La intocable señora Wallace

Por Antonio Rosales

No pocas veces se ha escrito en este espacio sobre el caso Wallace, aquel que inició con el presunto secuestro y asesinato de Hugo Alberto (Wallace Miranda, Miranda Torres o León Miranda, dependiendo del acta de nacimiento a la que se tomé como referencia), hijo de la empresaria y fundadora de la asociación civil Alto al secuestro, Isabel Miranda de Wallace. Caso e historia que aterra por la montaña de atrocidades, contradicciones y pruebas endebles sobre las que se sostiene, y que hacen pensar, con bastantes bases sólidas, la posibilidad de que haya sido fabricado con quien sabe que clase de fines retorcidos, recordándonos que como ciudadanos no solo tenemos que tomar todo tipo de precauciones y cuidarnos de los criminales que operan en la ilegalidad, sino también de los maleantes de cuello blanco que operan “legalmente” y que también abundan entre políticos, empresarios, magnates, policías, militares y posiblemente hasta entre “activistas”.  

En su momento, en 2014 para ser exactos, periodistas de investigación como Anabel Hernández y Guadalupe Lizárraga fueron pioneras en cuestionar e investigar la historia que la señora Wallace, los gobiernos en turno y los grandes corporativos mediáticos nos contaron, aunque ya años antes el bloguero vasco, Luis Miguel Ipiña, había empezado a publicar sobre el tema en un blog que fue cerrado después de que fuera detenido en 2011. Ipiña llegó a sostener en entrevistas para medios como el semanario Proceso y el portal Los Ángeles Press, que le sembraron un arma y que los mismos policías le aseguraron que lo detenían “por haberse metido con la señora Wallace”, tras lo cual pasó año y medio en un penal de Chiconautla, Estado de México. 

A partir de 2019, diferentes medios de comunicación se han sumado al cuestionamiento del caso, si bien es cierto Guadalupe Lizárraga ya llevaba haciendo una labor en solitario, dedicándose al tema completamente desde 2014, tanto como periodista e incluso desde el activismo y el acompañamiento a las familias, a pesar del veto e invisibilización que hasta la fecha su trabajo y el reconocimiento a la autoría original de sus investigaciones, aún padece en la mayoría de los medios de comunicación. 

Sería muy repetitivo aquí rememorar las inconsistencias del caso, así como también las bestiales torturas (asfixia, ahogamiento, golpes, abusos sexuales, descargas eléctricas) a las que han sido sometidos los acusados del caso, sin mencionar las amenazas, persecución, posible espionaje y toda suerte de calumnias y actos intimidatorios que han padecido familiares, abogados, activistas, defensores de Derechos Humanos y periodistas que se han acercado al caso.

El material que se ha publicado al respecto puede encontrarse con algo de búsqueda en la red, para quién realmente esté interesado en conocer los abusos, falsedades y horrores que componen y rodean este caso. Sin exageraciones, ironías, ni sarcasmos: Cualquier película de terror o película policiaca se queda corta ante los profundos infiernos que habitan en el llamado caso Wallace. Y lo peor es que, desgraciadamente, son historias reales y quizás, mucho más comunes de lo que normalmente imaginamos.

Sería más provechoso enfocarnos en una pregunta crucial, que seguramente muchos mexicanos que conocen de este tema se han hecho: ¿En dónde y en qué radica el enorme poder de la señora Isabel Miranda de Wallace, y por qué? ¿Qué es exactamente lo que la hace todopoderosa en el sistema político y judicial mexicano? ¿Por qué es más intocable que la mayoría de los políticos y empresarios de nuestro país? ¿Qué o quién la protege, quién le da (o dio) poder, influencia e impunidad a manos llenas? ¿Cómo lo obtuvo? ¿Por qué se le permitió controlar todo el poder judicial a su antojo, en tiempos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? ¿A quién o a quienes les convenía (o les conviene todavía) empoderarla a tal extremo y dejarla operar a su entero capricho, y por qué? ¿Qué les sabe a todos esos políticos y funcionarios judiciales, o que le deben? ¿La protegen porque la adoran, la respetan o le temen? ¿Por qué? ¿Qué es de todos esos políticos y funcionarios? ¿Socia, cómplice, aliada, amiga, jefa o subordinada? ¿De qué, o en qué, si la señora nunca ha tenido un cargo público, al menos no oficialmente hablando? Además de policías, funcionarios judiciales y políticos, ¿hay empresarios, banqueros u otros poderes fácticos en este oscuro entramado? ¿Por qué resulta tan peligroso tocar estos temas, si finalmente ningún particular debería estar por encima de ningún otro ciudadano (aunque es vox populi que eso no se respeta en los hechos, desgraciadamente)? Muchas preguntas sin resolver, demasiadas especulaciones y pocas respuestas que ayuden a clarificar por completo.

Estas preguntas resultan pertinentes tras la llegada de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (y de facto, también del Consejo de la Judicatura Federal), en enero pasado, sucediendo a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Norma Lucía Piña llegó por todo lo alto, abanderada desde su condición de mujer, feminista y “progresista”, lo que sea que esto último signifique en una época en que todos estos conceptos se han revuelto y hasta desvirtuado. Le llovieron felicitaciones y su discurso feminista, al asumir el cargo, conmovió hasta las lágrimas a muchas feministas y figuras públicas progres de ocasión. No fueron pocas las publicaciones que hicieron referencia a la importancia de que su nombramiento estaba “rompiendo el techo de cristal” (concepto feminista al que ella misma se refirió en su discurso inaugural) al ser la primera mujer en asumir tal cargo, y destacaron la importancia de que la Suprema Corte estaba recuperando su “autonomía e independencia”, luego de que Zaldívar fuera señalado en repetidas ocasiones de subordinarse completamente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En medio de las fanfarrias y de tal algarabía, se instaló la amnesia colectiva respecto a una columna publicada en mayo del año pasado, en el diario Milenio. En el texto, el periodista Ricardo Raphael de la Madrid reveló que Abraham Pedraza Rodríguez, primer denunciante falsario en el controvertido caso Wallace, es a la vez secretario de la ministra Norma Piña y cuñado de Isabel Miranda de Wallace. En aquel entonces, Raphael llamaba a la ministra Piña a excusarse respecto a la decisión que la Suprema Corte tenía que tomar sobre la atracción del caso de Juana Hilda González Lomelí, una de las detenidas del caso Wallace, si bien este año ha defendido con sorprendente candor y dedicación el nombramiento de Piña Hernández como presidenta de la Suprema Corte. 

Desde hace una semana, periodistas y personajes como Julio Hernández López “Astillero”, Fabrizio Mejía Madrid, Jesús Escobar, así como algunos youtuberos totalmente afines al actual gobierno, parecen haberse enterado apenas del nexo “Miranda de Wallace-Abraham Pedraza-Norma Piña” y de las graves implicaciones que podría tener dicho vínculo en la correcta impartición de justicia y concretamente en el caso Wallace. Quizás incluso el presidente y Comunicación Social de presidencia no tarden en hacerse los sorprendidos. La pregunta es, ¿de verdad el gobierno federal no lo sabía? Si lo sabían, ¿no vieron el posible conflicto de interés, y decidieron callar? Y si realmente no lo sabían, ¿entonces que clase de servicios de información tienen, que no se enteran de algo que ya había aparecido en un medio de comunicación nacional? Desde luego no se está llamando aquí a que el presidente viole la supuesta “independencia” de la Suprema Corte, pero si llama la atención que el presidente, tan obsesivo y observador de los movimientos de lo que él llama el bloque “conservador” (PRIANRD-MC y los desinflados grupos y nombres que la derecha multipartidista y el empresario Claudio X. González se inventan cada semana, con poco éxito) y que ha utilizado los tenebrosos casos Cassez-Vallarta y Wallace para criticar (con sobrada razón, eso no lo discuto) a los gobiernos pasados en sus mañaneras, se le haya escapado un dato tan importante.

