hemos mantenido una lucha por la defensa de nuestros derechos humanos y sociales, debido a la omisión de quien debería asumir esa responsabilidad: la dirigencia sindical, a la que además tuvimos que enfrentar en su doble papel de cómplice de la autoridad y capataz de los trabajadores. No obstante librar desventajosas batallas, con la dignidad, el valor, la perseverancia y la razón jurídica de nuestro lado, junto a compañeras y compañeros universitarios, hemos hecho posibles trascendentales e históricos logros.

Seguiremos en esa ruta. De buena fe, de frente, pero con claridad, decisión y énfasis nos empeñamos en que la dirigencia sindical haga suyas las necesidades de todas y todos en cuanto a seguridad social y que asuma la defensa que corresponde. Ojalá y así sea. Si no, por difícil que resulte, la misma necesidad nos ha enseñado a navegar solos y a librar los escollos que nos han puesto el Gobierno y la misma dirigencia en el pasado. Lo seguiremos haciendo, así sea remando a contracorriente.

 

Un seguro muy inseguro (TERCERA PARTE)

Lo peor para la Institución fue a partir del 2008 y años posteriores, cuando los secuestradores de la Sección 38 colocaron en el Seguro una gran cantidad de amigos, operadores políticos, comisionados que nunca se presentaron a trabajar o que fueron asignados a otras tareas que nada tienen que ver con el objeto social de la Institución.

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La otra causa de su debacle es la nefasta dupla de la CORRUPCIÓN y la IMPUNIDAD, que ha permitido que a la fecha sigan sin castigo los delitos registrados en las denuncias de la Auditoría Superior del Estado (ASE), en las que se describen hechos, fechas, montos y responsables de peculados, fraudes y desvíos por más de 120 millones de pesos contra el patrimonio del Seguro, y eso sólo de lo registrado en las denuncias correspondientes al período en el que Rubén Delgadillo fue Secretario General de la Sección 38 del SNTE, colocado ahí por Carlos Moreira Valdez (CAMV), quien luego de terminar su gestión en 2012 siguió siendo el poder tras el trono.  Posteriormente Delgadillo ocupó, también por imposición de aquel, la Dirección del Fondo de la Vivienda, puesto para el que ahora fue ratificado, se supone -se supone- que ya no por CAMV, sino por la actual Secretaria General, Isela Licerio Luévano, designación que, también se supone, debió contar -dice la Ley del FOVI- con la aprobación de la mayoría de los miembros del Comité Ejecutivo Seccional, formado, entre otros, por los integrantes del grupo que se autodenominaba "Auténticos", aquellos que -decían- querían rescatar la Sección 38 y desterrar a CAMV y sus incondicionales.

Pero volvamos al tema.

El objetivo principal del Seguro del Maestro es pagar las Pólizas de Seguro, Retiro y Defunción, no mantener Casas, Salones de Fiestas o Centros Recreativos.

Otra vez, con mayúsculas:

EL OBJETIVO  PRINCIPAL DEL  SEGURO DEL MAESTRO ES PAGAR LAS PÓLIZAS DE SEGURO, RETIRO Y DEFUNCIÓN, NO MANTENER CASAS, SALONES DE FIESTAS O CENTROS RECREATIVOS.

Lo dice la Ley, pero las anteriores Dirigencias Sindicales de la Sección 38 y los Consejos de Administración de la Institución no quisieron, o no les convenía, entenderlo así.  Lo preocupante es que, por lo que parece, la actual dirigencia seccional y los directivos del Seguro tampoco quieren entenderlo.

¿Qué parte de la Ley no se entiende cuando dice, en el Artículo 10, que el Patrimonio de la Institución previsto en el Artículo 9 "se utilizará para cumplir con las obligaciones y prestaciones previstas en esta Ley"?

¿Cuáles son esas obligaciones?

Lo dijimos arriba.  Digámoslo de nuevo, siguiendo el método de nuestros antiguos maestros, la repetición en planas, a ver si así podemos tenerlo claro: pagar las Pólizas de Seguro, Retiro y Defunción

De nuevo: la obligación del Seguro del Maestro es pagar las Pólizas de Seguro, Retiro y Defunción.

En inglés, por los que olvidamos el español:

The obligation of the Teacher's Insurance is to pay the Insurance, Retirement and Death Policies.

En frances: L'obligation de l'assurance des enseignants est de payer les polices d'assurance, de retraite et de décès.

En italiano: L'obbligo dell'Assicurazione dell'Insegnante è quello di pagare le Polizze Assicurative, Pensionamento e Morte.

A ver si se entendió: con esta breve explicación o habiendo leído completa la Ley del Seguro de los Trabajadores de la Educación, si tuviésemos que resolver un ejercicio de evaluación, mediante un reactivo de opción múltiple, ¿cuál seleccionaría usted?

La obligación del Seguro del Maestro es:

a) Transferir millones de pesos al Comité Ejecutivo de la Sección 38 del SNTE.

b) Pagar altas cantidades a comisionados que realizan tareas en otras instancias (como la que durante mucho tiempo recibió -si es que no sigue recibiendo esa "prestación"- el actual Secretario General del SNTE).

c) Pagar las pólizas de Seguro y Retiro a los trabajadores al momento de su pensión o jubilación, o a sus beneficiarios en caso de fallecimiento.

d) Pagar agua, luz, gas, teléfono, internet, mantenimiento general y nómina de personal de salones, casas club y centros recreativos.

e) Pagar nómina de trabajadores de un Taller Mecánico y materiales para reparar vehículos de comisionados y ocasionalmente de agremiados a la Sección 38.

Un seguro muy inseguro (SEGUNDA PARTE)

Por Gustavo García

Variaciones en Re Mayor sobre el tema. Como antecedente, remito a los interesados al artículo relativo a la primera parte de este.

Imagine el lector que durante 30 o 40 años deposita, mes a mes, un porcentaje de su sueldo (y el porcentaje que le aporta su patrón) en una compañía aseguradora que le ofrece la opción de invertir su dinero en una modalidad de Ahorro para el Retiro y Seguro de Vida, con la promesa de que, al momento de su retiro, recibirá la cantidad ahorrada, más los intereses generados.