A la entrada de Piña Hernández, en los últimos días ha seguido la renuncia de Netzaí Sandoval Ballesteros, hermano de Irma Eréndira Sandoval (ex titular de la Secretaría de la Función Pública) y quien era director del Instituto Federal de la Defensoría Pública, órgano que depende del Consejo de la Judicatura que hoy también preside Norma Piña; instituto que, en sus últimos años, presuntamente se había dedicado a defender a Juana Hilda González, Brenda Quevedo, Jacobo Tagle y César Freyre, torturados y detenidos por el caso de la señora Wallace. Su salida fue el precedente de una serie de despidos y renuncias, entre ellos el de Salvador Leyva Morelos Zaragoza, secretario Técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, quien en su carta de renuncia y en diferentes entrevistas a medios de comunicación, ha expresado que no existen condiciones para continuar trabajando en dicho organismo y subrayó su preocupación de que en la nueva administración se continúen encubriendo las torturas e irregularidades del caso Wallace, como se ha hecho en gobiernos pasados, según sus propias palabras.

Tras la salida de Netzaí Sandoval Ballesteros, entró como titular del Instituto de la Defensoría Pública, la magistrada Taissia Cruz Parcero, a partir del primero de febrero del presente año. Cruz Parcero es también esposa de Renato Sales Heredia, actual fiscal de Campeche y ex comisionado de Seguridad en el gobierno de Enrique Peña Nieto. 

Según publicaciones de Los Ángeles Press basadas en cartas y declaraciones de los inculpados, Renato Sales Heredia presuntamente habría permitido la tortura a los detenidos del caso Wallace, desde su cargo como comisionado de Seguridad en la administración peñanietista, así como también habría ignorado una carta que le escribió Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, denunciando las torturas, en aquel tiempo. El vínculo “Miranda de Wallace-Renato Sales Heredia-Taissia Cruz Parcero” quizás no ha sido retomado con mucha fuerza por el gobierno actual y sus medios afines, ya que Sales Heredia hoy se desempeña en el gobierno de Layda Sansores, la polémica gobernadora que llegó a través del partido Morena. Pero evidentemente, aquellos medios fieles a los gobiernos anteriores tampoco harán demasiado ruido al respecto, ya que el caso Wallace refleja como pocos, el nivel de descomposición en que dejaron el poder judicial los gobiernos pasados y que, desgraciadamente, este gobierno tampoco ha hecho nada por sanar realmente y a fondo. En resumidas cuentas: El estado actual de las cosas en el caso Wallace parece convenir, por igual, a todos los partidos.

Y llegados a este punto, es inevitable preguntarse nuevamente: ¿Qué es lo que hace tan poderosa e invencible a la señora Wallace, en lo que a política y judicialidad se refiere? ¿Cómo ha podido extender sus redes más allá de los partidos que la crearon y cobijaron (el “PRIANRD-MC”, el llamado “Bloque conservador” según el presidente) y fortalecer su impunidad durante la cacareada “Cuarta Transformación”? ¿No tiene la sensación de que las pugnas partidistas son una mera farsa para entretener a las masas, pero en los hechos todos los políticos y empresarios de alto nivel, se toman de la mano y caminan juntos, apoyándose entre sí? ¿De qué sirve que el mandatario se cuelgue del caso Wallace, si en los hechos todo continua de forma muy similar al pasado? Quizás de forma más “blanda”, es cierto, pero los horrores continúan ahí.

Desde luego, esto no se trata de personalizar el asunto. Quien esto escribe no gana, ni pierde nada con lo que suceda con el caso Wallace. En todo caso, de ser ciertas todas las atrocidades que se cuentan de ella, Isabel Miranda de Wallace no es la única victimaria de nuestra historia reciente, ni mucho menos la única villana del sistema político y empresarial mexicanos. Sería, en todo caso, un monstruo, de muchos, que perviven en la galería de los horrores de quienes han mangoneado y destrozado nuestro país no solo desde hace décadas: desde hace siglos, quizás. Incrustados y enquistados en los poderes legislativo, federal, judicial; en la clase empresarial y en los principales medios de comunicación. Historias de abusos y terror sobran, tan solo con que nos asomemos un poco al proceder de personajes como Luis Echeverría Álvarez, Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, Elba Esther Gordillo, Rubén Figueroa, Arturo “El Negro” Durazo, Miguel Nazar Haro, Edgar Veytia, Javier Duarte, Luis Cárdenas Palomino y quizás uno de los máximos perversos de nuestro país, Genaro García Luna, actualmente juzgado en Nueva York.

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Tampoco Brenda Quevedo Cruz, César Freyre Morales, Juana Hilda González Lomelí, Albert Castillo Cruz, Tony Castillo Cruz, Jael Malagón Uscanga, Jacobo Tagle Dobin y George Khouri Layón, son las únicas posibles víctimas de un sistema judicial inquisitorial, oscuro, sádico y cruel. No solo es Israel Vallarta (caso Cassez Vallarta) y su familia: Tras todos ellos, están decenas, centenas, sino es que miles de culpables fabricados mediante tortura y siembra de pruebas, no solo por la llamada “señora Wallace”, sino también por una innumerable cantidad de policías, ministerios públicos, jueces, directores de penales, custodios, caciques, hacendados, empresarios, alcaldes, gobernadores y otros más, que han usado nuestro sistema judicial a su antojo para venganzas personales, represión política, control social y fabricaciones de todo tipo. 

La fabricación de culpables se da por una cantidad de motivos que usted tal vez ni se imagine, y faltan plumas, teclados, cámaras, micrófonos y manos para reportar esas historias: Comuneros que son apresados por no permitir el despojo de sus territorios, disidentes políticos, venganzas pasionales, fraudes judiciales, herencias.

El caso Wallace no es el único, ni el primero, pero si quizás uno de los más terribles. Por eso es importante poner el foco: Porque los culpables fabricados podríamos ser cualquiera de nosotros, cualquier ciudadano sin poder ni influencias, como la mayoría de la población.

Y mientras las cárceles estén copeteadas de inocentes sin dinero y conocimientos para una correcta defensa, ni poder y contactos para enfrentar una maquinaria judicial que aplasta, como aplanadora, a todo aquel que se le atraviese, los verdaderos delincuentes (de bajo, medio o alto nivel) seguirán libres y manteniendo secuestrada la tranquilidad de quienes habitamos este país.

Es lamentable que un gobierno que prometió que no habría más personas “intocables”, siga permitiendo que la intocable señora Wallace y otros poderosos como ella, se mantengan con todo el poder, y que todos aquellos periodistas que escriben sobre estos temas, estén en alto riesgo. Mientras tanto, con la fabricación de culpables y otros crímenes de Estado y particulares, solo nos queda hacer lo que propuso la escritora Rosario Castellanos en su poema “Memorial de Tlatelolco” sobre la conocida represión estudiantil del 2 de octubre de 1968:

<< Recuerdo, recordamos.

Ésta es nuestra manera de ayudar a que amanezca

sobre tantas conciencias mancilladas,

sobre un texto iracundo sobre una reja abierta,

sobre el rostro amparado tras la máscara.

Recuerdo, recordamos

hasta que la justicia se siente entre nosotros>>

Caso Wallace: el ominoso proceso

Por Antonio Rosales

“Alguien tenía que haber calumniado a Josef K, pues fue detenido una mañana sin haber hecho nada malo”. Así inicia la famosa novela de Franz Kafka, sobre un hombre que es arrestado, sin jamás saber la causa, y en el que la culpa busca su castigo. Una larga pesadilla hecha estrecho, pantanoso, nebuloso y oscuro laberinto se despliega a lo largo de la historia, cuyos absurdos llevan a la confusión y casi locura a su protagonista. 

No muy lejano de ese infierno dantesco está el que han vivido los acusados del caso Wallace, con la diferencia de que, aun sabiendo la causa, ninguna prueba que han aportado a su favor les ha servido para salir del fango; todo intento de defenderse se ha perdido en arenas movedizas de un sistema judicial plagado de corrupción y opacidad. En teoría, es la autoridad quien tendría que demostrar la culpabilidad y no los acusados su inocencia, pero en el caso Wallace nada es lo que la teoría del Derecho dictaría.

Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Albert y Tony Castillo Cruz, Jael Malagón Uscanga, Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobin y George Khouri Layón, así como sus familias enteras, desde julio de 2005 han padecido lo indecible y a cuatro años de este gobierno no queda claro cuándo terminará su inquisitorial calvario. Torturas (físicas, psicológicas, sexuales); persecución y espionaje contra familiares, activistas, periodistas y abogados que se han acercado al caso; amenazas, tratos vejatorios por parte de las autoridades, invisibilización por parte de los medios de comunicación hasta 2019, campañas difamatorias y toda clase de irregularidades judiciales, son algunos de los martirios que han padecido los acusados. Ello puede dar pie a argumentar que solo se trata de abusos y que eso no eximiría su “culpabilidad”, pero debe añadirse que sobran irregularidades en el caso, relacionadas con CURPS y registros del SAT, diferentes actas de nacimiento, tarjetas de crédito, llamadas telefónicas, una gota de sangre… Y un caso que se sostiene, mayormente, en los testimoniales arrancados bajo brutales torturas, algunas ya acreditadas mediante respectivos Protocolos de Estambul (Jacobo Tagle, Brenda Quevedo, César Freyre).

Sin exagerar, escribir sobre el caso Wallace es, en muchos sentidos, jugar a la vida y la muerte, coquetear con el peligro, ponerse en la línea de fuego. No solo porque la parte acusadora del citado expediente ha intentado acallar por todos los medios cualquier investigación o duda razonable a su versión de lo sucedido, sino porque pareciera que existen numerosos intereses, relatos impuestos y contrapuestos, dobles (y hasta triples y cuádruples) juegos, redes de espionaje y contraespionaje (tanto gubernamentales, como operadas por particulares), dobles (y triples) agentes. Las novelas policíacas de Agatha Christie o las distopías de George Orwell parecen cuentos de hadas o novelas de Corín Tellado junto a la maraña de enredos y atrocidades que rodean el caso Wallace. 

Fuera del binomio (el relato oficial de Isabel Miranda versus el periodista Ricardo Raphael) parece que está prohibido acercarse al tema. Cierto es que el cerco mediático respecto a esta historia ha cedido un poco, y ello se ve reflejado en infinidad de videos y textos periodísticos -dentro del binomio- que se han publicado desde hace un par de años. Y sin embargo, aún es de alto riesgo. 

Hace más de tres años, desde este espacio dimos cuenta sobre la posible falsedad del caso Wallace. 

La versión oficial del caso Wallace nos cuenta la historia de una madre y acaudalada empresaria dedicada a las escuelas privadas y anuncios espectaculares en la Ciudad de México (Isabel Miranda de Wallace o María Isabel Miranda Torres), que desde 2005 buscaba justicia para su primogénito, Hugo Alberto; un hombre presuntamente secuestrado y asesinado. Tras la desaparición, la empresaria inició la búsqueda de los plagiarios, y como constará en la web, en la hemerografía y la videografía de la época, Miranda Torres fue ampliamente reconocida por lograr la captura de todas las personas que acusó, inicialmente con la colocación de anuncios espectaculares de su empresa, Showcase Publicidad, ofreciendo recompensas por información y posteriormente, con las capturas de todos los señalados. 

Desde entonces y durante más de dos sexenios, a través de campañas en los principales medios de comunicación, Isabel Miranda fue posicionada como una heroína, lideresa de opinión en todos los medios de comunicación mexicanos, sobre temas de seguridad y el activismo antisecuestro. Junto con María Elena Morera, Rosi Orozco y Alejandro Marti, Wallace se convirtió en una invitada predilecta en eventos oficiales de Calderón y García Luna, ejerciendo crítica a la par que departía con los funcionarios que decía criticar. 

A través de la plataforma que le otorgó su organización Alto al secuestro su relación con el gobierno de Felipe Calderón fue volviéndose cada vez más estrecha, al grado que, en diciembre de 2010, le fue entregado el Premio Nacional de Derechos Humanos. Tiempo después, pese a la inconformidad de panistas como José Luis Luege Tamargo y Demetrio Sodi, el partido Acción Nacional la hizo candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México en las elecciones de 2012. 

Su influencia en la opinión pública también fue utilizada para posicionar la narrativa del secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, en casos como el de Florence Cassez e Israel Vallarta, como lo documentaron Emmanuelle Steels (El teatro del engaño, 2015), José Reveles (El affair Cassez, 2013) y Jorge Volpi (Una novela criminal, 2018).

Con Enrique Peña Nieto el rol de incondicional aliada transexenal del gobierno federal mexicano se afianzó, volviéndose cada vez más evidente; en especial después del caso Ayotzinapa, en el que la señora Wallace intentó lavarle la cara a la entonces Procuraduría General de la República, desacreditando mediáticamente la investigación del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), y pidiendo la salida del GIEI de nuestro país, luego de que sus informes concluyeran que hubo participación del Estado mexicano en los hechos. Los informes contradecían la versión de la PGR de Jesús Murillo Karam, misma que intentó criminalizarlos e invisibilizar cualquier responsabilidad del Estado en lo ocurrido. 

La obstinación de la empresaria por la "verdad histórica" de Murillo Karam no solo la llevó a denostar a activistas como Juan Méndez y Mariclaire Acosta, sino que incluso aun en julio de 2020 salió en defensa de Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal durante el gobierno de Peña Nieto. "Yo en ningún momento vi que Zerón estuviera torturando; quiso ser duro con él, pero enfrentarse a este tipo de criminales tiene que tener (sic) una posición dura para que pueda realmente entrevistarlo", comentó en diversas entrevistas, sobre un video en que aparece Zerón hablando en tono amenazante a Felipe Rodríguez Salgado "El Cepillo", detenido por el caso Ayotzinapa. Actualmente Zerón se encuentra exiliado en Israel, luego de que el gobierno actual lo señalara de secuestro, tortura y manipulación en la investigación sobre la desaparición de los estudiantes, así como de la malversación de unos 50 millones de dólares. Israel no ha hecho ningún movimiento para extraditar al exfuncionario y el gobierno mexicano dice negociar con dicho país, sin embargo, no ha habido resultados hasta el momento en que se escribe este artículo.

Tanto en la administración calderonista como en el peñanietismo, los políticos y funcionarios judiciales en turno cerraron filas para construir y proteger la versión oficial del caso Wallace y ello no se vio reflejado solamente en discursos y maniobras mediáticas, sino también en omisión y colaboración en intimidación a aquellos periodistas, abogados y activistas que han dado voz, asesoría, defensa y/o acompañamiento a los acusados y a sus familiares. Por mencionar solo algunos ejemplos de ello: El activista Giel Meza sufrió detención arbitraria e interrogatorio el 13 de julio de 2014; en 2010 la abogada Ámbar Treviño Pérez, en un proceso completamente arbitrario e irregular bajo el cargo de presentar “documentación falsa”, fue detenida, arraigada y trasladada a un penal de Durango; Guadalupe Lizárraga, la periodista que mayor rigor y dedicación ha mostrado en el caso desde 2014, vivió dos intentos de secuestro por agentes ministeriales, además de espionaje y amenazas de diversa índole, sin que autoridades ni la mayoría de los medios de comunicación mexicanos se pronunciaran al respecto.