Con esa expectativa llega el momento de su retiro; con gran entusiasmo acude a la aseguradora para que le entreguen su dinero, el que piensa invertir en realizar un viaje a Chiapas, con su amada esposa, planeado durante muchos años, o regalarle a su nieto una beca para estudios o pagar parte de la cirugía que no le han realizado en la institución pública que debería hacerlo, pero que no lo ha hecho debido a que se encuentra en bancarrota.  Entonces se topa con la SORPRESA: cuando acude a la oficina correspondiente, un funcionario le dice que su dinero no podrá entregársele, sino hasta después de 6 o 7 años, debido a que la Aseguradora tiene una Fundación mediante la que realiza actividades sociales y recreativas para sus empleados.

ASEGURADO: ¿Y eso a mí qué?

FUNCIONARIO: Pues que su dinero se utiliza para pagar los sueldos de los trabajadores que atienden los centros que brindan esos servicios. También ayudan sus ahorros al mantenimiento, remodelación y pago de luz, agua, gas, teléfono e Internet de todos esos espacios.

ASEGURADO: Pero eso no es lo convenido con la Aseguradora. Mi dinero no tiene por qué utilizarse para eso. En el contrato nunca se estipuló tal cosa. A mi me entregan mi dinero, pero ya.

FUNCIONARIO:  Pero no sea usted inconsciente ni falto de solidaridad, cómo se pone a exigir que se le entregue su dinero si primero tenemos que cumplir con el pago a los empleados y el mantenimiento de los espacios de la Fundación. ¿Quiere usted que los trabajadores y sus familias se queden sin comer o que los espacios recreativos se deterioren o de plano se derrumben?

ASEGURADO: Bueno, pues renten esos espacios y con lo recaudado paguen mantenimiento y sueldos.

FUNCIONARIO: ¡Lo oigo y no lo puedo creer! ¡Cuánta insensibilidad! No ve usted que la situación actual es crítica y que no es nada fácil rentar esos espacios. Además, las pocas rentas que hay no alcanzan para cubrir los gastos, no sólo de mantenimiento y salarios de trabajadores, sino de los sueldos de los funcionarios de la Aseguradora. Además pagamos sueldos y compensaciones de altos directivos de nivel central de la aseguradora.

ASEGURADO: ¿Pero por qué usan mi dinero para eso? En el contrato firmado con ustedes no hay cláusulas que establezcan nada al respecto.

FUNCIONARIO: Pues así son las cosas, señor. Le gusten o no, esa es la realidad.

ASEGURADO: ¿Entonces, cuándo me entregarán mi dinero, hay una fecha establecida?

FUNCIONARIO: No sabemos. Lo que sí le aseguro, y de eso no tenga la menor duda, pues somos una Aseguradora seria, es que tenemos la mejor voluntad para pagarle su dinero, pero como le digo, cuando se pueda y de acuerdo a las posibilidades económicas de la Aseguradora.

ASEGURADO: Pues no lo entiendo, por más que trato de hacerlo. ¿Y al menos me van a entregar mis ahorros con las actualizaciones correspondientes, como marca el contrato?

FUNCIONARIO: ¡No, cómo cree! Si consideramos actualizaciones, aún cuando legalmente estén establecidos los parámetros para ello, todavía serían menos los asegurados a los que podríamos pagar.

ASEGURADO: ¡Caray! Entonces, ¿qué me recomienda usted?

FUNCIONARIO: Tenga paciencia. Confórmese, no rechace ni luche contra la realidad, acéptela, no sufra, libérese de cualquier ánimo de rebeldía. Ah, sobre todo, no haga caso de incitaciones sin sentido de otros asegurados. Crea en nosotros, tenemos la mejor voluntad de ayudarlo. No sabemos cuándo, pero créame, algún día, cuando menos lo espere, usted recibirá su ahorros. O lo harán sus beneficiarios, si usted muere. Y que mayor satisfacción para usted, ver desde el cielo que su nieto podrá seguir estudiando, o su esposa podrá hacer el viaje a Chiapas, ese que juntos soñaron, ahora acompañada de... de... su compadre... y de su comadre, claro.

La anterior parece una historia insólita.

Pues en esencia ese problema (la falta de pago oportuno y completo de las pólizas de Seguro, Retiro y Defunción) se presenta en el Seguro de los Trabajadores de la Educación, en Coahuila, con los matices correspondientes, desde luego.

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En efecto, el Seguro del Maestro se ha visto, desde hace años, en la lamentable paradoja de ATROPELLAR DERECHOS DE LOS PRINCIPALES APORTANTES para proteger derechos de otras personas, cuya atención debería corresponder a otras autoridades.

Con el pretexto de que tenía una gran reserva económica, desde el 2001 le endosaron al Seguro una obligación que no le corresponde y que le ha significado enormes gastos en nómina de personal, conservación y mantenimiento de espacios que deberían estar a cargo de otra instancia:  por ejemplo del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, que en una decisión verdaderamente solidaria con la Sección 38 podría asumir los gastos de los salones y centros recreativos, aplicando en ello los millones de pesos que recibe por concepto de cuotas: el 1% del sueldo mensual de los casi 20 mil agremiados a la Sección 38. Eso sería una verdadera solidaridad, no la que echaba en cara Alfonso Cepeda a los jubilados, en sus declaraciones públicas hace un par de años.

Continuará...

Un seguro muy inseguro

Por Gustavo García

El Seguro de los Trabajadores de la Educación es la más antigua institución de seguridad social creada para beneficio de quienes están  adscritos al sistema educativo del estado de Coahuila.

Fue en un tiempo la institución más sólida financieramente hablando, y una de las más seguras en cuanto a cumplimiento oportuno de su objeto social: pagar a los derechohabientes y beneficiarios las cantidades correspondientes a sus Pólizas de Seguro, Retiro y Defunción.

Hoy el Seguro del Maestro, como coloquialmente se le conoce, padece una aguda crisis financiera que la convierte, paradójicamente, en una institución muy insegura en cuanto al cumplimiento de su función.

Tiene deudas desde hace por lo menos 6 años con una gran cantidad de personas (se habla de 1000 derechohabientes o beneficiarios), paga incompletas las pocas Pólizas de Seguro que se están entregando y está metida en una contradicción funcional al tener que erogar enormes cantidades para cumplir con obligaciones distintas a su objeto social, por lo cual destina la mayor parte de su presupuesto para pagar una abultada nómina del Consejo de Administración, del personal adscrito a casas de convivencia de jubilados, salones de fiestas y centros recreativos, de los que además debe pagar el mantenimiento y servicios de telefonía, luz, agua, gas, etc., responsabilidades que no corresponden a su finalidad, por lo cual deja en último término su obligación principal:

-El pago oportuno del 100% de la Póliza de Retiro y del 50% de la Póliza del Seguro al derechohabiente, al momento de pensionarse.