Con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aparentemente existe un distanciamiento entre Isabel Miranda y el gobierno federal; sin embargo, la presente administración tampoco ha representado un cambio sustancial para la mayoría de los detenidos del caso Wallace. Es cierto, el gobierno federal no ha ejercido una censura mediática sobre el tema de forma tan pronunciada como los sexenios anteriores, aunque existe un episodio en particular que ha sido ignorado por medios, periodistas y autoridades: Cuando la periodista Guadalupe Lizárraga llevó por primera vez el caso a la conferencia mañanera presidencial (29 de marzo de 2019), hubo un apagón de luz en Palacio Nacional tras el cual, se perdió de la transmisión la denuncia de la periodista ante el presidente, hecho que también fue omitido e ignorado por todos los medios de comunicación. Las piezas videográficas que quedaron como testimonio y escasamente se encuentran en la web, fueron grabadas incidentalmente por reporteros independientes presentes. La fundadora de Los Angeles Press denunció una posible censura por parte de CEPROPIE, Comunicación Social de Presidencia y la agencia de noticias del Estado, Notimex, pero sus denuncias fueron nuevamente ignoradas -y lo siguen siendo hasta el momento en que esto se escribe- por periodistas y autoridades. En cambio, se desató contra Lizárraga una campaña de ataques en redes a través de cuentas bots y youtubers.

Desde hace años la presidenta de Alto de secuestro acumula denuncias por parte de los acusados y sus familias, mismas que se han ignorado o perdido. En Red es Poder hemos dado cuenta de algunas más: En 2018, la periodista Guadalupe Lizárraga presentó denuncias ante la PGR/FGR contra la empresaria; en 2021, la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de la Defensoría Pública del Poder Judicial, en representación de los acusados, presentó sendas denuncias ante la FGR; en 2022, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, denunció a Isabel Miranda por fabricación de pruebas, luego de que ésta lo señalara y denunciara ante la Fiscalía, de “corrupción, tráfico de influencias, amenazas y ejercicio indebido de funciones” tras la atracción por parte de la Corte del caso de Juana Hilda González Lomelí en mayo pasado. Las denuncias contra Miranda tienen los mismos señalamientos en común: Tráfico de influencias, fabricación de pruebas, tortura, amenazas.

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2022 parece una copia de aquel ignominioso año en que inició el horror para los acusados y sus familias: 2006, año en que Brenda, Jacobo, César, Juana Hilda, Tony, Albert y Jael se vieron exhibidos en los anuncios espectaculares de la empresa de Isabel Miranda, Showcase Publicidad, sin derecho a presunción de inocencia y cazados para acabar con su libertad. En 2022 esos espectaculares volvieron, pero esta vez para intentar influir en la decisión que la Corte deberá tomar antes del 12 de diciembre, fecha en que se deberá haber tomado una resolución para el caso de Juana Hilda. De ser absuelta se sentaría un precedente para los demás acusados, cuyos procesos continúan empantanados.

La revictimización, criminalización y violación a la presunción de inocencia también se ha dado este año a través del Foro Lindbergh, zona ubicada en el parque México de la colonia Condesa de la Ciudad de México, en la que Isabel Miranda montó este noviembre una exposición abierta al público, volviendo a señalar a sus acusados, con aprobación de autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc. 

Queda menos de un mes para que la Corte determiné el curso del caso Wallace. Será interesante observar si los ministros decidirán seguir enfangando la ominosa senda de un proceso plagado de irregularidades y abusos, o bien, abrirán un halo lo suficientemente luminoso para que marqué un verdadero y positivo cambio en la impartición de justicia.

Miranda de Wallace, nuevamente denunciada ante la FGR

Por Antonio Rosales

Durante la tarde de este jueves 15 de julio, el semanario Proceso y el canal de televisión La Octava (propiedad de Grupo Radio Centro) dieron a conocer -a través del canal y de sus portales digitales- nuevas denuncias judiciales contra la empresaria de publicidad exterior, María Isabel Miranda Torres, mejor conocida como Isabel Miranda de Wallace. 

De acuerdo a lo reportado por dichos medios, la Fiscalía General de la República habría iniciado ya una carpeta de investigación por delitos de falsedad en declaraciones judiciales en la modalidad de simulación de pruebas por irregularidades cometidas en el caso del presunto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, quien de acuerdo a diferentes investigaciones periodísticas también responde a los nombres de Hugo Alberto León Miranda y Hugo Alberto Miranda Torres, con sendos documentos oficiales como actas de nacimiento y CURP.

La carpeta de investigación fue iniciada por la FGR tras una denuncia que promovió la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de la Defensoría del Poder Judicial, presidido por Netzaí Sandoval Ballesteros, en representación de seis de los acusados, presuntamente víctimas de tortura y fabricación de pruebas: Brenda Quevedo Cruz, Juana Hilda González Lomelí, Jacobo Tagle Dobin, Albert Castillo Cruz, Tony Castillo Cruz y César Freyre Morales. 

La denuncia fue recibida por la Delegación Metropolitana de la FGR el pasado 6 de mayo y tras las primeras diligencias se le asignó el expediente FED/CDMX/SPE/2676/2021 para el inicio de la carpeta de investigación, la cual se encuentra en integración.

Entre las irregularidades y contradicciones señaladas en la denuncia judicial se encuentran algunas ya mencionadas en investigaciones periodísticas. De acuerdo al expediente, hubo ausencia de pruebas contundentes en el primer cateo de octubre de 2005; el posterior alquiler del departamento donde supuestamente ocurrieron los hechos, por un empleado de Isabel Miranda (Rodrigo Oswaldo de Alba Martínez) y la posible siembra de pruebas materiales para el segundo cateo, ocurrido en febrero de 2006.

La denuncia incluye la posible falsedad de declaraciones sobre la paternidad de Hugo Alberto, quien de acuerdo a la presidenta de Alto al secuestro, era o es hijo de José Enrique del Socorro Wallace Díaz, segundo cónyuge de María Isabel Miranda. Sin embargo, a mediados de abril de 2019 el médico Carlos León Miranda salió a la luz pública, y reconoció ante autoridades y la periodista Guadalupe Lizárraga -del medio Los Angeles Press- ser el verdadero padre del hijo de la activista. Posteriormente, el 29 de abril del mismo año, en conferencia de prensa en el Senado de la República y en compañía de la periodista y de la senadora Nestora Salgado, confirmó sus declaraciones ante medios nacionales. El hecho es relevante ya que la paternidad sería crucial, para dictaminar o desechar como prueba, la gota de sangre que sostiene el caso. 

Esta no sería la primera vez que la dueña de las empresas Showcase Publicidad y Showposter Publicidad enfrenta este tipo de acusaciones, mediática y judicialmente. 

En 2014, las periodistas Anabel Hernández y Guadalupe Lizárraga, a través de la revista Proceso y del portal Los Angeles Press respectivamente, publicaron investigaciones periodísticas hechas por separado, donde ya ponían en duda no solo el plagio y asesinato del hijo de Isabel Miranda, sino que señalaban la posibilidad de que el mismo continuara con vida. Lizárraga, desde Los Angeles Press, continuó publicando e indagando en el caso desde entonces y recopiló parte de sus investigaciones, en su libro El falso caso Wallace (2018).

En diciembre de 2018, acompañada por Jan-Albert Hootsen del Committe to Protect Journalists, y de dos miembros del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de Segob, la directora de Los Angeles Press interpuso una denuncia contra Isabel Miranda de Wallace por, de acuerdo a Lizárraga, la posible falsedad del caso Wallace y amenazas e intentos de secuestro, por parte de Isabel Miranda. 