- El pago oportuno del 50% de la Póliza de Seguro y la Póliza de Defunción a los beneficiarios del titular, al momento del fallecimiento de este.

Las causas de la crisis son varias. Una de ellas es que ahora sí que sin deberla ni temerla, allá por el año 2001, bajo la premisa de su bonanza económica, se le endilgó al Seguro la obligación de hacerse cargo de casas, salones y centros recreativos que entonces estaban, una parte de esos espacios, al cuidado y administración de la DIPETRE, pero esta pasaba ya por problemas financieros y las autoridades sindicales y gubernamentales decidieron quitarle esa carga, vender esos inmuebles al Seguro del Maestro, traspasándole así las obligaciones salariales para con su personal y la responsabilidad de pagar el mantenimiento de los edificios, en perjuicio -a la larga- del derecho de los trabajadores aportantes, cuyas cuotas (1.5% de su sueldo) constituyen casi el 43% del patrimonio del Seguro, en tanto que el Gobierno Estatal aporta el 57%.

Hoy, el Seguro del Maestro, en lugar de responder en primer término a los derechohabientes de la institución, atiende primero su obligación patronal de pagar sueldos, aguinaldos, primas vacacionales y demás prestaciones a los empleados adscritos a por lo menos 20 inmuebles ubicados en distintas ciudades del estado. Hasta un taller mecánico para reparación del parque vehícular de la Sección 38 está a cargo del Seguro (por cierto, el valor calculado hace años de esas propiedades ronda los 237 millones y a la fecha seguramente es mayor, por lo que bien podemos decir que el Seguro es una institución rica en activos que paradójicamente le generan pasivos que, como un lastre, le impiden cumplir su principal obligación. Ya hablaremos en otra ocasión de posibles alternativas de solución a esta situación, porque por supuesto que es necesario y justo que los empleados de esos espacios reciban sus remuneraciones de ley, pero habría que ver como resolver esa necesidad sin afectar a los derechohabientes del Seguro).

En las mesas de trabajo que en agosto de 2021 se llevaron a cabo entre Gobierno del Estado y la Coalición de Trabajadores de la Educación, la entonces Directora del Seguro, explicaba que el retraso en el pago de pólizas, se debía justamente a la necesidad de cumplir primero con la obligación laboral y cubrir los gastos de mantenimiento. Es decir, para poder atender el derecho salarial del personal de esos centros a su cargo y asegurar su operatividad (obligación no contemplada por ley dentro de su objeto social), se ha dejado en último lugar a los derechohabientes que con sus aportaciones sostienen al organismo e incluso pagan los millonarios sueldos del Consejo de Administración, porque eso sí, los pagos por ese concepto no se retrasan, ni se disminuyen "de acuerdo a las posibilidades económicas de las institución", pretexto que se les da a los pocos derechohabientes o familiares que siguen recibiendo incompletos los montos de sus pólizas, una injusticia más si se toma en cuenta la victimización y revictimización de que son objeto los derechohabientes y beneficiarios del Seguro: se les victimiza primero al no pagarles a tiempo sus pólizas, se les victimiza pasando por encima de su derecho para dar prioridad a otras obligaciones secundarias de la institución, se les victimiza prolongando indefinidamente el pago y se les revictimiza cuando después de años, devaluación y depreciación de por medio, la dirigencia sindical, que debería proteger sus derechos, permite que un Consejo de Administración nombrado por esa dirigencia, les entregue una cantidad menor a la que deberían recibir, con el mismo falaz argumento de la dirigencia anterior de que la Ley del Seguro plantea que se pagará de acuerdo a las posibilidades de la institución (Art. 31), lo cual es a todas luces inconstitucional, porque si bien una porción del artículo referido expone esa condición, lo cierto es que se viola el principio de certeza y seguridad jurídica, y por ese hecho debe tenerse ese apartado por no puesto o no válido, pues va en contra del sentido legal que más favorezca al derechohabiente, y porque la Ley no puede contener ambigüedades a partir de las cuales la autoridad haga una arbitraria interpretación a su favor y en perjuicio del derechohabiente (por un concepto similar, la SCJN declaró invalido, entre otros, un artículo de la Ley del Servicio Médico que condicionaba la atención de acuerdo a las "posibilidades económicas" del Servicio Médico).

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Una Ley debe establecer ordenamientos precisos, ciertos y seguros en cuanto a obligaciones y derechos. Por eso justamente las contribuciones de los trabajadores para la conformación del Seguro y los fondos de Retiro y Defunción están establecidas con absoluta precisión, y se señalan claramente los porcentajes que les serán descontados de su salario como aportación, de tal forma que no hay manera de que su criterio o su particular situación económica determinen si se les hacen o no los descuentos correspondientes, NO, estos se les aplican quincenal o mensualmente, porque la Ley así lo ordena, además las cantidades a descontar se actualizan cada vez que los trabajadores y los pensionados reciben un incremento en sus percepciones. Por eso, en correspondencia la Ley establece también un parámetro para el pago de la Póliza del Seguro que también debe actualizarse conforme a su valor actual:  "4.6 salarios de sueldo de un Inspector de Primaria, zona II" (Art. 31), que al día de hoy es de $ 22,898.28, que multiplicados por 4.6 da un total de $105,332.08, de los cuales los derechohabientes pensionados deberían recibir el 50%, es decir $52,664.04, más los $40,000.00 de la Póliza de Retiro da un total de $92,666.04, pero están recibiendo menos (aproximadamente $19,000.00. En el caso  de deudos de un trabajador fallecido la cantidad podría duplicarse), en atención de una sesgada interpretación de la Ley, que curiosamente no aplica en el pago de los miembros del Consejo de Administración,  ¿o estarán recibiendo los directivos sólo la mitad de su sueldo mensual?

Otro dato que documenta la injusticia: a los pensionados se les siguen aplicando descuentos mensuales para seguir contribuyendo al Seguro del Maestro, pero ni estas aportaciones, cuyo monto se actualiza conforme se actualizan las percepciones, son consideradas para reconocer que se debe entregar el valor completo de la póliza al momento del pago. Se dice que este descuento a pensionados es para garantizar que a los deudos se les pague el restante 50% de la Póliza de Seguro a valor vigente en el momento de la entrega, pero la realidad es que les entregan una cantidad no actualizada.

Otra de las causas que han llevado a la institución a esta inseguridad y crisis financiera, tiene su origen en el quebranto ocasionado por los fraudes, desvíos y malversación de sus recursos, lo cual ha quedado registrado en las denuncias que la Auditoría Superior del Estado ha presentado, en las que da santo y seña de los millones de pesos que sólo del 2012 al 2016 se desviaron hacia la directiva sindical de la Sección 38 del SNTE, y en las que describe los otros rubros del daño al patrimonio institucional por $120,087,930.05.  Con esa cantidad, si el Comité Ejecutivo de la Sección 38 y el propio Consejo de Administración pugnaran por su restitución, se podrían pagar sus pólizas a más de 1000 derechohabientes.

¿Es este un planteamiento iluso? No, si se considera que hay una nueva dirigencia que llega con un compromiso asumido y con el respaldo político de miles de votantes que le otorgaron su confianza y el poder para generar un cambio de fondo en todo; se votó para botar a los que tanto dañaron al magisterio, cierto, pero primordialmente se votó para cambiar, CAMBIAR de verdad, CAMBIAR para mejorar, no para que todo siga igual.

Presencia magisterial en política electoral en Coahuila

Por Gustavo García y José Luis Anzures García

Algunos datos para la reflexión sobre pasados procesos electorales

Votos obtenidos, en las elecciones de 2020 y 2023, por algunos trabajadores de la educación, candidatos a diputados del Congreso de Coahuila, propuestos por partidos de oposición.

2020 (año de la pandemia)

Elección intermedia, coloquialmente llamada "huérfana", en la que sólo se eligen diputados, lo que propicia menor participación ciudadana en las urnas: en aquel año 39.44% del padrón electoral, con una emisión total de 875,947 sufragios.

Participaron en esa ocasión TRES candidatos (dos mujeres y un hombre) postulados por MORENA, propuestos por Movimiento Magisterial de Coahuila (MMC), los tres vinculados, desde hace muchos años, a la defensa de derechos laborales y de seguridad social en las Secciones 5, 35 y 38 del SNTE.  Obtuvieron en total 36,033 votos.

Desglose:

Distrito 7 (Comprende varios municipios de la Laguna).

La Candidata obtuvo 16,028 votos

Distrito 14 (Saltillo)

La Candidata obtuvo 9,228 votos

Distrito 15 (Saltillo):

El Candidato obtuvo 10,777 votos

Total 36,033 votos, los cuales contribuyeron para que MORENA tuviera 4 Diputados plurinominales en el Congreso.

2023

Elección llamada concurrente, en la que, por tradición, elegir Gobernador y Diputados atrae mayor participación ciudadana.  Esta vez el 57.13% del padrón electoral, con una emisión total de 1,346,614 sufragios.

Participaron CUATRO candidatos (dos mujeres y dos hombres) postulados por PT, tres de ell@s ocuparon puestos en diferentes períodos en la dirigencia de la Sección 38 del SNTE.  Los cuatro obtuvieron en total 24,067 votos.

Desglose:

Distrito 10 (Torreón)

La Candidata obtuvo 4598 votos

Distrito 14 (Saltillo)

La Candidata obtuvo 5920 votos

Distrito 15 (Saltillo)

El Candidato obtuvo 5742 votos

Distrito 16 (Saltillo)

El Candidato obtuvo 7886 votos

Total 24,067 votos (33.2% menos que en 2020), los cuales contribuirán a que el PT tenga 1 (un) diputado plurinominal en el Congreso.

Desde una perspectiva general o en un análisis de particularidades, ¿qué lectura puede hacerse de estos resultados? ¿Qué factores inciden en ellos? ¿A qué se debe la diferencia?

¿En qué medida estos resultados tienen que ver con el conocimiento de los electores sobre los antecedentes de los candidatos en cuanto a su distanciamiento crítico o su relación -eventual o temporalmente significativa- con el grupo político que ha gobernado Coahuila?

¿Qué papel juegan la cercanía o el distanciamiento de los candidatos en los movimientos de defensa de derechos laborales y de seguridad social del magisterio?

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¿De qué manera incide su vinculación con la ciudadanía en general y con otras causas sociales?

Independientemente de las respuestas y opiniones respetables, surgidas del análisis e interpretación que cada quien haga de los datos, una paradoja es patente: mientras los maestros hacen el trabajo de base, y su talacha en calles, barrios y rancherías contribuye a ganar votos para que los referidos partidos de izquierda obtengan posiciones plurinominales en el Congreso, éstas se asignan, la mayor parte de las veces -contadas excepciones, desde luego-, a personas o figuras con poca o nula trayectoria en la lucha social, cuyo mérito principal es su cercanía a los cuerpos de dirección partidista.

* Fuente: Instituto Electoral de Coahuila: Estadísticas.

Persisten problemas en Servicio Médico

Por Gustavo García

Con frecuencia veo mensajes en distintos grupos de WhatsApp, o me llegan directamente comentarios, refiriendo situaciones y casos sobre carencias y deficiencias que prevalecen en las clínicas del magisterio: falta de médicos para consulta general, estudios de laboratorio que no se realizan por falta de reactivos, burocratismo que dificulta diversos procesos como la transcripción de recetas o la subrogación de servicios con los que no cuentan las clínicas, falta total o parcial de medicamentos, carencia de materiales o instrumental adecuados, etc., etc.

Ayer acudí a la Clínica en Saltillo, por una necesidad de atención médica (afortunadamente nada grave), lo cual me permitió -una vez más- observar personalmente la situación.