De acuerdo a lo publicado por la periodista Guadalupe Lizárraga, el entonces procurador de la República, Alejandro Gertz Manero, dio la instrucción de que se abriera el expediente para la investigación penal del caso Wallace “con las normativas más estrictas de la institución, sin dejar ninguna fisura", por lo que se abrió el expediente número NA/CDMX/SEIDF/0002056/2018. 

Sin embargo, de acuerdo a Los Angeles Press, una de las denuncias de la periodista fue desestimada. Con el oficio número FEIDT-EIL-II-001/2020, el agente del Ministerio Público Juan Diego Chávez Aguirre, respondió a la denuncia que se integró en la carpeta de investigación FEIDT/SEIDF/UEIDT-CDMX/0000840/2019, determinando no ejercer acción penal contra Isabel Miranda. 

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Respecto a la actual denuncia interpuesta por la Defensoría Pública, Isabel Miranda ha declarado a medios de comunicación como El Universal que, contrario a lo revelado por Proceso, no ha sido notificada de la denuncia y que la querella "es una forma de amedrentarla", por supuestamente, "denunciar que Netzaí Sandoval (titular del IFDP) está incurriendo en malas prácticas y presionando para liberar a Brenda Quevedo Cruz". 

El caso Wallace inició el 11 de julio de 2005 en la Ciudad de México, con la desaparición y presuntos secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, hijo de la empresaria Isabel Miranda de Wallace. Por el hecho fueron detenidos Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Albert Castillo Cruz, Tony Castillo Cruz, Jael Antonio Malagón Uscanga, Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dobin. Sin embargo en diferentes ocasiones e instancias, han señalado no solo irregularidades y siembra de pruebas, sino incluso la posible fabricación de todo el caso, así como posible tráfico de influencias por la parte acusadora, torturas, persecución y amenazas no solo para ellos, sino también para sus familias, abogados, activistas y periodistas que se han acercado al caso. 

El gran circo electoral

Por Antonio Rosales

<<El espectáculo es el discurso ininterrumpido que el orden presente

hace sobre sí mismo, su monólogo elogioso. Es el autorretrato

del poder en la época de su gestión totalitaria de las condiciones

de existencia. La apariencia fetichista de pura objetividad en las

relaciones espectaculares esconde su carácter de relación entre

hombres y entre clases>>

GUY DEBORD, La sociedad del espectáculo 

 

<<En la civilización del espectáculo la política ha experimentado una banalización (...), lo que significa que en ella la publicidad y sus eslóganes, lugares comunes, frivolidades, modas y tics, ocupan casi enteramente el

quehacer antes dedicado a razones, programas, ideas y doctrinas. El político de nuestros días, si quiere conservar su popularidad, está obligado

a dar una atención primordial al gesto y a la forma, que importan más que sus valores, convicciones y principios>>

MARIO VARGAS LLOSA, La civilización del espectáculo

 

Cuando se observa fríamente el opio multicolor de las filias y fobias en que intenta enjaularnos el sistema, y se piensa en elecciones, política, partidos políticos, autoridades electorales y todos los elementos que componen -y orbitan alrededor de- la seudodemocracia burguesa de México, no puede pensarse más que en un patético y costosísimo espectáculo. 

¿Cómo y en que términos describir la representación electoral? ¿Melodrama, comedia, farsa, pastorela, sainete? ¿Parodia o sátira de epopeya? ¿Talk show, reality show, thriller, stand up, telenovela, serie? ¿Videohome? ¿Programa de farándula y periodismo del corazón estilo Ventaneando y la revista TV Notas? ¿Performance, videoarte, happening? ¿Carnaval, feria, circo, carpa, función de box o lucha libre? 

La política en el capitalismo en general, y particularmente durante procesos electorales, parece seguir como manual algunas de las "10 estrategias de manipulación mediática" descritas por el escritor Sylvain Timsit: La estrategia de la distracción, infantilización del público, utilizar lo emocional más que la reflexión, estimular al público a ser complaciente con la ignorancia y la mediocridad, y reforzar la autoculpabilidad… Recuerde estos puntos cada vez que vea o escuche a un político y se dará cuenta que esas estrategias son parte de la rueda de la fortuna (o rueda del infortunio, más bien) en la que nos hacen girar medios y políticos, aún más en campaña. 

En campañas electorales, candidatos y partidos, estamos ante la vacuidad, el vacío, la ausencia. No el vacío fértil que precede un nacimiento o una decisión, sino el vacío estéril y turbio de la simulación, las violencias encubiertas, la represión y la autorrepresión. 

Ante el vacío y la mentira, solo queda la pantomima, el espectáculo, el drama. El humor involuntario, el humo, las confrontaciones constantes y gratuitas, el entretenimiento, el teatro evaporan la necesidad de encontrar un sentido y evaden la desgarradora ausencia omnipresente en la farsa electoral, creando a su vez el espejismo de solidez, identidad, integridad, cohesión, originalidad, rectitud y contenido, que generalmente no existen. 

No es que, entre el lodazal, ocasionalmente no existan personajes capaces, honestos y éticos así como algunas propuestas, valores, ideales e ideas valiosas; el problema es que casi todo lo bueno y genuino acaba desplazado, triturado o absorbido por la hipnótica, omnívora e ígnea esvástica giratoria de los grandes capitales en perjuicio de los sectores populares. 

En Manifiesto del Partido Comunista (1848), Engels y Marx lo dejaron muy claro: "La burguesía, después del establecimiento de la gran industria y del mercado universal, se apodera finalmente del Poder político –con exclusión de las otras clases– en el Estado representativo moderno. El gobierno del Estado moderno no es más que un Comité administrativo de los negocios de la clase burguesa". 

Y cualquier duda de la vigencia de esas palabras, pregúntese si alguien que realmente represente un alto riesgo para las fortunas de Carlos Slim, Claudio X González, Ricardo Salinas Pliego, Emilio Azcarraga, Olegario Vázquez Aldir, Germán Larrea, Alberto Bailleres, el Consejo Mexicano de Negocios, la COPARMEX, la familia Junco, las corporaciones trasnacionales o la banca internacional, realmente podría, ya no digamos, hacer una exitosa carrera política sino simplemente, vivir sin peligro de exilio o muerte. 

Por supuesto que en contadas ocasiones, cuando la oligarquía ha perdido todas las batallas, tendrá que ceder o pactar ante algo que no les parezca, como aumentar salarios u otorgar prestaciones laborales… Pero siempre habrá caminos -legales o ilegales- para brincarse los acuerdos y que el político en cuestión vuelva a cerrar los ojos; y cuando no hay camino, se puede comprar e inflar a otros políticos. A los capitalistas poder de convencimiento les sobra, y megalómanos, mesiánicos y oportunistas dispuestos a convertirse en marionetas del poder económico y financiero hay por montones, en todos los partidos, medios de comunicación, y en la sociedad misma. 

Sin embargo, como para mantener el orden creado por la edulcorada ilusión de la estabilidad, estas verdades se niegan aunque se vivan, entonces se necesita la máscara, el disfraz, las actuaciones, reflectores y un libreto. 

Envolver al público en linchamientos mediáticos, "guerras" incendiarias de insultos y denuncias entre partidos y candidatos, con la mayoría de los periodistas también prestándose a la opereta haciendo el papel de referís, porristas, inquisidores, jueces morales, héroes detectivescos, villanos maniqueos y/o ministerios públicos, es una forma de garantizar que el consumidor/esclavo -perdón, el electorado- encuentre la válvula de escape necesaria para la catarsis que, una vez satisfecha, refuerce los barrotes de la Caverna de Platón del sistema capitalista que subyuga las democracias contemporáneas. 