Previa cita, fui atendido por un excelente personal (médico, de archivo y enfermería) que me dispensó un trato amable y cuidadoso, con lo cual constaté uno de los valores con el que afortunadamente cuentan las clínicas: el personal que ahí labora en las distintas áreas y que se esmera en brindar a los usuarios y pacientes una atención adecuada, a pesar de sus bajos salarios y muchas veces sorteando carencias de insumos y materiales para realizar su trabajo. Y es que como ya se sabe, el problema del Servicio Médico no es el personal que labora en las clínicas, sino la falta de recursos, principalmente los financieros, que derivan en las diversas carencias y deficiencias en todos los departamentos, incluso en la no contratación de médicos suficientes para poder atender la demanda de atención. (No soy ajeno al conocimiento de eventualidades que refieren experiencias desafortunadas sobre alguna desatención o trato inadecuado por parte de algunos empleados de las clínicas, pero siguen siendo excepciones; la verdad es que el personal que ahí trabaja se esmera en cumplir con sus funciones. Que no haya médicos suficientes, equipo técnico adecuado, materiales o medicamentos, o que no estén implementados procesos administrativos que agilicen la atención, no es responsabilidad de las secretarias, ni de los técnicos de laboratorio o rayos X, ni de trabajadores de intendencia o mantenimiento, ni de quienes están en mostrador de farmacia).

Durante mi estancia de más de una hora en sala de consulta, varias personas me comentaron sus desafortunadas experiencias: falta de medicamentos, tanto para dolencias simples o enfermedades crónico degenerativas, exámenes de laboratorio no realizados por falta de reactivos o instrumental adecuado. Destaca el hecho de que no hay médicos generales suficientes para atender la demanda de consulta, si acaso hay, con suerte, un médico por turno al que le es imposible atender a todos los pacientes, y cuando no, la carga es para la médica o el médico de urgencias, con el consecuente retraso en la atención por obvias razones. Sabido es también que quienes tienen a su cargo la dirección y las subdirecciones médicas tienen que atender pacientes, y aún así no se da abasto a la necesidad de consulta, que por otro lado la afluencia de pacientes no es ni de lejos la que había hace años, pues muchos derechohabientes ya no acuden a las clínicas, a sabiendas de que no encontrarán respuesta a sus necesidades.

Constaté personalmente que siguen las carencias en farmacia. Esta ocasión, como otras veces, no recibí completo el medicamento indicado; me faltó el más importante y de mayor costo, pero mi ánimo se vio favorecido con un golpe de suerte: me saqué la rifa del día, ¡hoy sí había paracetamol!

En fin, compraré lo que me faltó y con la factura respectiva, por mínima que sea la cantidad, como otras veces exigiré a la administración central del Servicio Médico el reembolso correspondiente. Es mi derecho y no pienso renunciar a el. Tampoco contribuiré a hacer eco de una idea que creía ya desterrada de la conciencia magisterial pero que al parecer ronda en el ambiente como canto de sirenas: que los derechohabientes hagamos más aportaciones para solucionar la problemática. Por supuesto que no, porque además de ser inconstitucional, lo único que haríamos es tratar de tapar un boquete que no abrimos nosotros, solapar la irresponsabilidad de los deudores y los delitos cometidos por los saqueadores.

En fin... la cosa es que siguen las mismas carencias, las mismas deficiencias, sigue fallando el Gobierno del Estado, principal obligado, por su doble condición de patrón de los trabajadores de la educación del Estado y garante del derecho humano a la salud de todos los coahuilenses. Siguen fallando las Universidades Autónoma de Coahuila y Autónoma Agraria Antonio Narro, en tanto patrones corresponsables, y sigue notándose la ausencia de la representación sindical de los trabajadores y pensionados adscritos a esas tres principales entidades aportantes.

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Mientras esperaba mi consulta, soñaba despierto, imaginaba que en todas las clínicas del magisterio había módulos de atención a los pacientes por parte de las distintas directivas sindicales, seccionales y delegacionales, en representación de los derechohabientes del Estado y de las Universidades, brindando orientación a las y los pacientes, pero sobre todo, acompañándoles en sus gestiones, ejerciendo en sitio una civilizada pero firme exigencia para que la autoridad responsable resuelva sus necesidades en ese momento, y que las y los compañeros no salgan de las clínicas con la sensación de desamparo e indefensión, aunada a su problema de salud. Pero desafortunadamente la realidad es otra. Es la que se describe arriba, es la realidad que desde hace años ha venido tratando de cambiar la Coalición de Trabajadores de la Educación Pública de Coahuila, organización que sigue y seguirá en pie de lucha mientras las irregularidades y deficiencias persistan.

¿Hacia dónde va la Sección 38 del SNTE?

Por Gustavo García Torres

Miscelánea magisterial.

I.

Hace apenas unos días se cumplieron 2 años de una de las manifestaciones que realizaron, acompañados por miembros de la Coalición de Trabajadores de la Educación, pensionadas y pensionados exigiendo el pago de sus pólizas de seguro y retiro que desde hace más de 6 años les debe el Seguro de los Trabajadores de la Educación.

Justamente en esos días, el periodista Eduardo J. de la Peña escribió sobre el tema en su columna Índice, en El Diario de Coahuila (https://eldiariodecoahuila.com.mx/2021/02/12/indice-por-eduardo-j-de-la-pena-179/):

"Parece que va quedando claro por qué no completan para pagar las pólizas de retiro", dice el comentarista, y pregunta:  "¿Tendrán algo que ver con eso los hechos que en diciembre de 2018 denunció la Auditoría Superior del Estado, después de que el Consejo de Administración no solventó serias inconsistencias detectadas en el ejercicio 2016?"

En otro párrafo de su artículo expresa: "Si se revisa la denuncia podremos encontrar todo un catálogo de irregularidades graves, algunas por los montos que representan, otras por las conductas señaladas y algunas más por los personajes involucrados", y en otro apartado señala: "Destaca Alfonso Cepeda Salas, actual dirigente nacional del magisterio, que en 2016 cuando cumplía con comisiones del comité nacional, principalmente en el extranjero, cobraba como “asesor técnico B” del Seguro del Maestro, y recibió 280 mil pesos."

"La Auditoría Superior, de Armando Plata Sandoval, señaló ante la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción, de Jesús Homero Flores Mier, directamente a la directora Norma Leticia Escobedo Cuevas", dice el periodista.  Casualmente, la aludida es ahora integrante del nuevo Comité Ejecutivo Seccional, ocupa la cartera de Coordinación y Operación de Regiones Sindicales.

II.