En su gran mayoría la élite del llamado círculo rojo, los comunicadores, los dueños de los principales medios de comunicación, los conductores, locutores, los lectores de teleprompter, así como los analistas políticos, intelectuales y otro tipo de invitados y opinólogos que aún hoy mantienen un oligopolio de la opinión pública, renuncian a la búsqueda de alternativas o verdades. Ellos mismos atrapados por sus intereses y adoctrinamientos rígidos, se repiten, dogmatizan, predican y, bajo la simulación del disenso, pluralidad y discusión, acaban imponiendo una misma visión con ligeras variantes, que no afecten las agendas a empujar en turno. Es decir, son los personajes que ponen las bases retóricas y teóricas con toques de solemnidad a la función.

Por eso -permanentemente y aún más durante los procesos electorales- son igualmente necesarios héroes, cómicos, músicos, merolicos, cuentacuentos y villanos de la política y de los medios de comunicación, que - ya sea por la "derecha" o la "izquierda" - enganchen al público en la polarización y las falsas dualidades; por eso en la política -como actores principales, influencers u opinólogos- son imprescindibles los saltimbanquis, trapecistas, payasos, voceros, modelos, bufones y maestros de ceremonias, como Ricardo Anaya, Felipe Calderón, Lilly Téllez, Kenia López Rabadán, Gerardo Fernández Noroña, "finísimas" damas como Xochitl Gálvez o Nay Salvatori; Alfredo Adame, Javier Lozano, Enrique Alfaro, Fernando Belaúnzarán, Lorenzo Córdova, Ciro Muramaya, Gloria Lara "Glodejo", "Tumbaburros", Ricardo Alemán, Vicente Serrano, Chumeles, Dressers, Brozos, Lorets, Ciros Gómez Leyva, Kumamotos, Ferriz, Chapuceros, Campechaneandos, boxeadores, luchadores, futbolistas y el político, youtuber o periodista que se una a las tragicómicas ediciones semanales del Lágrimas, Risas y Amor de la política nacional. (La asignación y clasificación de roles de cada uno de los mencionados, y de otros similares que les vengan a la mente, quede a criterio del lector…) 

La dictadura global del mercado, la propaganda y la mercadotecnia marcan las direcciones a seguir. Para llegar al Olimpo, el político acepta ofrecerse como producto milagro que satisfaga las necesidades creadas -que no necesariamente las reales- que el electorado cree propias, pero en realidad son las necesidades que tiene el sistema de explotación para alimentarse. 

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Pauperizada la educación y la cultura, las campañas se ponen al nivel. Así vemos a Juncal Solano, José Luis Romero Calzada "Tekmol", entre muchos otros, bailando, quizás reconociendo en el fondo que no tienen más que ofrecer. 

Quizás la única esperanza radica en que la sociedad entera se sacuda ese ignominioso papel de "rebaño desconcertado" que describió Walter Lippmann y mediante la concientización y organización, tome la política en sus manos para satisfacer sus necesidades reales. 

¿De qué sirve votar si, más allá de partidos e ideologías, la mayoría de estos personajes traicionan sus discursos y en lugar de servir a las masas que crédulamente los eligen, terminan obedeciendo a las cúpulas empresariales, bancarias y financieras nacionales, o a entidades y personajes como el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Pagos Internacionales, el Banco Mundial, el fondo de inversiones BlackRock, el Foro Económico Mundial, el Big Pharma, las grandes empresas tecnológicas, mineras, petroleras, e hídricas, o a los políticos estadounidenses o europeos en turno? ¿Realmente usted se siente representado por -y satisfecho con- las democracias contemporáneas? ¿Siente que realmente están velando por sus necesidades e intereses? De no ser así, ¿por qué no solo legitima estas mentiras con su participación u olvido, sino que además tampoco hace algo por cambiar las cosas de fondo y raíz, y no solo de forma? 

Más que sugerir acciones concretas, lo invito a dudar, reflexionar, informarse, expresarse, organizarse y empoderarse. La democracia debe ser total y real, y no solo discurso. Ante las actuales tormentas políticas, económicas y sociales que sacuden el mundo, su despertar, concientización y participación proactiva es urgente. Ayer ya es tarde. 

Inteligencia Financiera congela más de 360 mdp a agrupación de La Luz del Mundo

Durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, este miércoles 4 de marzo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, anunció que fueron bloqueadas cuentas bancarias ligadas a la agrupación religiosa La Luz del Mundo, que ascienden a los 359 millones 981 mil 131 pesos y un millón 569 mil 236 dólares, por "prácticas relacionadas a la explotación sexual infantil y pornografía infantil", de acuerdo al funcionario. 

Nieto Castillo informó que detectaron que un pastor religioso "de tercera generación" - perteneciente a dicha religión - presuntamente habría engañado a sus víctimas mediante la fe con objeto de que donaran sus bienes a la iglesia, y "tener relaciones sexuales con jóvenes". 

El titular de la UIF explicó que fueron bloqueadas las cuentas de seis personas vinculadas con estos hechos, mientras que los recursos asegurados a terceros ascienden a 82 mil 483 pesos, ya que también estarían ligados a estos delitos.

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La agrupación religiosa La Luz del Mundo - también conocida como Iglesia del Dios Vivo Columna y Apoyo de la Verdad- es una organización cristiana de corte pentecostal unicitario y restauracionista. Fue fundada en 1926, en Guadalajara, Jalisco; con su sede central en dicha ciudad y presencia en diferentes ciudades de México, Centro y Sudamérica, así como en algunas zonas de Estados Unidos. 

El 4 de junio de 2019 fue detenido su líder Naasón Merarí Joaquín García en Los Ángeles, California (Estados Unidos), acusado por violación, pornografía infantil, tráfico de personas, abuso sexual infantil, estupro, extorsión y otros delitos presuntamente cometidos entre 2015 y 2018. La justicia estadounidense fijó una fianza de 50 millones de dólares ante la afirmación de la fiscal de la Corte, Amanda Plisner, de que el inculpado representa "una amenaza para cientos de niñas". 

El 16 de julio de 2019, el juez de la Corte Superior de California determinó que Joaquín García permanecerá detenido sin derecho a fianza, por el riesgo a que huya del país. Diferentes medios de comunicación reportaron que la Fiscalía estadounidense señaló que existen más de mil vídeos y 100 mil fotografías relacionadas con dichas acusaciones.

Por intento de censura, Vicente Serrano renuncia a La Octava

El periodista y youtuber Vicente Serrano renunció a su programa ¡Entrale sin miedo!; espacio nocturno que desde octubre pasado conducía en el canal de televisión y estación radiofónica, La Octava, propiedad de la familia Aguirre (Grupo Radio Centro), en la Ciudad de México. 

Tras una extensa y polémica entrevista a la periodista Anabel Hernández, el conductor mexicoamericano cerró su emisión del miércoles 22 de enero presentando su renuncia al aire y denunció un intento de censura o intento de imposición en la línea editorial de su informativo:

"Este es el último programa que conduce este servidor en La Octava… Por solidaridad, y porque no vamos nunca a recibir línea de nadie… Y porque siempre estamos comprometidos con la verdad, y porque nunca permitiré que se me impongan los temas que debo abordar, ni el tono con el que tengo que analizar las cosas. Hasta aquí ha llegado ¡Entrale sin miedo! Por su apoyo, por su confianza, gracias", declaró con voz firme Serrano, mirando fijamente a la cámara. 

"Por mis compañeros, por aquellos que han dado su vida por hablar con la verdad, no nos van a callar… Con mucho respeto, para quienes nos han apoyado en este espacio, gracias (...) Gracias por la oportunidad a la familia Aguirre y a la familia de La Octava pero por convicción, hasta aquí la dejamos. Como amigos, vale más que aquí la dejemos", finalizó el también ex colaborador de Telemundo, con los ojos vidriosos y quitándose el "chícharo" y el micrófono antes de salir del aire.

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Hasta el momento la familia Aguirre, propietaria de la cadena, no ha reaccionado al respecto. Tampoco ha habido declaración alguna sobre el tema por parte de otros titulares estelares de La Octava, como los periodistas Álvaro Delgado, Alejandro Páez Varela y Ricardo Raphael. 

Por su parte el columnista de La Jornada, Julio Hernández López "Astillero", conductor en la misma cadena y director editorial de la misma, sin confirmar pero tampoco desmentir a su colega, tuiteó: 

En redes sociales, el ex conductor de Azteca América recibió el apoyo de cientos de ciudadanos, así como de sus compañeros de programa, los youtubers Meme Yamel, Rafael Herrera y "El Caporal", y de otros influencers de política. Del ámbito político, le expresó su apoyo el diputado petista Gerardo Fernández Noroña. 

Durante la noche y la madrugada el tema se viralizó, convirtiendo en tendencia de Twitter México los hashtags "#SinCensura", "Vicente" y "Vicente Serrano". 

Previo a la salida de Serrano, en las últimas semanas hubo polémica por una presunta falta de pagos a su equipo, por parte de la televisora. 

El 27 de diciembre pasado el youtuber y colaborador de Vicente Serrano, Arturo Lechuga Lozano, mejor conocido como "El Mariachi Ninja" en redes, renunció a la emisión de La Octava denunciando que el canal solo le pagaba a Serrano pero nunca le pagaron al resto del staff de ¡Entrale sin miedo!, amén de que hubo despidos en el equipo durante el mes. De acuerdo a Lechuga Lozano, el sueldo de todos los colaboradores era cubierto por el mismo Vicente Serrano, no por la empresa; misma que se negó a darles prestaciones y contratarlos formalmente. 

Las declaraciones de Lechuga Lozano generaron polémica con otros youtubers, y la molestia del periodista. Sin embargo, otros colaboradores como "El Caporal" han confirmado parcialmente las irregularidades laborales en que los mantuvo la empresa. 

De acuerdo al youtuber, pese a que era el programa más visto y escuchado del consorcio, la empresa solo les prometía mejores condiciones laborales sin cumplirles y nunca hubo reconocimiento alguno, al grado de negarse a agregar sus nombres en la recepción de las instalaciones; situación que les dificultaba la sola entrada. El también ex reportero del diario Reforma lamentó que el director editorial, Julio Hernández López, no mencionara, ni reconociera al resto del equipo ni siquiera en su salida. 

Por el momento, el periodista Vicente Serrano subrayó que continuará en el noticiero matutino de su canal independiente de YouTube, Sin Censura Media (Sin Censura TV), el cual es uno de los medios digitales más populares de México y Estados Unidos y con el que lleva más de un año de transmisiones entre Chicago y la capital mexicana.

En las últimas semanas, el periodista ha sido víctima de amenazas de muerte vía telefónica y cibernética, hecho que expuso tanto en La Octava como en su proyecto independiente, Sin Censura

Radio Centro anuncia impacto de 52 mdp, tras litigios con el SAT

El corporativo radiofónico Grupo Radio Centro (GRC) adelantó que en su reporte financiero del cuarto trimestre de 2019 reflejará un impacto de 27.9 millones de pesos. Las pérdidas derivan de una serie de once litigios que involucran a la compañía contra resoluciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por posibles omisiones en el cumplimiento de gravámenes como el ISR y IETU durante los años 2009 a 2013.

De esas once resoluciones, dos ya han sido resueltas definitivamente, con un impacto general de 52 millones de pesos para este grupo radiodifusor; de 24.1 millones de pesos para los resultados financieros del periodo julio a septiembre de 2019 y de 27.9 millones de pesos para el trimestre octubre-diciembre del mismo año. 

Para el tercer trimestre del 2019, Grupo Radio Centro reportó una baja del 40% en sus ingresos por transmisión frente a los de un año antes, para ubicarse en 223.8 millones de pesos y derivado de la venta de la estación KXOS-FM 93.9 MHz de Los Ángeles, la terminación anticipada de un contrato con Grupo Siete por la operación de la XHFO-FM 92.1 MHz de la Ciudad de México y por una menor inversión publicitaria de los anunciantes en radio. Fue en este trimestre que GRC comunica un impacto de 24.1 millones de pesos por sus litigios con el SAT. 

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Radio Centro presentará en las próximas semanas su reporte financiero del cuarto trimestre de 2019, pero los correspondientes al cuarto trimestre de 2018 se ubicaron entonces en 335 millones 491,000 pesos, con un incremento de 13.7% respecto al último trimestre de 2017.

En todo 2018, GRC ingresó 1,388 millones 898,000 pesos por transmisiones, aproximadamente 13 millones de pesos menos frente al resultado general de 2017. 

Durante el 2019, la compañía se desprendió de una serie de activos para solventar cargas financieras, entre esos desprendimientos se cuentan la venta de KXOS-FM de Los Ángeles por alrededor de 35 millones de dólares para pagar compromisos relacionados con certificados bursátiles, en tanto que cedió la XEEST-AM de la Ciudad de México a Grupo Siete para finiquitar otros compromisos con ese radiodifusor y al mismo tiempo alcanzó acuerdos con Grupo Acustik para que esa firma opere la XEJP-AM de la capital. 

Sin embargo, en octubre pasado el grupo mediático presentó su proyecto televisivo, La Octava; con el cual el corporativo radiofónico incursionó en televisión abierta con una barra informativa integrada por el columnista de La Jornada, Julio Hernández López "Astillero"; Ricardo Raphael, Álvaro Delgado, Alejandro Páez Varela y Vicente Serrano. 

La empresa de la familia Aguirre indicó que quedan por resolver otros nueve pleitos con el SAT y que el tiempo para finiquitarlos, a favor o en contra de sus intereses, será de entre seis y 24 meses cada uno, y con los efectos que esos resultados puedan traer para sus operaciones futuras.

"Si el juicio a García Luna busca un pez gordo, es Carlos Salinas de Gortari", dice la periodista Anabel Hernández

De acuerdo a la periodista Anabel Hernández, el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, sostenía reuniones con el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, incluso cuando trabajaba para el ex mandatario Felipe Calderón Hinojosa.

En entrevista en el programa “Los Periodistas”, transmitido por el canal de televisión La Octava, la periodista expuso que si el juicio de García Luna en Nueva York busca a un “pez gordo”, ese sería el ex presidente Carlos Salinas de Gortari y no Felipe Calderón.

De acuerdo con Hernández, quien dio detalles de su libro Los Señores del Narco, desde hace 10 años se tenían indicios de que García Luna trabajaba para el Cártel de Sinaloa.

“No se puede entender la protección a Joaquín Guzmán Loera, a Ismael Zambada, o al Vicentillo, sin la protección a García Luna. Esa es la llave secreta del proceso judicial que se está llevando a cabo en Nueva York contra Genaro García Luna. Una cosa está directamente ligada con la otra. Proteger a Genaro era proteger al cartel. Hubo titulares de la DEA que durante el sexenio De Vicente Fox y Felipe Calderón, eran parte del plan para proteger a García Luna y al Cártel de Sinaloa”, detalló.

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Anabel Hernández calificó como interesante saber si los acuerdos para proteger a García Luna, por parte de las autoridades estadounidenses, se terminaron.

La periodista añadió que la investigación contra el ex colaborador del CISEN empezó, al menos, en 2014. “Es un largo trayecto que agentes de la DEA llevaron a cabo para estar documentado todo el movimiento de dinero, de propiedades, estar retomando testimonios”.