Sobre Alfonso Cepeda, actual Secretario General del SNTE, el periodista Luis Carlos Plata ha documentado el conflicto de interés en el que se encuentra involucrado por los contratos de los negocios -Médica Bosco, Alheira, Médica Integralis y otros- que integrantes de su familia tienen con el Servicio Médico magisterial y que según describe el periodista en uno de sus artículos, esos convenios "representan al mes una facturación millonaria para Médica Integralis S.C., ya que, en el caso de Torreón, cada intervención se cobra entre 17 mil y 585 mil pesos. En cuanto a los procedimientos quirúrgicos en las clínicas del Magisterio a nivel estatal, los costos van de mil 600 a 498 mil 813 pesos, y cada TAC en Monclova cuesta de mil 276 a 11 mil pesos. Se trata, para dimensionar, del trato más jugoso para un proveedor de la Sección 38 merced a la potencial demanda hospitalaria que tienen 49 mil derechohabientes." (https://www.zocalo.com.mx/la-seccion-5-como-sea-el-negocio-esta-en-el-servicio-medico-de-la-seccion-38/)

Y en otro de sus artículos sobre el tema, escribe Luis Carlos Plata:

"Se trata de un pool de sociedades mercantiles...fincadas en la subrogación de servicios médicos que, por falta de capacidad y presupuesto, no pueden prestar las clínicas y hospitales públicos. Y como el acceso a los servicios de salud se ha deteriorado entre 2018 y 2020 (de acuerdo con la más reciente evaluación de Coneval) el negocio es redondo. Y millonario."

(https://www.zocalo.com.mx/lo-que-usted-diga-senor-presidente-mientras-el-negocio-no-se-interrumpa-en-coahuila/)

En ese mismo artículo, Luis Carlos Plata refiere que Albora Grupo Empresarial de Capital Humano, S.A. de C.V., otra de las empresas del mismo grupo, "En 2017 recibió 6 millones de pesos del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, y 6 millones y medio más en los ejercicios fiscales 2019 y 2020, vía los contratos 001-001/2019 y 001-001/2020 respectivamente, para prestar el “servicio de limpieza, seguridad y vigilancia” anual en la Clínica Hospital del Magisterio Unidad Saltillo."

III.

Por cierto, hoy está en Saltillo el dirigente nacional del SNTE, a quien hace poco la Secretaria General de la Sección 38 lo reconoció como "el primer impulsor de medidas oportunas en nuestra seguridad social". Lo cierto es que todavía resuenan en la memoria de los agraviados, las desafortunadas declaraciones que el dirigente nacional hizo hace algunos 3 años en su visita a Saltillo, luego de ignorar la carta donde más de 2500 miembros le solicitaban intervenir para solucionar la problemática de Pensiones y Servicio Médico, confirmando así su papel al servicio del Gobernador del Estado, con el que hoy comparte podium:

"ISSSTELEON, ISSSTECALI, ISSSTESON están sin medicamento" dijo con tal orgullo (¿mal de muchos, consuelo de tontos?), y pasó del silencio cómplice a la defensa cínica de la posición que culpa a trabajadores y jubilados de la crisis en Pensiones y Servicio Médico, omitiendo mencionar las verdaderas causas:

-Los delitos contra el patrimonio de esas instituciones, señalados en las denuncias presentadas por la ASE.

-Los miles de millones de pesos que adeudan el Gobierno del Estado y las universidades.

Con aquellas declaraciones de plano se abrió de capa y sin vergüenza ni disimulo confirmó lo que el secreto a voces pregona desde hace tiempo: que forma parte del mismo grupo, que sus intereses están primero y sobre cualquier cosa. Para los miles de agremiados que le solicitaban asumir la defensa de sus derechos su respuesta fue: "quieren todo y sin aportar", dijo, cual fiel capataz que repite el discurso insensible e irresponsable del patrón para justificar la ruina de Pensiones, Servicio Médico, FOVI y Seguro del Maestro.

IV.

Hablando de denuncias penales, la Auditoría Superior del Estado ha presentado 16 querellas desde hace por lo menos 7 años (la primera data del 2015 y la última del 2018), alusivas al quebranto de los fondos magisteriales, por vía de fraudes, peculados y desvío de recursos, con una afectación de más de 1,300 millones de pesos al patrimonio de las instituciones de seguridad social de los trabajadores de la educación.

Solo al Seguro del Maestro corresponden más de 120 millones, que si se procediera conforme a derecho, se aplicaran sanciones y se obligara a los responsables a restituir el dinero malversado, con esos 120 millones se pagaría -y sobra- el monto completo y no mermado como se está pagando actualmente, de las pólizas de seguro y retiro de 1000 pensionados.

Respecto al daño causado al Fondo de la Vivienda, la ASE registra una cantidad de más de 647 millones de pesos. Con esa suma, ¿cuántos créditos para adquisición o remodelación de vivienda se podrían otorgar a quienes tienen esa necesidad: 647 créditos de un millón o casi 1300 de 500 mil pesos; o 350 créditos de un millón y 1485 de 200 mil pesos?

Las Cuentas Públicas a las que corresponden las denuncias penales presentadas por la ASE, incluida la del FOVI, son de los años 2012 al 2016.  ("Curiosamente" no hay ninguna denuncia sobre las cuentas de 2008 a 2011, años en los que Carlos Moreira estuvo formalmente al frente del Comité Ejecutivo Seccional).

Entre los múltiples hechos constitutivos de delitos que describe la ASE, destaca el desvío de decenas de millones de pesos anuales, que desde las instituciones, especialmente desde el FOVI y del Seguro, se mandaban al Comité Ejecutivo Seccional, en aquel período en el que  Rubén Delgadillo Romo ocupó la Secretaría General de la Sección 38, por cierto, también Director del FOVI en el período próximo pasado y ratificado ahora para el mismo puesto por la Secretaria General actual.

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V.

Así las cosas, el magisterio estatal está a la expectativa de que el Comité Ejecutivo Seccional, por conducto de la Secretaria General, promueva lo concerniente para dar cumplimiento a varios de los compromisos de los 10 que se asumieron durante la pasada campaña de elección de directiva sindical. Estos son dos de esos compromisos vinculados a los temas comentados aquí, referidos de acuerdo al número con que fueron enlistados para su firma:

  1. Desarticular los vínculos y relaciones comerciales que mediante el tráfico de influencias de funcionarios o dirigentes sindicales privilegien los intereses de corporaciones médicas particulares, prestadores de servicios, proveedores y otros tipos de empresas, y no permitir más que se hagan negocios a costa de las instituciones de seguridad social del magisterio y en perjuicio de los agremiados.
  2. Exigir, durante los primeros días de gestión, que el Gobernador del Estado, el Fiscal General y el Fiscal Anticorrupción presenten resultados de las investigaciones sobre las denuncias penales de la Auditoría Superior del Estado, respecto al daño de más de 1,300 millones de pesos a las instituciones de seguridad social del magisterio durante los años del 2012 al 2016; que se finquen responsabilidades y sanciones y se restituyan los montos sustraídos del patrimonio del Servicio Médico, del FOVI, DIPETRE y el Seguro del Maestro.

VI.

Hoy acude el Gobernador Miguel Riquelme a un evento sindical del SNTE. ¿Le recordarán el dirigente nacional o la dirigente seccional que el Gobierno del Estado debe más de cuatro mil millones de pesos al fondo de pensiones y que por esa razón DIPETRE no puede pagar cientos de millones que adeuda a Servicio Médico? ¿Le recordarán que particularmente su administración tiene deudas con DIPETRE por más de mil cien millones de pesos? ¿Le requerirán que gire instrucciones para que se descongelen las carpetas de investigación sobre las denuncias penales relativas al daño patrimonial a los fondos magisteriales o no querrán incomodarlo ni con el pétalo de una alusión a estos temas?

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Gustavo García Torres

"El Seguro del Maestro pertenece al Gobierno del Estado y no a la Sección 38".  Tal afirmación fue vertida por el representante de la Planilla Naranja -la del grupo oficialista-  que contendió y perdió en el pasado proceso de elección de la Directiva Sindical de la Sección 38 del SNTE. Fue una de las varias consideraciones que esgrimió el aludido representante para no firmar los 10 Compromisos para la Defensa de los Derechos de los Agremiados a la Sección 38, en particular el relativo al pago de Pólizas de Seguro, Retiro y Defunción:  "...me sumo a la exigencia de que se cubran todas aquellas prestaciones pendientes por parte del Seguro del Maestro. Pero que debo aclarar, que como usted ya sabe, tal Institución pertenece al Gobierno del Estado y no a la Sección 38", expresó el mencionado representante, en oficio dirigido al que esto escribe, el 8 de diciembre pasado.

¿Le asiste la razón a quien eso manifestó o fue un pretexto más para eludir el compromiso específico para pagar las citadas pólizas a los derechohabientes y beneficiarios acreedores desde hace más de 6 años?

Aparte de que dicha declaración nos guste o no, o de que la valoremos por lo que representa desde un punto de vista ético, moral o político, habrá que analizar lo que de fondo y cierto tiene desde un enfoque legal. Insisto, sea o no de nuestro agrado.

Antes una observación: independientemente del esclarecimiento sobre la pertenencia legal del Seguro de los Trabajadores de la Educación (nombre oficial de la institución), nada exime al Gobierno del Estado, ni a la dirigencia sindical y al Consejo de Administración anteriores, de las responsabilidades que resultaran de una investigación sobre las irregularidades financieras que  llevaron a ese Organismo Público Descentralizado al borde de la ruina; tampoco deslindaría a la actual directiva de la institución de su responsabilidad en el manejo administrativo que de la misma haga de ahora en adelante.

Entonces, ¿a quién pertenece el Seguro de los Trabajadores de la Educación: al Gobierno o a la Sección 38 del SNTE?

Para acercarnos a una respuesta más esclarecedora, el sentido de la pregunta tendría que enfocarse hacia la delimitación de la administración de la institución: ¿A quién le corresponde administrarla, responsabilizarse por su manejo financiero, velar por su adecuado funcionamiento y asegurar que cumpla con su objeto social?

Para responder, conviene ajustarnos a los ordenamientos legales que nos rigen. Veamos algunos referentes:

La Constitución Política de Coahuila establece que los bienes públicos estarán al cuidado de la Administración Pública, la cual será centralizada y paraestatal y que corresponderá al Gobernador del Estado "Nombrar y remover con la opinión de quienes sean titulares de las áreas correspondientes, a los directores generales y subsecretarios de dependencias y entidades de la administración pública" (Art. 9).

Según la Constitución de Coahuila, la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley de Entidades Paraestatales, a la Administración Pública pertenecen justamente las denominadas entidades paraestatales.

En tales ordenamientos se establece que los organismos públicos descentralizados, independientemente de su identificación y denominación, son precisamente entidades paraestatales, y que es facultad del Gobernador nombrar y remover a sus Titulares o Directores Generales. La normativa legal va más allá cuando la propia Ley de Entidades Paraestatales establece lo siguiente:

ARTÍCULO 5. "Las entidades paraestatales quedan sujetas al control y vigilancia del Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas..."

ARTÍCULO 9. "Los Directores Generales o equivalentes serán designados por el Ejecutivo del Estado..."

ARTÍCULO 16. "El patrimonio de las entidades paraestatales o los bienes que les sean asignados, serán destinados a alcanzar el objeto para el cual fueron creadas. Los bienes que conformen el patrimonio de las entidades paraestatales son bienes del dominio público para todos sus efectos legales y su administración será vigilada por la Secretaría de Finanzas y regulada por la Ley General de Bienes del Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables."

ARTÍCULO 18. "El titular de la Dirección General de la entidad paraestatal o su equivalente, tiene las atribuciones siguientes:

  1. Administrar y representar legalmente a la entidad paraestatal;"
  2. Nombrar y remover a los servidores públicos adscritos a la entidad."

En cuanto a la participación de los trabajadores en los órganos de gobierno de los organismos descentralizados, esta se hace valer a través de sus representantes, nombrados por la dirigencia sindical, quienes con su voz y su voto deben DEFENDER LOS DERECHOS DE LOS AGREMIADOS. Esta participación está asegurada y normada legalmente, incluso a nivel nacional, de tal forma que en todas las instituciones de seguridad social los trabajadores tienen representantes para hacer valer sus intereses y derechos; así ocurre, por ejemplo, en el IMSS y en el ISSSTE, administrados por Gobierno Federal, o a nivel estatal en el Instituto de Pensiones y otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado, organismo público descentralizado a cargo de un Presidente y un Director nombrados por el Gobierno Estatal, pero en cuyo órgano de administración participan, con voz y voto, los representantes del SUTSGE.