Y que tomó mayor impulso cuando detuvieron, en Texas, a Iván Reyes Arzate, quien era colaborador de García Luna, ya que el ex comandante de la Policía Federal comenzó a soltar información relacionada con los sobornos que el ex Secretario de Seguridad Pública recibía por parte de los cárteles de la droga.

“Varios personajes de buen nivel están solicitando asesorías de abogados porque se están dando cuenta que el agua les está llegando a la nariz. Sí hay mucha gente que se siente en peligro por García Luna”, añadió.

Por otro lado, Hernández aseguró que Felipe Calderón sabía de las dudas que Genaro García Luna generaba en autoridades de seguridad de Estados Unidos.

Ejemplificó que fuentes le relataron una escena en la que un ex funcionario de seguridad de México aseguraba que García Luna había ocultado videos sobre el atentado contra integrantes de la DEA en Tres Marías, Morelos.

Detectan primer caso en EEUU del coronavirus que azota a China

Una persona que viajó desde China fue diagnosticada en Seattle con el coronavirus de Wuhan, dijo el martes un portavoz de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

El coronavirus, recientemente identificado, se originó en la ciudad china de Wuhan y se ha extendido a Pekín y Shanghai. Hasta ahora, más de 300 personas han sido infectadas y seis han muerto, según funcionarios de salud chinos.

Inicialmente, médicos chinos y la Organización Mundial de la Salud (OMS) primero indicaron que lo más probablemente era que se contrajera por el contacto con animales, pero ayer determinaron que se podía transmitir entre humanos si existían contactos estrechos. 

Este brote estaría vinculado a un mercado de Wuhan, dado que muchos pacientes eran vendedores o clientes habituales de ese lugar ubicado en una urbe donde se registraron 258 casos: 227 personas permanecen hospitalizadas, 51 se encuentran graves y 12 en estado crítico.

Medios locales indicaron que había 291 infectados en China hasta el 20 de enero y la gran mayoría se encontraban en la provincia de Hubei, pero también había afectados en Pekín o Shanghái y se detectaron algunos casos en personas procedentes de territorio chino en Japón, Tailandia, Corea del Sur y Estados Unidos.

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La neumonía atribuida al nuevo coronavirus no destaca por provocar síntomas especiales: los enfermos tienen fiebre, mientras que algunos sufren dificultades para respirar y sus radiografías muestran cambios en los pulmones. Esta enfermedad de origen vírico no se cura con antibióticos y su tratamiento es sintomático, sin enfocarse en la etiología del mal.

La OMS aún evalúa la gravedad de la situación y no recomienda que quienes viajen a China tomen medidas específicas y se pronuncia en contra de restringir las visitas a ese país asiático, con lo cual aún no se trata de una epidemia.

La semana pasada, los CDC estadounidenses comenzaron a evaluar a los viajeros de China en tres aeropuertos estadounidenses. Además del caso en Seattle, se han reportado otros en Corea del Sur, Tailandia y Japón. En tanto, Corea del Norte ha prohibido la entrada de extranjeros, por temor al contagio. 

"Estrategia para derrocar a Maduro ya está en marcha", admite Mike Pompeo

En una reciente entrevista con el canal de televisión Caracol, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo afirmó que su misión es que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se vaya y que haya elecciones en Venezuela.

Pompeo participó el pasado lunes en la III Cumbre Hemisférica contra el Terrorismo, que se llevó a cabo en Bogotá, Colombia, y que contó con la asistencia del diputado opositor venezolano Juan Guaidó, quien, pese a que aún se encuentra en funciones Nicolás Maduro, se autoproclamó presidente de Venezuela en enero del año pasado.

"Estamos en este proyecto que va a dar un resultado: Maduro se irá y la gente de Venezuela tendrá elecciones libres y justas", aseveró en la entrevista publicada en el medio colombiano.

El secretario de Estado estadounidense manifestó que su Gobierno, que no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela, se encuentra en conversaciones con "toda Sudamérica, Centroamérica, los países europeos y otros alrededor del mundo", con la finalidad de unir esfuerzos para deponer al mandatario venezolano.

En la Cumbre contra el Terrorismo, tanto el presidente colombiano, Iván Duque, como Pompeo coincidieron en que Caracas financiaba y daba albergue a grupos terroristas en su territorio.

Al ser consultado por la estrategia, considerada como un "fracaso" que estaría aplicando su país para deponer al mandatario venezolano, el jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que estaba en marcha.

"¿Sabe?, lo que yo escucho es que la estrategia está funcionando", dijo.

Pompeo ratificó que su país ha puesto "duras sanciones sobre el régimen haciéndoles más difícil que puedan hacerle daño al pueblo venezolano". Al respecto, el gobierno venezolano afirma que las medidas punitivas han afectado a la población. Maduro recientemente afirmó que el bloqueo de EE.UU. contra Venezuela ha generado pérdidas por el orden de los 40.000 millones de dólares.

En contraste el canciller venezolano, Jorge Arreaza, informó recientemente sobre un documento distribuido por las embajadas de EEUU en el mundo con la finalidad de coaccionar a sus gobiernos para que apoyen un Gobierno de transición en Venezuela a través de la Asamblea Nacional, de mayoría derechista y opositora.

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Las declaraciones de Pompeo provocaron la reacción de la canciller rusa, María Zájarova, quien declaró que Estados Unidos "nunca ha abandonado la táctica de injerencia en los asuntos de países soberanos y la política de cambio de regímenes".

En días pasados medios internacionales revelaron que, de acuerdo a un informe en el portal oficial de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), desde 2017 este organismo ha pagado 467 millones de dólares a los opositores del gobierno de Nicolás Maduro, bajo el esquema de asistencia humanitaria.

El documento expresa que tras un acuerdo firmado en octubre de 2019, la USAID ha comprometido 128 millones de dólares para “ayudar” al líder opositor Guaidó y también para la Asamblea Nacional con el objetivo del “desarrollo de planes para recuperar la economía e implementar servicios sociales durante una transición a la democracia". Asimismo la agencia estadounidense revela asignar dinero para “compensación, costos de viaje y otros gastos para algunos asesores técnicos de la Asamblea Nacional y la administración interina de Guaidó a través de fondos de asistencia”.

En el texto, la USAID subraya que no proporciona fondos directamente a los miembros electos de la AN venezolana y a los funcionarios de Juan Guaidó, aunque reconoce que se otorgan los fondos a organizaciones privadas a través de contratos, donaciones o acuerdos de cooperación.

El presidente venezolano Nicolás Maduro dijo que Mike Pompeo "es un hombre que se autoengaña, que vive de la mentira". Sin embargo hace una semana, en entrevista con el diario The Washington Post, Maduro dijo estar listo para un diálogo con Estados Unidos y "sugirió que una bonanza podría estar esperando a compañías petroleras estadounidenses" en Venezuela, si el presidente estadounidense Donald Trump levanta sanciones y reinicia relaciones entre ambos países.

En tanto, a pesar de que pesa sobre él una restricción para salir de su nación, el diputado Juan Guaidó se encuentra en una gira por diferentes países de América Latina y Europa, donde se ha entrevistado con el primer ministro británico, Boris Johnson y anuncia un próximo encuentro con la cancillería española.

El tema Juan Guaidó mantiene dividida a la comunidad internacional. Ha sido reconocido por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Parlamento Europeo​ y los gobiernos de países como: Bolivia (desde Jeanine Añez), Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Perú, Paraguay y Reino Unido. En cambio países como Nicaragua, Rusia, China, Irán y Turquía, no lo reconocen y mantienen su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro. Los gobiernos de México, Uruguay y Argentina han optado por una postura neutral.