Vistas así las cosas, y tomando en cuenta las consideraciones legales referidas, podríamos decir que la multicitada afirmación de aquel representante, contiene una verdad respecto a una situación legal de fondo, pero que no se corresponde con la realidad, porque por un lado es cierto que el Seguro de los Trabajadores de la Educación es un Organismo Público Descentralizado que como entidad paraestatal debe estar a cargo, cuidado, control y vigilancia del Ejecutivo Estatal, pero por otro lado es un hecho que el Gobierno ha concesionado a la dirigencia de la Sección 38 la administración de la institución. Para ello incluso fue hecha una Ley a modo que contradice a la Constitución de Coahuila, a la Ley Orgánica de la Administración Pública y a la Ley de Entidades Paraestatales, ordenamientos que de acuerdo al principio de jerarquía normativa son superiores a la Ley del Seguro, pues en esta se establece que el Consejo de Administración (su Director, subdirectores y vocal) será designado por el o la Secretaria General de la Sección, previo acuerdo de la mayoría de los miembros del Comité Ejecutivo Seccional, lo cual se contrapone a los ordenamientos legales superiores referidos, según los cuales el cuerpo directivo de la institución tendría que ser nombrado por el Gobernador.

Así pues, la aludida afirmación de que el Seguro no pertenece a la Sección fue ciertamente una evasiva, no exenta de cinismo, porque si bien se sustenta en una condición legal de fondo, esta no ha sido nunca aplicada y a ella se ha opuesto una situación de facto: tanto el Seguro del Maestro y las otras instituciones de seguridad social, cual si fueran cotos o parcelas de poder, desde sus orígenes fueron entregadas por el Gobierno a sus aliados políticos: los dirigentes de la Sección 38 del SNTE. Los otros sindicatos, el STUAC, el SUTAUAAAN y el SUTUAAAN, cuyos agremiados son también derechohabientes de la Dirección de Pensiones (DIPETRE) y del Instituto de Servicio Médico, no han entrado al reparto de puestos, aunque ocasionalmente, allá por los 80s, ocuparon la presidencia y el puesto de administrador de DIPETRE personas provenientes de la UAAAN, presumiblemente  "recomendadas" por el Gobernador en turno y en acuerdo con los dirigentes de la Sección 38.

Así las cosas, hay que reiterar lo ya dicho arriba: el hecho de que el Seguro haya sido y siga siendo administrado por un Consejo designado por la dirigencia de la Sección 38, no exime al Gobernador, en tanto titular del Ejecutivo Estatal y Jefe de la Administración Pública, de su responsabilidad en el manejo que se haga de este organismo y de las otras instituciones de seguridad social de los trabajadores de la educación, como el Fondo de la Vivienda, la DIPETRE y el Instituto del Servicio Médico (por cierto, en este organismo la designación del Director General sí está en consonancia con la Constitución y las Leyes ya citadas).

El hecho de que los distintos Gobernadores, por conveniencia política, hayan dejado el control administrativo y el manejo financiero de esos organismos públicos descentralizados en manos de los dirigentes de la Sección 38, contribuyó a la construcción del mito que tantos oídos endulzó y que a fuerza de tanto repetirlo, agremiados y dirigentes le dieron carácter de verdad absoluta: las instituciones de seguridad de los trabajadores de la educación son de la Sección 38, una impostura que adquirió, en muchos casos, una perniciosa connotación: las instituciones son de los dirigentes, arrogancia que no pocas veces, excepciones aparte, derivó en un manejo discrecional y arbitrario del patrimonio, como si de un botín se tratara y cuyo afán depredador fue descomunal en los últimos lustros.

En este contexto, la dirigencia sindical se enfrenta a una disyuntiva: EJERCER EL PODER SINDICAL QUE SÍ TIENE PARA DEFENDER LOS DERECHOS DE SUS REPRESENTADOS o empeñarse en lograr que el Gobierno le ceda los puestos administrativos de las instituciones de seguridad social de los trabajadores de la educación, esto con la inevitable y controversial consecuencia de convertirse en juez y parte, en defensor y en autoridad, pero sobre todo, lo más preocupante, con el riesgo de que para conseguir que el Gobierno le ceda la administración de las instituciones, la dirigencia sindical limite y contenga posiciones de lucha y deje de lado su PRINCIPAL FUNCIÓN: defender a los agemiados y exigir al Gobierno que cumpla sus obligaciones en materia de respeto y atención de derechos laborales, salariales y de seguridad social.

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No obstante lo anterior, si la dirigencia actual considera que una estrategia viable para cumplir su función es seguir la tradición de ser también autoridad administrativa y para ello negocia con el Gobierno el acceso a puestos en las instituciones, esperemos que su desempeño sea con honradez, eficiencia y para beneficio real de los agremiados, y que, como hemos dicho en otro espacio, la concesión que reciba no sea a costa de ceder en otros rubros ante la autoridad, ni de minar la fortaleza y el capital político que le concedimos más de 7000 votantes para dignificar la gestión sindical y realizar los cambios de fondo en la Sección 38 del SNTE.

Pero al final, resuelto el diferendo entre gobierno y dirigencia, concluido el estira y afloja por los puestos, lo que importa para los derechohabientes de las instituciones es que estas funcionen adecuadamente, que cumplan con su objeto social, que acabe la corrupción y la impunidad, que el gobierno y las universidades paguen los más de cinco mil millones que deben, que se sancione a los responsables de fraudes y peculados, que se recupere el dinero desviado y malversado, pero sobre todo, que los pacientes en las clínicas magisteriales tengan óptima atención, servicios y medicamentos completos, a tiempo y de calidad, que los pensionados y familiares que tienen más de 6 años esperando el pago de pólizas de Seguro, Retiro y Defunción lo reciban ya y en forma integra, no mermado por una decisión discrecional e injusta, que quienes necesitan una vivienda digna puedan ser beneficiados por los millonarios recursos que del erario se destinan para ese fin, y que los jubilados (los actuales y los que en pocos años llegarán a esa condición bajo el régimen de Cuentas Individuales), tengan certeza de su pensión. Todo eso es la OBLIGACIÓN del Gobierno, la RESPONSABILIDAD de la dirigencia es exigirle que cumpla.